En la última encuesta de Invamer, la Fuerza Pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentran entre las instituciones con mayor confianza por parte de los ciudadanos, con 81% las FF.MM., 69 % la Policía Nacional y 71 % la Registraduría. Y no es solo un asunto de percepción, existen sobradas y demostradas razones para depositarles todo nuestro respaldo, ahora más que nunca, cuando se avecina, quizá, el más complejo y gran desafío de los últimos tiempos. Tienen la difícil tarea, de garantizar la transparencia e integridad de los comicios, este 21 de junio.
La actitud democrática de las autoridades no tiene discusión, somos testigos de excepción, cada día, solo nos dan muestras de su incansable abnegación y suficientes garantías del impecable y efectivo ejercicio para enfrentar los más serios desafíos de la nación. No es justo, ni siquiera, imaginarse un nefasto escenario, en el Puesto de Mando Unificado PMU de la Fuerza Pública, con el Ministro de Defensa y los Comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en el que se impartan órdenes contrarias a la Constitución y a la ley, a más de 300 Comandantes responsables del dispositivo electoral en los territorios. O peor aún, asumiendo posiciones a favor o en contra de un candidato. O cumpliendo instrucciones inconstitucionales o ilegales, del Primer Mandatario, como se ha intentado en sendas ocasiones. En Colombia, hoy, no hay lugar, para que se repita un “Bogotazo”.
Para este 21 de Junio, el reto para las autoridades, no es menor, es histórico, realmente crítico y se concentra, esencialmente, en dos frentes. El primero, en el que deberán asegurarse, de que los grupos al margen de la ley en los 376 municipios catalogados con riesgo electoral extremo, alto y medio, por la Defensoría del Pueblo, no volverán a someter a los votantes a la violencia, la intimidación y el constreñimiento, como ocurrió en la primera vuelta. En esta oportunidad, se registraron 660 denuncias, sustentadas en vías de hecho en más de 106 puestos de votación rural, particularmente en el Pacífico, precisamente, en algunos donde el candidato Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos. También, en otros lugares, según las indagaciones, donde los grupos criminales, con fusil en mano, arrebataron las cédulas a los electores, obligando a los jurados a diligenciar las planillas, marcando y depositando los votos en las urnas, a favor del candidato del Pacto Histórico.
El segundo reto para las autoridades, el cual, paradójicamente, viene siendo anunciado y fraguado públicamente, por el mismo presidente de la República, será el de prever, todas las contingencias, para garantizar la transparencia, seguridad y normalidad de los escrutinios, en los 13.489 puestos de votación. Ya el ministro de Defensa vaticinó la posibilidad de que se registren disturbios, en reacción a los resultados electorales, por lo que, la inteligencia, el dispositivo electoral y los planes operacionales de la Fuerza Pública, deberán estar a la altura y a la vanguardia de semejante riesgo, de tal manera que sea efectiva la prevención, contención y neutralización de las amenazas, ante el posible desarrollo de un caos sostenido y generalizado que pueda afectar la infraestructura electoral y alterar el orden público.
El presidente de la República no ha escatimado palabras para desacreditar el sistema electoral
El presidente de la República no ha escatimado palabras para desacreditar el sistema electoral, advirtiendo de manera irresponsable y sin evidencia, fraudes y desconocimiento anticipado de los resultados. Aún no ha aceptado los escrutinios del 31 de Mayo, para citar un ejemplo. Constantemente utiliza la plaza pública y sus redes sociales, para avivar a sus simpatizantes, incitando a denunciar fraudes, donde no los hay, y a que se vuelquen a las calles y se manifiesten, claro, como suelen hacerlo, acudiendo a la violencia, en caso de que su candidato, no logre ser elegido.
No solo las autoridades, el mismo presidente de la República, como máximo responsable del orden público, todos los colombianos y la comunidad internacional, estamos llamados a mantenernos en alerta máxima, depositando todo el apoyo y confianza, única y exclusivamente en las autoridades electorales y en la Fuerza Pública. Las que, han sido ejemplo de tradición democrática, y ahora no será la excepción, serán superiores al reto de actuar con pleno acato del Mandato Constitucional y Legal, en defensa de la democracia y no de intereses partidistas y/o ideológicos.
Y ante este eventual y preocupante escenario, la ponderación y el ejercicio transparente, estricto y efectivo de la ley, serán la gran prueba de fuego, que, sin duda alguna, reafirmará la virtuosidad de nuestras autoridades electorales, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, constituyendo una vez más, motivo de orgullo por el deber cumplido, el mismo que seguirá alimentando el cariño, la legitimidad y el respaldo de la sociedad.
Del mismo autor: El pueblo habló, el comunismo la gran amenaza electoral
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