Texto escrito por: Carlos Alberto Agudelo Arcila
El próximo domingo, Colombia enfrenta una encrucijada decisiva: optar por la vida o reabrir sendas ligadas a la guerra y la muerte. No se trata de un simple relevo de poder, sino de una elección capaz de definir el rumbo de un país aún atravesado por heridas del pasado, una desigualdad estructural y conflictos imposibles de resolver en apenas cuatro años de gobierno.
A mi juicio, Abelardo de la Espriella no proyecta la estatura moral, estratégica y comunicativa indispensable para conducir el Estado en medio de una crisis. Su discurso, con frecuencia exaltado y beligerante, privilegia la reacción inmediata sobre la reflexión de largo alcance. En sus intervenciones públicas percibo más estridencia verbal que capacidad de persuasión; más impulso retórico que una visión de Estado capaz de asumir decisiones complejas orientadas al bienestar colectivo.
Allí no emerge un liderazgo cimentado sobre sensatez ni vocación de acuerdo, sino un personaje moldeado desde las dinámicas del marketing político: una presencia diseñada para la confrontación, nutrida por los excesos emocionales de una época donde el espectáculo mediático suele imponerse al discernimiento público. Cuando la política termina reducida al ruido, la sociedad queda atrapada entre consignas y antagonismos estériles.
El fenómeno no resulta ajeno a América Latina. El caso argentino ofrece un antecedente revelador: durante el ascenso presidencial de Javier Milei, medios como La Nación y otros espacios afines contribuyeron a legitimar una retórica fundada en la discordia y respaldaron, mediante editoriales, aspectos centrales de la agenda libertaria.
Colombia no necesita dirigentes movidos por la exaltación permanente ni por narrativas de odio. Requiere serenidad histórica, capacidad de diálogo y altura para comprender el peso del pasado sin condenar al tejido social a repetirlo. La memoria de la guerra todavía gravita sobre la conciencia nacional. Ignorarla equivale a caminar hacia el porvenir con los ojos vendados, mientras el abismo acompaña cada paso.
Entre las propuestas anunciadas por Abelardo de la Espriella figuran el despido de 700.000 empleados del sector público, la privatización de entidades y filiales como el Banco Agrario, Satena y activos de Ecopetrol, además de una reestructuración con impacto sobre áreas esenciales como la educación y la salud. A ello se suman la eliminación de organismos estratégicos —caso de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el INPEC, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la ESAP y la ANLA—, junto con la supresión de trece de los diecinueve ministerios actuales y de buena parte de las superintendencias. De ese conjunto se desprende una concepción estatal desligada de las complejidades institucionales colombianas.
Más que una propuesta de reorganización administrativa, se advierte una apuesta de desmantelamiento estatal apoyada en fórmulas de choque cuya aplicación podría debilitar capacidades esenciales de protección social, control institucional y respuesta pública. Una ciudadanía atravesada por profundas desigualdades no parece requerir un Estado reducido a su mínima expresión ni sometido a administradores convertidos en árbitros excluyentes del interés económico colectivo.
Este breve contexto político permite advertir el riesgo de entregar el rumbo de Colombia a la voluntad desmesurada de un hombre como Abelardo de la Espriella. La historia reciente ofrece suficientes ejemplos de cómo ciertos falsos redentores encumbrados por el fervor colectivo terminan por erosionar instituciones, minar los contrapesos democráticos y abrir profundas grietas colectivas.
Colombia ya conoce el precio de la confrontación elevada a destino político. La memoria de la guerra no existe para alimentar resentimientos ni incubar nuevos odios, sino para impedir que la barbarie regrese vestida de salvación.
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