El mapa de la marihuana en Colombia

Cundinamarca, Antioquia y el Valle se llevan la mayoría de las 240 licencias otorgadas y tres empresas extranjeras ya están produciendo en forma

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septiembre 25, 2019
El mapa de la marihuana en Colombia

La marihuana siempre fue un tabú. Los momentos difíciles en materia de seguridad junto con el flagelo del narcotráfico solo sirvieron para acrecentar su satanización por parte de la sociedad colombiana. Pero a medida que los tiempos avanzaron, lo que solía ser sinónimo de reproche e indignación, se convirtió en una inmensa oportunidad de negocios para inversionistas nacionales y de diferentes partes del mundo. La Ley 1787 de 2016, defendida por el exsenador liberal Juan Manuel Galán, abrió el camino en Colombia.

El país, dividido entre la prohibición o la apertura a diferentes sustancias psicoactivas, no había terminado de digerir la noticia cuando esta ya había cruzado fronteras. Ambiciosos empresarios posaron sus ojos sobre Colombia no solo por el progreso legislativo que recién se había logrado, sino también por las condiciones socioeconómicas y geográficas que favorecían el cultivo de marihuana para fines medicinales.

El pasado mes de julio, aprovechando este ‘boom’, Financial Times dedicó uno de sus artículos al interés que despierta esta naciente industria en Colombia. El diario británico explicó cómo el clima y la mano de obra hacían mucho más beneficioso el negocio, generando así que las empresas norteamericanas optaran por mirar por fuera de su territorio y analizar la viabilidad de trasladar sus cultivos al país.

Estudios comparados de expertos y firmas de consultoría arrojan que producir un gramo de flor de marihuana vale alrededor de USD 0,5 y USD 0,8 en Colombia. En cambio, los valores aumentan en otros países como Bolivia (USD 0,9), Perú (USD 1,8) y fuera del continente, en Canadá o Estados Unidos, es cinco veces mayor al costo colombiano.

Financial Times también mencionó las compañías con mayores cantidades de dinero invertidos. Canopy Growth, de origen canadiense y la primera empresa dedicada a esta actividad que cotizó en bolsa, creó Spectrum Cannabis Colombia, una subsidiaria que ha puesto alrededor de USD 60 millones en un cultivo en el departamento del Huila. Clever Leaves en Boyacá y PharmaCielo en Rionegro son otras de las empresas que aspiran a producir millonarias utilidades.

Y el auge de la industria es demostrado por el número de solicitudes radicadas ante la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia. En el primer semestre de 2019, 247 licencias habían sido entregadas a más de medio centenar de empresas, entre las que había multinacionales y productores en menor escala.

Esta cartera confirmó que 35 de las licencias fueron entregadas para el uso de semillas de la planta, otras 83 para el cultivo de cannabis de carácter psicoactivo y un restante de 129 para no psicoactivo.

Además, de los 32 departamentos del país, 18 ya tienen licencias para cultivar cannabis. Cundinamarca es el que más tiene con 75, seguido por Antioquia con 45, Valle del Cauca con 24 y Cauca con 23.

Algunas previsiones apuntan a que Colombia tenga la capacidad de alimentar el 40% de la oferta mundial de cannabis medicinal que, con el paso de los días, va en aumento. Personas con padecimientos como la esclerosis múltiple, anorexia, epilepsia y eventualidades surgidas por quimioterapias podrán recibir tratamiento con medicamentos fabricados a base de esta planta. El mercado es enorme, sin contar los consumidores de aquellas naciones, como Uruguay y Canadá, que ya legalizaron su consumo recreacional.

Sin embargo, las importantes cantidades de dólares invertidos podrían estar bajo amenaza por una decisión de las Naciones Unidas. El organismo, a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), redujo el cupo de producción y consumo de Colombia a 1,2 toneladas de aceite de cannabis. Esto generó malestar en el Gobierno que levantó protestas ya que en principio solicitó 47 toneladas. La JIFE modificó el cupo y lo aumentó a 14 toneladas, lo cual no dejó de ser una cifra inferior a la esperada. En años previos, dicho cupo llegó a ser de 40 toneladas.

Esta determinación no deja de ser un riesgo para una industria que prometía ser un importante motor de la economía nacional.

 

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