Texto escrito por: Diego Alejandro Vargas Aguilar
La realidad nos ha demostrado que detrás de cualquier máscara puede haber un monstruo o un peligroso criminal. Esa desconfianza vigilante es comprensible y necesaria.
También vivimos en una sociedad donde la injusticia es el pan de cada día. La envidia, el rencor, el error o la sed de justicia rápida pueden ser el detonante de señalamientos falsos que destruyen vidas y arruinan proyectos enteros. Solo quienes hemos sufrido acusaciones infundadas sabemos que crear y distribuir un rumor o un señalamiento difamatorio cuesta muy poco.
En cambio, desvirtuarlo una vez que ya ha causado daño exige un esfuerzo emocional, económico y reputacional inmenso, muchas veces imposible de revertir por completo. Las calumnias dejan secuelas profundas y duraderas en la salud mental, las relaciones familiares y el futuro de las personas. Por lo general, las víctimas de estos señalamientos infundados no llevan sus casos a los tribunales, y por eso solemos subestimar el daño real y persistente que provocan.
La historia del norteamericano acusado falsamente de abusar de un menor de edad ilustra con claridad estas dos realidades: el deseo legítimo de hacer justicia y, al mismo tiempo, el alto grado de injusticia que se genera cuando se pretende justificar el escrache o el linchamiento negándole al acusado el derecho a un juicio justo y a una investigación imparcial.
¿Por qué es tan peligroso saltarse la presunción de inocencia?
Cuando un caso de posible abuso contra un niño o una mujer se vuelve viral, las redes se inundan de mensajes indignados que rechazan de plano el término “presunto”. “¿Por qué hablar de presunción si es verdad?”, “¿Por qué presumir la inocencia?”, “¡Debería haber cadena perpetua o incluso pena de muerte!”. Estos comentarios, comprensibles desde la emoción y el rechazo al delito, revelan una peligrosa confusión: equiparar la acusación con la condena y exigir que las instituciones actúen como si ya se hubiera probado la culpabilidad.
La presunción de inocencia no es un tecnicismo para proteger criminales. Es una garantía constitucional fundamental que protege a todos los ciudadanos. Significa que nadie puede ser tratado como culpable hasta que un juez, tras un proceso con pruebas, lo declare así. Su objetivo no es obstaculizar la justicia, sino impedir que el Estado (o la turba enardecida) condene a inocentes por error, por prejuicio, por presión social o por falta de pruebas.
Saltarse esta presunción tiene consecuencias graves:
- Se forma una turba enardecida que exige “justicia inmediata” y acusa a las instituciones de “proteger al criminal” cuando estas cumplen con su deber de investigar con rigor. Esto conlleva a un debilitamiento institucional con la consecuente desconfianza hacia las autoridades competentes.
- Se presiona para que la policía o la fiscalía actúen por rumor o por video viral ambiguo en lugar de por indicios y pruebas. Esto ocasiona posibles errores en los procedimientos que más adelante pueden favorecer a un verdadero criminal.
- Se normaliza el linchamiento digital y, en algunos casos, el físico, pasando por alto que una persona acusada sigue siendo ciudadana con derechos. Esto conlleva a que una víctima de denuncias falsas, aunque no tenga repercusiones penales, inevitablemente tendrá graves consecuencias a nivel laboral, académico o social.
- Se genera un ambiente donde las acusaciones falsas o erróneas encuentran terreno fértil, porque el debate público ya ha condenado al señalado antes de cualquier investigación. Esto incentiva la venganza y el uso de la difamación en ambientes laborales o políticos como mecanismo para sacar del camino a enemigos ideológicos o detractors.
En el caso del norteamericano, si las instituciones no hubieran respetado el debido proceso y hubieran cedido a la presión de las redes, hoy tendríamos tres niños sin su figura paterna y a una persona vilmente dañada o incluso asesinada por culpa de un rumor. Haberlo enviado a una cárcel, aunque fuera de manera preventiva, habría puesto en grave peligro su vida; en Colombia las personas privadas de la libertad suelen creer que su función es la de ser verdugos. No es la primera vez que ocurre algo así. La historia está llena de casos en los que la sed de justicia rápida terminó produciendo nuevas víctimas.
El daño real de las acusaciones falsas
Las denuncias infundadas no son un problema menor. Destruyen reputaciones, familias y proyectos de vida. Generan sufrimiento psicológico profundo, aislamiento social y pérdidas económicas. Muchas de estas víctimas nunca demandan porque el proceso judicial para limpiar su nombre es largo, costoso y revictimizante. Por eso, cuando celebramos o exigimos “justicia” sin pruebas, a veces estamos aplaudiendo la destrucción de un inocente.
¿Más penas extremas o instituciones fuertes?
Frente a estos casos, la reacción más común en redes es exigir penas más duras: cadena perpetua o pena de muerte. Sin embargo, en un país donde gran parte de la población no entiende bien qué es una prueba, un indicio o por qué importa la cadena de custodia, este populismo punitivo resulta peligroso. La solución no está en endurecer más las penas, sino en fortalecer las instituciones encargadas de investigar y judicializar. Necesitamos policías, fiscales, forenses y jueces mejor capacitados, con recursos y con independencia para hacer su trabajo sin ceder a la presión mediática o popular.
Necesitamos que las condenas ya existentes por crímenes contra niños y mujeres se cumplan de verdad, en lugar de quedarnos en discursos de endurecimiento que no resuelven la impunidad real. También necesitamos educar masivamente sobre la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo. Entender que estas garantías no protegen al culpable, sino que protegen a la sociedad de cometer errores irreversibles. Que una investigación seria y respetuosa de los derechos de todos es la mejor forma de lograr justicia verdadera, tanto para las víctimas reales como para los inocentes señalados injustamente.
El caso del norteamericano nos recuerda algo fundamental: la justicia no es la que grita más fuerte ni la que actúa más rápido. Es la que investiga con seriedad, protege a los vulnerables y respeta los derechos de todos, incluso cuando la presión social es enorme. Saltarnos la presunción de inocencia y el debido proceso no nos hace más justos. Nos hace más vulnerables a la injusticia.
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