Para quien se mueve todos los días entre trancones, motos que aparecen de cualquier lado, carreteras donde un descuido puede terminar en tragedia y una accidentalidad que sigue dejando víctimas, aprender a conducir bien no es un trámite menor.
Además, a los conductores que estaban por sacar su licencia o recategorizarla les esperaba otra preocupación: desde el 14 de septiembre tendrían que enfrentarse a un nuevo sistema de evaluación, con más pruebas y un costo que podía llevar el valor del trámite de unos $1,4 millones a cerca de $2,2 millones.
Por ahora, los conductores podrán relajarse. Al menos en cuanto al nuevo requisito para manejar y el costo. El Ministerio de Transporte, en cabeza de Elsa Noguera, bloqueó la entrada en funcionamiento de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que fueron implementados por medio de la resolución 37125 de 2025, expedida en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. En ese entonces, María Fernanda Rojas Mantilla, era la jefa de la cartera.
Protegiendo el bolsillo de los conductores
Los Centros funcionarían en forma independiente y buscarían verificar si las personas que van a sacar o recategorizar la licencia de conducción están en capacidad de manejar un vehículo.
Noguera manifestó que la medida se tomó con el fin de proteger la plata de los ciudadanos que buscan realizar el trámite ante las autoridades de tráfico en el territorio nacional. La entrada en vigencia del nuevo requisito aumentaría el costo del pase, que actualmente tiene un valor de $1.4 millones y pasaría a $2.2 millones. Es decir que el incremento sería de $800.000. Fue el propio presidente, Abelardo De la Espriella, quien dio instrucciones al Ministerio de Transporte de suspender la medida. El objetivo es realizar la respectiva revisión y legalidad de los contratos que hicieron con la UNAD para la implementación y manejo de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).
La cartera deberá estudiar si la millonaria inversión es necesaria para mejorar la seguridad vial. Para la puesta en funcionamiento de los centros y sus nuevos requisitos, se firmó un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde se moverían unos $20 billones en los próximos 20 años. Es decir, $1 billón por año.
El otro tema que le preocupa al gobierno nacional es que el contrato fue firmado con la UNAD, a pesar de que otras universidades cumplían con los requisitos para competir por el proceso. El hecho de que no hayan sido tenido en cuenta derivó en una acción de tutela, denuncias y solicitudes de revocatoria.
Según MinTransporte, antes de cargar el bolsillo de los ciudadanos es necesario revisar exhaustivamente la iniciativa. La intención es investigar si los cobros incidirán en la reducción de la accidentalidad vial en ciudades, municipios y carreteras. En cuanto se realice la revisión, respetando el debido proceso y la seguridad jurídica, el Gobierno tomará una determinación al respecto.
La resolución de Petro
El 10 de septiembre de 2025, el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, cuando la ministra de Transporte era María Fernanda Rojas Mantilla, expidió la resolución 37125 de 2025.
Allí, se reglamentaron los requisitos de registro de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Además, se establecieron las condiciones para la realización de un examen teórico práctico de conducción, que deberán hacer los aspirantes a sacar una licencia de tránsito o realizar una recategorización.
Los lugares de evaluación se clasificarían en tres categorías, dependiendo de las licencias de conducción solicitadas por el ciudadano y de acuerdo con la reglamentación vigente en las categorías I, II Y III.
Los exámenes deberían ser realizados por instituciones de educación superior pública reconocidas por el MinEducación, que tengan su documentación en regla.
La evaluación que harían las universidades tendría 40 preguntas, elegidas de forma aleatoria. Serían de selección múltiple: 28 estarían enfocadas en lo aprendido durante el proceso y 12 sobre el comportamiento y actitud de la seguridad vial.
Las pruebas estarían vigiladas por la superintendencia de Transporte. Además, la iniciativa en estudio por parte del gobierno entrante determina que quienes no superen la prueba, tendrán la oportunidad de realizarla nuevamente en 10 días. La prueba práctica, por su parte, se haría con la conducción: ejecución del arranque, frenado y parqueo del vehículo. Además, una prueba real en vía.
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