El derecho fundamental a la participación político-electoral
En todos los debates electorales se decide sobre del modo de vida que valoramos como deseable. Los procesos electorales en el fondo son la elección de un modelo de sociedad, de un conjunto de instituciones y de un sentido de justicia. Es por eso que la participación política electoral se considera un derecho fundamental, es decir, que pertenece a todas las personas por su dignidad de ser humano y que se ejerce en condiciones de igualdad.
El ejercicio de los derechos fundamentales exige el desarrollo de las capacidades humanas. Las capacidades que pueden ser individuales o colectivas, expresan la libertad o las oportunidades reales con que cuenta una persona para llevar el tipo de vida que considera valiosa, en ejercicio de la autodeterminación: "La capacidad es un tipo de libertad, la libertad fundamental para conseguir distintas combinaciones de funciones (o en términos menos formales, la libertad para lograr diferentes estilos de vida” (Sen, 2000, pág. 98).
En este sentido, el ejercicio del derecho fundamental de la participación política exige que la ciudadanía desarrolle las capacidades políticas: Martha Nussbaun, en su “enfoque de las capacidades”, elabora una lista de 10 capacidades básicas de las cuales la número 10 es la siguiente: “10. Control sobre el propio entorno. A) Político. Poder participar de forma efectiva en las decisiones política que gobiernan nuestra vida; tener derecho a la participación política y a la libertad de expresión y asociación” (Nussbaum, 2019, pág. 270)
En resumen el ejercicio del derecho fundamental a decidir sobre el tipo de sociedad y vida que deseamos vivir, está determinado por las capacidades políticas. Estas capacidades se concretan en el voto en los procesos electorales y sus características en los regímenes democráticos son: el voto ilustrado, libre y consciente.
Voto ilustrado se refiere la calidad, oportunidad y suficiencia de la información para la toma de decisiones. La ilustración es el proceso mediante el cual la información se recibe, confronta, contextualiza y se utiliza en el proceso de toma de decisiones. Esta información se refiere a las propuestas de los candidatos, los antecedentes, las implicaciones técnicas y legales.
El proceso de ilustración se ve seriamente amenazado por:
- El auge de las redes sociales, que por un lado, permiten la expresión libre de la ciudadanía y rompen el monopolio de los grandes medios de comunicación, pero al mismo tiempo implican el riesgo de difundir información de mala calidad, incompleta, descontextualizada o mal intencionada: las fake news, mensajes de odio, campañas de desprestigio basadas en mentiras, teorías conspirativas como la campaña por el no el plebiscito de la paz, campaña de Trump a la reelección presidencial o el QAnon[1].
- Las narrativas seudocientíficas que crean categorías y califican de manera contra evidente los hechos y actores como el castrochavismo, el neo comunísimo, el neo populismo, entre otras.
- Las narrativas inspiradas en creencias y que manipulan la espiritualidad humana para obtener resultados políticos, tanto de las iglesias como de otros actores sociales.
Voto libre se refiere a capacidad real de la ciudadanía para tomar decisiones autónomas, sin presiones. Esta libertad implica la capacidad de tener un sentido de justicia, libertad de pensamiento y la libertad de asociación (Rawls, 2011). Esta capacidad se ve afectada por:
- Las instituciones formales como el Estado, la iglesia y la escuela, que promueven prácticas políticas clientelares atadas a las tradicionales formas de la actividad política.
- Las instituciones informales como las relaciones familiares, la compra de votos, el clientelismo, que promueven y reproducen prácticas sociales que limitan la libertad de elección.
- La pobreza y la insatisfacción de las necesidades básicas de la población, facilitan que mediante pequeños estímulos económicos se coarte la libertad de la ciudadanía (compra de votos).
- La violencia y el accionar de grupos armados con motivaciones políticas o criminales, que ejercen presión directa sobre los líderes y lideresas y sobre la ciudadanía mediante amenazas o en el llamado voto armado.
Voto consciente o responsable, entendida como el reconocimiento de los efectos, políticos, económicos y sociales que mis decisiones pueden ocasionar en la sociedad y frente a mi propia situación o proyecto de vida. Por múltiple razones la ciudadanía no logra comprender la importancia y trascendencia de la decisión que toma en cada elección, no logra dimensional las consecuencias de sus decisiones políticas ni articularlas con su proyecto de vida, de tal suerte que un pequeño beneficio económico es suficiente estímulo para tomar una decisión que le va a determinar su futuro.
El fraude electoral
El fraude electoral es una violación al derecho fundamental de la participación político electoral. En concreto se entiende como todas las acciones legales e ilegales tendientes a alterar la legítima decisión ciudadana. Son múltiples los tipos y formas de fraude, que se pueden clasificar en tres momentos:
- Antes del proceso electoral: 1) la compra del voto bien sea con dinero, en especie o con promesas de beneficios como puestos o contratos. 2) coacción física, mediante amenazas, propaganda armada. Las redes de cooptación, traslado y pago de votantes se activa meses antes del día de elecciones y son ampliamente reconocidas por las comunidades.
- Durante el día de elecciones: con múltiples formas de alteración del voto y de las urnas de votación: cambiazo, carrusel, alteración de actas, anulación fraudulenta de votos, constreñimiento, entre otras. En este proceso es fundamental la participación de los testigos electorales y los jurados de mesa de votación.
- Posterior al día de elecciones: ocurre en los conteos de mesas, escrutinios y en la alteración del software utilizado para este proceso.
El fraude electoral es tema de permanente discusión en la sociedad colombiana. En los procesos electorales del 2018 el gran protagonista fue la compra de votos: escándalos como el de Aida Merlano o María Fernanda Cabal con evidencias e inclusos órdenes de detención hacia ellas o sus equipos, o las conversaciones que se conocieron entre el alias el Ñeñe Hernández, vinculado a los carteles del narcotráfico, y alias la Caya, asesora y mano derecha del expresidente Uribe en donde coordinaban la financiación para la compra de votos en La Guajira.
El fraude electoral, en particular la compra de votos, se volvió una práctica recurrente en la sociedad. Se realiza a partir de un conjunto de reglas informales, como un valor, unos roles específicos, un compromiso de silencio y para el cual se ha creado toda una organización e infraestructura con criterio territorial y funcional: desde el mochilero o encargado de cuadra hasta los grandes negociantes de votos, pasando por los transportadores, informantes, testigos lectorales, etc. En resumen, se puede afirmar que esta práctica está institucionalizada, es decir, la compra de votos en Colombia es una institución.
Para mejor ilustración se puede recordar las declaraciones del senador Roberto Gerlein, once veces elegido para el Senado de la República y con más de 40 años de ejercicio político, quien manifestó frente a las denuncias de fraude electoral del candidato a la presidencia Gustavo Petro: “Petro tiene razón, en la costa hay que comprar votos” y “la compra de votos es un asunto cultural que se practica en todo el país y no solo en la costa atlántica”[2].
Finalmente no se puede olvidas que así esté institucionalizado o se considere una práctica cultural, el fraude electoral y su modalidad de compra de votos es una violación a un derecho fundamental.
El proceso electoral de 2002
En 2022 se enfrentan el naciente voto limpio, ilustrado libre y consciente de las nuevas ciudadanías contra el fraude electoral de los clanes mafiosos de la política tradicional colombiana.
En las últimas décadas hemos sido testigos de una gran transformación en los procesos políticos. La revolución de la hipercomunicación, el avance de la globalización, el ascenso de las redes sociales y la difusión de las teorías del pensamiento complejo, entre otras, generan nuevas oportunidades e interacciones sociales. Al mismo tiempo, se produce un cambio en el marco ético de las sociedades: la protección de la vida y su ambiente se convierten en los valores principales de las nuevas generaciones.
Este cambio de prioridad ética, sumado a las luchas por el reconocimiento de los sectores tradicionalmente excluidos, conduce el surgimiento de las nuevas ciudadanías en el escenario político. Mujeres, jóvenes, negros, indígenas, minorías sexuales irrumpen y transforman la agenda pública y mediática. Las nuevas fuerzas emergen en el mapa político, con sus diferentes intereses, múltiples maneras de organización y de acción: feminismos, ecologismos, partidos, movimientos de orientación religiosa, progresismos, liberalismos, conservadurismos, son los protagonistas del proceso político, dejando atrás los enfoques dicotómicos izquierda-derecha,
En el mundo entero se evidencian movilizaciones sociales de todo tipo; las ciudadanías salen a la calle a reclamar sus derechos con precarias, pero eficientes formas organizativas. En Colombia surge con mucha fuerza el movimiento estudiantil, las causas ambientales como la defensa del páramo de Santurbán, el paro agrario, la minga indígena y luego el paro nacional. Sin embargo, estos movimientos sociales no tienen todavía una expresión electoral organizada y aunque promueven la participación, se dispersan en medio de los partidos formales.
De otra parte, se encuentran los clanes políticos asociados a gamonales regionales o familias que han sido hegemónicas en el control de la actividad política y económica. Los Cotes, Char, Gnneco, Díaz Granados, Amín, entre otros [3]. Estas organizaciones políticas han construido los sistemas que les permiten mantenerse en el poder a través de múltiples formas de fraude electoral y constreñimiento al elector.
Pues bien, estos dos grandes sectores sociales se disputan el poder político en el 2022 en Colombia: las nuevas ciudadanías que logran gigantescas movilizaciones y paralizan el país, pero que tienen el reto de ser eficientes en el terreno electoral contra los clanes de las mafias políticas que cuentan con la infraestructura, la experiencia y los recursos para poner en operación nuevamente sus maquinarias, pero que ya están identificados y son fácilmente denunciables.
Bibliografía
Nussbaum, M. (2019). La monarquía del miedo. Bogotá: Planeta.
Rawls, J. (2011). Liberalismo político. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta.
[1] QAnon o Q: (abreviación de Q-Anónimo) teoría de la conspiración creada por la extrema derecha estadounidense que supone una trama secreta organizada por un supuesto "Estado profundo" contra Donald Trump y sus seguidores. [2] Petro tiene razón, en la costa hay que comprar votos, yo nunca compré: Roberto Gerlein [3] Cómo el clan Char y otros 18 mandan en la política colombiana
