Aunque su desafío es modernizar una ciudad que aspira a competir con las grandes capitales del mundo, la nueva administración distrital se encontrará con un Estatuto Orgánico de Bogotá que se ha quedado obsoleto para la realidad de los ciudadanos.
Dicho estatuto definió hace 25 años las 20 localidades que ya existían y desde entonces no se ha creado ninguna nueva. La diferencia es que Bogotá ya no tiene tres millones de habitantes, tiene más de siete millones doscientos mil. La densidad en la población de las actuales localidades es reflejo del mal crecimiento en la ciudad.
Por ejemplo, en un espacio de apenas 24 kilómetros cuadrados, la localidad de Bosa cuenta con 673.000 habitantes; mientras que Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, cuenta con 581.000 habitantes en más de 160 kilómetros cuadrados.
Otro ejemplo es Suba, que cuenta con 1.218.000 habitantes aproximadamente, superando incluso a la población de Barranquilla con un solo corredor vial para conectarse con el centro de la ciudad, el cual se ve frecuentemente colapsado, afectando así la movilidad de todos sus habitantes.
Entonces, la alcaldesa de Bogotá debe presentar ante el Concejo un proyecto de acuerdo que actualice el número y el límite de las localidades de Bogotá. La capital del país tiene megalocalidades como Engativá o Kennedy, y localidades muy pequeñas como Candelaria y Santa Fe. Es necesario unificar sectores poblacional, social y económicamente estratégicos y homogéneos en nuevas localidades que faciliten la planeación de los barrios y ordenar el crecimiento de la ciudad.
Para esto es necesario replantear el funcionamiento administrativo de la ciudad, formulando una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá que fortalezca la participación ciudadana en la planeación de la ciudad. Dicha reforma debe facilitar entre otras cosas la toma de decisiones como la movilidad, reduciendo el tiempo en trayectos cortos al interior de las localidades, y despejar así las grandes vías para largos desplazamientos.
La descentralización administrativa del distrito es el segundo gran desafíos. Se deben actualizar las funciones de los alcaldes locales para que se concentren en los verdaderos problemas de su sector y ser sobre todo articuladores entre las demandas comunitarias y las decisiones que toma la administración distrital, todas ellas asociadas a la participación ciudadana.
Al respecto, la administración del actual alcalde Enrique Peñalosa realizó convocatorias para la selección por mérito de los alcaldes locales, y así reducir la ineficiencia y el clientelismo. Sin embargo, es necesario que los futuros alcaldes locales también ingresen por mérito propio, fortalecer los requisitos y salarios es clave para atraer a los mejores profesionales de cada localidad al cargo.
Ahora bien, la experiencia del pasado nos enseña que las alcaldías locales necesitan un control político eficaz. Una revolucionaria modificación al Estatuto Orgánico de la ciudad sería darles a las juntas administradoras locales la facultad de ejercer control político que hoy no tienen, así como lo realizan el Congreso y el Concejo. Esta sería una extraordinaria facultad para que ediles, que son los representantes de la ciudadanía, puedan ejercer veeduría sobre los recursos y vigilar las decisiones que toma la administración local.
Cambiar el Estatuto Orgánico de Bogotá requiere que el Congreso apruebe una ley con las respectivas modificaciones. Actualmente hace curso en la Cámara de Representantes una iniciativa en ese sentido, sin embargo, este proyecto de ley no es nuevo pues se ha presentado en 35 oportunidades a lo largo de estos 25 años en las que el legislativo ha buscado hacerle modificaciones sin éxito.
Aun así, nunca antes se había tenido el buen ambiente político para avanzar en las modificaciones como el que se percibe ahora, toda vez que el proyecto fue radicado por los 18 representantes de Bogotá, todos de diferentes vertientes políticas que se han alineado en torno a esta iniciativa.
Dicha reforma contó con un año de preparación. Es el resultado de mesas técnicas con la Cámara de Comercio de Bogotá, Pro-Bogotá, 10 visitas a Juntas Administradoras Locales y la retroalimentación de la Alcaldía Mayor, la Veeduría Distrital, la Contraloría y la Personería de Bogotá.
Confiamos que su resultado atenderá los retos y desafíos de la ciudad para los próximos 50 años.
