Daniel Quintero, superintendente nacional de Salud, ordenó una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). El objetivo era obtener la documentación necesaria para realizar una auditoría integral de inspección y vigilancia sobre la administración de los recursos provenientes del monopolio rentístico de licores, destinados a financiar el sistema de salud.
Sin embargo, cuando los funcionarios de la Supersalud llegaron a la sede de la empresa, en Itagüí, el procedimiento tomó otro rumbo. Los directivos de la FLA se negaron a entregar la información requerida y a permitir el desarrollo de la auditoría. La compañía alegó que no existían garantías suficientes para adelantar la diligencia y argumentó un conflicto de intereses derivado de una supuesta enemistad política previa.
Otras cuentas pendientes
El presente lío judicial se suma a otros asuntos pendientes de Quintero con la justicia. El exalcalde de Medellín enfrentó varios escándalos en su administración, entre ellos sobresale el Caso de Aguas Vivas, donde habría una presunta modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de aumentar el valor de un lote de 2.700 millones a más de 48.000 millones de pesos en favor de particulares, generando un presunto detrimento patrimonial.
No obstante, en el caso aún no se ha determinado culpabilidad de Quintero. Además, la administración de Gutiérrez identificó más de 600 hallazgos de presunta corrupción y direccionamiento de recursos públicos que superan los 600.000 millones de pesos, involucrando a entidades como EPM y Metroparques.
Un nuevo lío judicial
Actualmente, la Fábrica de Licores de Antioquia atraviesa un proceso de transición administrativa tras la renuncia de Esteban Ramos, presentada en julio de 2026. La gerente designada es Martha Patricia Correa Taborda. En la junta directiva figuran, entre otros, Lina María Botero, Ricardo Mejía y Carlos Miguel Correa.
La empresa llega a este episodio después de registrar uno de los mejores desempeños de su historia. En los últimos años alcanzó ventas récord superiores a los 73 millones de botellas, impulsadas principalmente por el Aguardiente Antioqueño Tapa Verde. Su crecimiento ha estado respaldado por una estrategia de expansión hacia nuevos departamentos, el lanzamiento de nuevos productos y un modelo de gobierno corporativo que la administración considera determinante para esos resultados.
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Tras el cruce de posiciones, los funcionarios de la Supersalud abandonaron las instalaciones sin acceder a la documentación solicitada. La controversia terminó en los estrados judiciales. El pasado 22 de julio, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí ordenó suspender de manera transitoria, por 30 días, la auditoría e inspección promovidas por la Supersalud.
Además, le ordenó a la entidad rectificar su versión sobre una presunta negativa u obstrucción por parte de la FLA durante la diligencia. La decisión representa un nuevo revés para Daniel Quintero como superintendente de Salud, al imponer un límite temporal a las actuaciones de la Supersalud y fortalecer, por ahora, la posición jurídica de la Fábrica de Licores de Antioquia.
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