El paradigma del empleo decente, una verdadera tragedia en Colombia

A propósito del progresivo deterioro en las condiciones de inserción y vinculación al mundo laboral que sufren numerosas personas en el país

Por: Juan Pablo García
octubre 15, 2019
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El paradigma del empleo decente, una verdadera tragedia en Colombia
Foto: Pixabay

Según la OIT el trabajo decente se caracteriza por perseguir cuatro objetivos fundamentales:

  • Derechos fundamentales en el trabajo.
  • Oportunidades de empleo que reúnan condiciones laborales acatando las leyes.
  • Aseguramiento a la protección social.
  • Diálogo social.

Estos objetivos a su vez se orientan al logro de metas precisas como son “la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal”¹.

Cada uno de los objetivos estratégicos supone una serie de indicadores. En el caso de oportunidades de empleo hace referencia al acceso del trabajador a empleos que garanticen ciertas condiciones de libertad y no discriminación, así como una remuneración suficiente para asegurar que el trabajador/a satisfaga sus necesidades básicas.

En Colombia parece ser que las condiciones de articulación al mundo de trabajo de numerosos sectores de la población en un marco de condiciones caracterizado por la estabilidad en la contratación, el derecho de asociación, la libertad de expresión y salarios justos; ha entrado en abierta contradicción con los postulados definidos por la OIT, respecto al trabajo digno y decente, Veamos las razones:

De acuerdo a la investigación ejecutada por la Universidad Nacional de Colombia acerca del panorama laboral publicada en julio 30 de 2018, se evidencia que de los 1.800.000 ocupados nuevos ocupados en el primer cuatrimestre entre 2010 y 2018, más de 500 mil fueron trabajadores por cuenta propia, esto es personas que trabajan con sus propios medios, que no contratan y no son contratados. Además, el 25 % de los nuevos asalariados no accedió a derechos laborales en su empleo, en cuanto a garantías de afiliación a la seguridad social y beneficios por concepto de factores prestacionales definidos por ley.

Si bien el balance en materia de empleo vinculado con los nuevos puestos de trabajo generó un impacto positivo en la dinámica de la inserción laboral entre el 2014 y 2018 que se reflejó en una reducción de  la tasa de desempleo en un 13 % y la informalidad en 11 %; lo cierto es que los alcances de este resultado, evidencia limitadas mejoras en los indicadores porque la informalidad siguió siendo alta y el desempleo urbano se ubicó por encima del 11 %.

De otro lado la dinámica de la empleabilidad por ramas de actividad económica en los sectores de manufactura, construcción, comercio y servicios en las 23 principales ciudades de Colombia evidencia que entre el período 2014 y 2018 se presentó un leve incremento en la tasa de ocupación en esos sectores así: Construcción 2,8%, comercio 2,5% y servicios 7,0%, siendo este último el sector más dinámico en la generación de empleos, la manufactura por su parte registró una contracción negativa en la tasa de ocupación equivalente al -0,4% .

Este panorama de bajas tasas de empleabilidad en el país tuvo su explicación en la reducción en el precio internacional del petróleo y la ausencia de políticas sociales efectivas por parte del Estado que permitieran apalancar el relativo estancamiento económico que experimentaron los diferentes sectores productivos.

En materia de informalidad laboral medida por el  acceso a los tres sistemas básicos: salud, pensión y riesgos laborales, presentó una muy leve disminución (menos de un punto) al pasar de 66,7% en 2016 a 65,9% en 2017. En otras palabras, cerca de 14.750.000 ocupados siguen excluidos de estos sistemas. Por sexo, la tasa de informalidad de los hombres fue de 66,0% y la de las mujeres se ubicó en 65,8%.

Por ramas de actividad económica los sectores productivos que presentaron las más altas tasas de informalidad fueron los siguientes: construcción (74,1%); comercio, hoteles y restaurantes (78,2%) y agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura (con un alarmante 90,7%). Las menores tasas de informalidad están en los sectores de electricidad, gas y agua (8,3%), las actividades financieras (17,5%) y los servicios comunales (44,5%). De modo que la informalidad laboral en el consolidado nacional solo se redujo en 0,8% al pasar del 66,7% en el 2016 a 65,9% en 2017.

Tomando en consideración el fenómeno de la informalidad según el nivel educativo se encuentra que las personas ocupadas con educación básica primaria alcanzaron una tasa del 89,0%; en el segmento poblacional con educación básica secundaria fue del 82,1%, los ocupados con educación media del 62,4% y los trabajadores con educación superior o universitaria presentaron una tasa de informalidad de 36,7%. Lo anterior permite deducir que el segmento poblacional que no estudia está irremediablemente condenado a ocuparse en el sector informal y recibir menos ingresos laborales y altos riesgos de desprotección de sus derechos laborales básicos.

En la población joven, las tasas de desempleo son representativas si se tiene en cuenta que afecta especialmente a aquellos segmentos de población denominados Ninis (jóvenes que Ni trabajan Ni estudian) la que se ubicó en un 20,8% en 2017, afectando aproximadamente a  2.550.000 jóvenes en edad de trabajar. Por sexo, la tasa de hombres Ninis fue de 12,0%, y la de las mujeres escaló a 29,7%. Es decir, la situación de exclusión laboral de las mujeres además se agrava por su condición joven, de escasa formación, por menores ingresos. La dramática situación de las y los jóvenes al verse en condiciones de exclusión en cuanto al acceso a la educación y de inserción en el mundo del trabajo, plantea una condición de marginación social y productiva que afecta y vulnera derechos fundamentales, denotando un panorama especialmente trágico para el país.

En otro contexto, cuando los jóvenes logran la inserción al mercado laboral una vez completado su ciclo de formación técnica en Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, lo hacen a través de modalidades de contratación especiales como convenios de práctica o contratos de aprendizaje (ley 789 de 2002), lo que no garantiza necesariamente su vinculación contractual posterior en la empresa, de modo que el círculo del desempleo de nuevo los acompaña, y finalmente terminan vinculándose en el mercado de la informalidad laboral, en el cual se estima que 6 de cada 10 jóvenes se ven obligados a aceptar empleos en condiciones precarias, con bajos salarios y sin la garantía de protección ni derechos laborales.

Finalmente a mi manera ver, las medidas de choque asociadas a la generación de empleo por horas a la población colombiana (especialmente joven), no generan un mayor dinamismo del empleo formal, mientras subsistan las condiciones propias de rigidez en el lento crecimiento de la economía por ramas de actividad productiva, pues así lo demuestran ciertos indicadores, por ejemplo, el PIB por habitante en los últimos dos años fue negativo, la inversión privada se redujo drásticamente y la tasa de desempleo alcanzó niveles alarmantes, al tiempo que se deterioró notoriamente la calidad del empleo.

El resultado neto de estas medidas de choque cuya intencionalidad es la generación de empleos vía reducción de los salarios y abaratamiento de los costos no transaccionales para los empresarios, conlleva a una mayor precarización laboral entendida como el proceso continuo y dinámico que degrada y pauperiza las condiciones del trabajo y el empleo, obstaculizando la obtención de ingresos, la protección social, mejor calidad de vida e incluso la negación de derechos fundamentales como ciudadano.

El debate acerca de la generación de empleos decentes enfrenta contradictoriamente a los empresarios y centrales obreras, para los primeros urge la necesidad de una nueva reforma laboral que flexibilice las condiciones de inserción de la población económicamente activa, vía reducción de costos laborales, argumentan que por cada millón de pesos de salario mensual deben destinar 560.000 adicionales para cubrir las obligaciones laborales. Por otra parte los sindicatos que representan a los trabajadores, consideran que si bien algunas empresas ya no hacen las contribuciones parafiscales al SENA, ICBF y salud (Ley 1607 de 2012 que desmontó en 13,5% los costos no salariales), esto no se ha traducido en un aumento estructural en los niveles de empleo con todas las garantías laborales establecidas por ley.

Una conclusión parcial acerca de la imposibilidad objetiva del empleo decente en Colombia nos obliga a considerar que la situación actual de altas tasas de desempleo e informalidad presentes en la economía colombiana son el producto de las reformas estructurales implementadas en las décadas de los 80 y los 90 debido a las exigencias y recetas que los monopolios internacionales impusieron a través de la globalización mediante la implantación de una serie de medidas asociadas a la liberación y desregulación de los sistemas financieros, la privatización de empresas del sector público, reformas tributarias, flexibilización y desregulación laboral que limitaron ostensiblemente el papel del Estado en la economía. La intencionalidad final de este conjunto de reformas en el ámbito laboral se tradujo en una mayor tercerización y subcontratación a todo nivel, lo que históricamente representó para los empresarios la reducción en sus costos salariales (supresión de horas extras, negociación flexible de jornadas de trabajo y pago en tiempo del trabajo suplementario), despido por justas causas, así como una política conservadora del salario mínimo y reducción del empleo público.

¹ Somavía, J. 2014. El trabajo decente. Una lucha por la dignidad humana. 

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