Texto escrito por: Carlos Eduardo Lagos Campos
En las horas previas a la segunda vuelta presidencial, Colombia ha sido escenario de un fenómeno poco habitual: autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil, académicos, líderes de opinión e instituciones de distintas orientaciones han coincidido en un mensaje que, aunque formulado con matices diferentes, converge en un mismo núcleo. Reconocer los resultados electorales, tramitar cualquier inconformidad por los mecanismos institucionales y preservar la estabilidad democrática se han convertido en el denominador común de un amplio consenso nacional.
Sin embargo, sería un error interpretar esa coincidencia como un simple llamado a la calma. En realidad, revela algo mucho más profundo: la democracia no depende únicamente de contar correctamente los votos, sino de administrar adecuadamente el poder antes, durante y, sobre todo, después de las elecciones. El verdadero desafío no comienza cuando se cierran las urnas; comienza cuando alguien gana y alguien pierde.
Nuestro análisis comparado de los primeros pronunciamientos públicos —entre ellos los del registrador nacional Hernán Penagos, el manifiesto suscrito por los profesores Eduardo Pizarro y José Antonio Ocampo junto con decenas de académicos y ciudadanos, así como los comunicados de la Misión de Observación Electoral (MOE), Dejusticia, Transparencia por Colombia, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame y el Centro de Pensamiento Libre— permite identificar un consenso cuya importancia trasciende cualquier candidatura. El elemento más reiterado no es la defensa de un candidato ni la descalificación del contrario. Es la defensa de las reglas constitucionales que permiten que el conflicto político continúe sin convertirse en confrontación institucional.
Esa coincidencia merece una reflexión adicional. Con frecuencia se afirma que la estabilidad democrática depende de que los perdedores acepten la derrota. La afirmación contiene parte de la verdad, pero deja fuera una condición igualmente decisiva. La aceptación de los resultados solo es sostenible cuando el vencedor comprende que ganar una elección no equivale a recibir un mandato ilimitado para ocupar todas las instituciones, excluir a la oposición o convertir el aparato estatal en un instrumento de recompensa para los propios y de castigo para los adversarios. En otras palabras, aceptar la derrota resulta mucho más probable cuando perder no significa desaparecer políticamente.
Por eso, el verdadero pacto democrático no consiste únicamente en respetar el resultado electoral. Consiste en garantizar que la alternancia siga siendo posible. Las democracias no fracasan solamente cuando se desconoce el escrutinio; también comienzan a deteriorarse cuando la victoria se interpreta como autorización para debilitar los contrapesos institucionales, intimidar a los organismos de control o convertir la legitimidad electoral en una fuente de poder sin límites.
Desde esta perspectiva, el ganador adquiere una responsabilidad que trasciende el triunfo mismo. Su primer deber no es celebrar la victoria, sino demostrar que gobernará dentro del marco constitucional. Debe respetar la independencia de las altas cortes, los organismos de control, el Congreso y las autoridades electorales; garantizar los derechos de quienes votaron por la opción derrotada; rechazar cualquier forma de persecución política, administrativa o judicial; y ejercer la jefatura suprema de las Fuerzas Militares y de Policía conforme al mandato constitucional, recordando que estas instituciones sirven a la Nación y al Estado de Derecho, no al proyecto político del gobierno de turno.
Del mismo modo, quien no resulte elegido enfrenta una responsabilidad igualmente trascendental. Impugnar una elección sin pruebas sólidas erosiona la confianza pública y alimenta dinámicas que terminan debilitando a todos los actores, incluidos quienes inicialmente las promueven. La Constitución ofrece mecanismos de reclamación, escrutinio y control judicial precisamente para canalizar las controversias sin trasladarlas a las calles mediante narrativas de fraude no demostradas. La fortaleza de una democracia no consiste en eliminar los desacuerdos, sino en ofrecer procedimientos legítimos para resolverlos.
Las Fuerzas Militares y la Policía ocupan, a su vez, un lugar singular dentro de este equilibrio. Su misión constitucional no es arbitrar la disputa política ni respaldar al vencedor. Su deber consiste en garantizar el orden constitucional, proteger los derechos de todos los ciudadanos y asegurar que las instituciones funcionen con independencia de las preferencias electorales de quienes ocupan transitoriamente el poder. La subordinación al orden jurídico constituye precisamente una de las mayores fortalezas de una democracia constitucional.
No menos importante es el papel de la ciudadanía. Con frecuencia se piensa que el deber democrático termina al depositar el voto. En realidad, allí apenas comienza. La responsabilidad cívica exige aceptar que la decisión mayoritaria, expresada mediante los procedimientos previstos por la Constitución, constituye la base de la legitimidad democrática mientras no sea desvirtuada por los mecanismos legales establecidos. Ello no implica renunciar a la crítica ni al control ciudadano; significa comprender que la oposición democrática y la vigilancia al poder encuentran su mayor fortaleza cuando se ejercen dentro del Estado de Derecho y no contra él.
El consenso que hoy emerge desde sectores tan diversos no debe interpretarse como un gesto protocolario propio de cada elección. Constituye una advertencia sobre la fragilidad de las democracias contemporáneas, donde la desinformación, la aceleración de las redes sociales y la creciente personalización del poder pueden convertir cualquier diferencia electoral en una crisis institucional. La confianza pública no se preserva mediante discursos tranquilizadores, sino mediante comportamientos responsables de todos los actores involucrados.
Quizá la verdadera madurez democrática de un país no pueda medirse por la tranquilidad con la que celebra sus victorias electorales, sino por la serenidad con la que administra sus derrotas. Porque las elecciones solo distribuyen temporalmente el poder; las instituciones son las que garantizan que ese poder permanezca sometido a límites. Cuando una sociedad comprende esa diferencia, descubre que el verdadero pacto democrático no consiste en decidir quién gobierna durante los próximos cuatro años, sino en asegurar que, dentro de cuatro años, todos puedan volver a elegir en libertad.
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