La Secretaría del Hábitat de Bogotá ordenó la toma de posesión de los bienes, negocios y haberes de la constructora y proyectos el Roble S.A.S y los de sus representantes legales Yamil Alfonso Molina Buitrago y Juan de Jesús Molina Buitrago, por no cumplir con la entrega de viviendas del proyecto Edificio la Quinta P H, localizado en el barrio Santa María del Lago de la localidad de Engativá, a las 16 familias que invirtieron con la esperanza de tener vivienda propia.
Después de un largo proceso de seguimiento que realizó la subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda debido a las constantes quejas de las familias afectadas, la entidad encontró que la constructora no tenía registro enajenador o el llamado derecho de propiedad del inmueble. La empresa, sin embargo, ignoró la radicación de documentos del proyecto y no cumplió con los compromisos de escrituración para la entrega de los apartamentos a principios de 2021.
De acuerdo con la Secretaría del Hábitat, la comisión de este tipo de irregularidades configuraron las causales de intervención del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, con el fin de mantener el orden público y social, pero sobre todo para salvaguardar el patrimonio de quienes invirtieron sus recursos en el proyecto Quinta P H.
Con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, la entidad designó como agente especial a Herbert Giovanni Álvarez Cruz, quien de ahora en adelante administrará los bienes y negocios de la constructora Robles S.A.S y sus representantes legales conforme con lo establecido en la normatividad.
Sobre el tema, Vanessa Velasco, cabeza de la entidad distrital, manifestó que la prioridad es el respaldo que deben tener las familias afectadas. Con dicha intervención, la Secretaría está adoptando las acciones necesarias para proteger los intereses de los más vulnerables.
El proyecto inició en 2020 y debía entregarse un año después. Sin embargo, las 16 familias que invirtieron 2.000 millones de pesos siguen a la espera de la entrega de los 12 apartamentos y 4 apastaestudios. Además, el posible remate judicial de la edificación es una amenaza constante.
Según los compradores de los apartamentos, la edificación fue hipotecada en dos ocasiones por los representantes legales. La primera por 350 millones de pesos y la otra por 280 millones a personas naturales, sin previo aviso a sus propietarios. Actualmente, los responsables enfrentan otro proceso legal en la Fiscalía General de la Nación por presunta estafa.
Anuncios.
