Texto escrito por: Omar Orlando Tovar Troches
Las pasadas elecciones presidenciales de Colombia, en las que se enfrentaron los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, además del pulso entre dos candidaturas diametralmente diferentes, fue la manifestación más evidente de la fractura que divide la sociedad colombiana.
Los resultados numéricos de cada una de las propuestas políticas enfrentadas sirven para evidenciar la existencia de dos grandes visiones de la realidad. Por un lado, una que entiende el bienestar social, la colaboración comunitaria y la justicia como ejes irrenunciables del desarrollo; por el otro, una cosmovisión que exalta el individualismo, la acumulación sin límites y se acomoda sin rubor en todos los gobiernos que han concentrado la riqueza en una minoría mientras siembran dificultades para las mayorías.
Al hacer un primer examen de los resultados finales alcanzados por las candidaturas en competencia es posible afirmar que, el estrecho margen que dio la victoria a la ultraderecha no puede leerse como una derrota definitiva; debe interpretarse como la confirmación de que en Colombia coexisten dos países, en apariencia irreconciliables.
En este particular momento de la historia en el que los poderosos han demostrado cómo la manipulación mediática y la profunda infiltración de sus agentes políticos y judiciales en las instancias clave de decisión administrativa, judicial y electoral pueden lograr que grandes sectores de estratos medios y bajos de la sociedad se crean el relato de que ellos también hacen parte de una élite que impuso el “Todo Vale” y del “enemigo interno”, Colombia necesita más que nunca, una revolución ética, que tenga como punto de partida a los municipios, en un escenario político que esté lejos de las peligrosas alianzas que desdibujan el alma del cambio y la justicia social.
En las actuales sociedades, la única forma de evitar el abismo es plantear la ética como una brújula necesaria, demostrando, de paso, que el modelo que defiende De la Espriella no necesita cambiar actitudes mentales, se alimenta de las influencias corruptoras del deseo, la mala fe y el miedo. Sin embargo, frente a un gobierno de ultraderecha, absolutamente amoral, no basta la indignación, ya que, como Torralba lo advierte: la indignación, como respuesta natural a la injusticia, es estéril si no deviene compromiso.
En tal sentido, Cepeda advierte que la vida debe defenderse ante toda violencia y que la equidad social es un derecho fundamental, toda vez que la desigualdad se ensaña con los mismos de siempre. De igual manera, Cepeda continúa indicando que una propuesta de gobierno ético debe tener como principios fundamentales: el hecho de que las mujeres deben ocupar espacios decisorios y que la naturaleza es nuestra casa común.
Resulta claro que estos principios han sido verdaderamente transformadores solo cuando activaron el poder constituyente de la sociedad, cuando miles de organizaciones, lideresas, defensores del ambiente y del trabajo digno los movilizaron con desobediencia civil y compromiso democrático. Esa movilización ha sido la semilla de la revolución ética que se necesita en Colombia: un cambio que no solo repudie la deshumanización, sino que reencuentre el sentido profundo de nuestra humanidad compartida.
Para avanzar sobre lo avanzado se requiere una estrategia distinta: dejar de mirar exclusivamente el escenario nacional como campo de batalla inmediato y sembrar la revolución ética en el territorio más concreto, el municipio, de modo que, las elecciones locales sean la oportunidad de pasar de la resistencia a la construcción de pequeñas comunidades morales que, como señala Torralba, actúan como “reducto y salvaguarda de la ética en medio de los tiempos más convulsos”.
Las ciudadanías decentes han aprendido a distinguir entre la ética discursiva de cara a las elecciones y la ética coherente con todos los detalles, la que habla de derechos y deberes. Así, una izquierda que pacta con maquinarias corruptas para ganar alcaldías o gobernaciones está cavando su propia tumba moral.
Lo que se necesita no es un simple recambio de caras en el poder local, sino una transformación de la cultura política que, como dice Torralba, requiere un cambio de paradigma. Eso implica que los movimientos alternativos presenten candidaturas propias, orgánicamente vinculadas a las luchas del territorio, con programas de gobierno que hagan de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas el centro de la vida ciudadana.
Esa autonomía no es fundamentalismo, es fidelidad al principio más elemental de la revolución ética: el poder solo se transforma si se ejerce con virtudes permanentes, como un primer paso para construir una red de municipios en donde el poder del ciudadano, además de exigir transparencia, sea capaz de castigar la corrupción con su decisión diaria. Esos municipios no esperarían el permiso de Bogotá para construir paz territorial: serían comunidades morales que demuestran, en la práctica, que otra Colombia es posible.
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