¿Intervenir o no a Rappi?

Luego de las protestas de los rappitenderos, muchos han planteado la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo meta la cucharada. ¿Qué tan conveniente sería?

Por: Nicolás Osorio López
Julio 11, 2019
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¿Intervenir o no a Rappi?
Foto: Rappi

Colombia vive entre festivos, vacaciones, paros y huelgas. Honestamente es difícil entender cuándo se trabaja.

Esta afirmación aplica tanto para el Congreso de la República, la rama judicial y, para no criticar tanto al sector público, para algunas empresas del sector privado. Ahora bien, el pasado viernes 5 de julio se vivió una huelga en la startup más representativas de la economía naranja en Colombia: Rappi.

En esa fecha, la sede principal de Rappi en el norte de Bogotá presenció una huelga por parte de los rappitenderos en contra de la empresa. Al revisar los diferentes videos que andan circulando en redes sociales no es posible identificar un único motivo para esta manifestación de inconformismo.

En los videos aparecen diferentes testimonios por parte de los rappitenderos. Dicen algunos que la manifestación se debe a una inconformidad con la forma de reparto de los servicios. En otros casos se expresa que la manifestación se debe a la precaria situación laboral en que se encuentran los rappitenderos.

El solo hecho de que existan varias versiones sobre la inconformidad dice mucho sobre la gravedad real de esas situaciones. No digo que sean temas menores o que no sean importantes, pero resulta curioso que se reclame con la misma vehemencia mejores condiciones laborales y una forma diferente para el reparto de los servicios.

Lo pongo de presente, ya que en la noche del 5 de julio y en los días siguientes se escuchaban voces en los medios de comunicación y Twitter que le pedían al gobierno, y más específicamente al Ministerio del Trabajo, la intervención en Rappi. Especialmente para obligarlos a reconocer a los rappitenderos como empleados de la empresa y todas las implicaciones derivadas de esto.

Según lo define Rappi, los rappitenderos son proveedores independientes que no tienen ninguna relación laboral con Rappi. Esto se ve reforzado por el hecho que los rappitenderos deciden (sin ningún tipo de injerencia de Rappi) cuándo conectarse y cuánto tiempo conectarse. Desde la perspectiva de la empresa, cada rappitendero es su propio jefe y la aplicación es una herramienta para su trabajo.

Si bien la situación requiere ser esclarecida, en este espacio no pretendo presentar una posición al respecto. En estas letras, pretendo llamar la atención a aquellas voces intervencionistas que reclaman la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo, una norma del año 1950 y 1951, a un modelo de negocio basado en la economía colaborativa y el auge de las plataformas digitales.

Rappi comenzó operaciones en el 2015 y hasta la fecha lo único que ha realizado esta empresa es una cosa: crecer a un ritmo desenfrenado, extraño para cualquier empresa colombiana hasta la fecha. Paralelamente, debido a la novedad del servicio, el público es mucho más tolerante con aquellos problemas que se puedan presentar alrededor de la plataforma y del servicio, ya que se encuentran en un periodo de “luna de miel”. Ahora, en el 2019, los problemas que alguna vez fueron dejados a un lado por el rápido crecimiento de la empresa se convierten en el centro de discusión.

Considero que es un lugar común que estos problemas de la plataforma deben resolverse. No solo por el bien de los rappitenderos sino para que se continúe con el éxito de la plataforma. No obstante, es necesario reducir esos ánimos intervencionistas ya que, de lo contrario, pretendiendo hacer el bien con la intervención gubernamental se genere el cierre de Rappi.

Rappi es una empresa disruptiva que ha roto con las cifras normales para estas startups en diferentes indicadores. Esta empresa ha logrado implementar una nueva propuesta de negocio, según la filosofía de la empresa en sus escasos cuatro años de existencia. Una intervención en este momento por parte del Estado pondría en riesgo la existencia de esta empresa, ya que podría alterar de tal manera el modelo de negocio o la filosofía de la empresa que podría significar el cierre de dicha empresa. Las mejores soluciones no son aquellas que son impuestas por un tercero (llamémoslo en este caso Estado), sino que son aquellas que son generadas a través de un diálogo entre las partes involucradas.

Pienso que una lo correcto para solucionar este problema sería permitir que la solución provenga internamente de la empresa. El gobierno siempre podrá intervenir cuando lo considere necesario. Pero es muy difícil que una empresa emergente sobreviva una intervención estatal mal ejecutada.

 

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