Los comportamientos y las conductas de los humanos, pueden ser evaluados positiva o negativamente desde ópticas precisas; aquellas en donde nos preguntamos si nuestro comportamiento simplemente social, se ajusta o no a los principios que rigen la sociedad; si dentro de nuestro quehacer diario tenemos en cuenta los postulados morales que imperan dentro del grupo; si en nuestras actuaciones aplicamos los postulados éticos y si en últimas somos respetuosas de las normas de derecho promulgadas por el Estado.
El ideal sería esperar una respuesta positiva; infortunadamente en general y específicamente en el caso colombiano, una pequeña parte de la sociedad pareciere que le importa más su afán desmedido por pasar por encima de los demás, sin importar los medios.
Se violan las sanas costumbres, los buenos hábitos; se viola la moral pública, se evaden los principios éticos y se viola olímpicamente la ley, en una especie de competencia, para mostrar quién es el más “vivo”.
No es de extrañar entonces, que el mal ejemplo cunda; si el de arriba delinque y no le pasa nada, el de abajo convencido de la impunidad o de su crasa ignorancia, hace otro tanto.
Las obligaciones y responsabilidades de las personas residentes en Colombia están señaladas en el artículo sexto de nuestra Carta Política con el siguiente enunciado: “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
Omitamos por ahora el análisis de las conductas de los particulares, para ubicarnos dentro de los comportamientos de quienes ostentan la calidad de funcionarios públicos, quienes por razón de su cargo tienen una obligación adicional a los deberes de los particulares.
El funcionario público que se hizo elegir comprando los votos y una vez elegido no trabaja; el que se hizo nombrar aportando documentos falsos; quien aduce especializaciones, grados, títulos inexistentes o estructurados sobre plagios, quien ignora la diferencia esenciales entre Gobierno, Estado, País o Patria y al posesionarse jura cumplir con la constitución y con la ley pero en su actuar desconoce los compromisos del Estado; el que comienza con un peculado “pequeñito”, aprovechándose de una simple fotocopia y luego utiliza los vehículos y bienes que le proporcionó el Estado para su uso y beneficio particular; el que transforma las ambulancias en taxis o en vehículos para transportar elementos prohibidos; el que asigna contratos condicionados a la previa “mordida”, no solo es un hampón sino un indeseable merecedor del máximo castigo, por lo menos sujeto al escarnio y a la sanción pública.
La suma de delitos nos es de poca: electorales, falsedad documental, celebración indebida de contratos, extorsión; peculados por apropiación, por uso, por destinación diferente; prevaricato por acción o por omisión y sin embargo nada pasa por cuanto la impunidad sigue ahí a la vista de los de abajo.
No faltan los acuciosos y sabios legisladores y politiqueros; reformar la Constitución, hacer plebiscitos, votar referendos, dictar más leyes, pretendiendo con ello justificar el enorme “esfuerzo y sacrificio” de su trabajo.
Por decirlo de alguna manera, en Colombia tenemos leyes para lo divino y para lo humano; aspecto totalmente distinto es que no se apliquen por circunstancias tales, como ausencia de voluntad política, desconocimiento e ignorancia de las normas por los mismos funcionarios encargados de aplicarla, o simplemente por pereza; “como mi nombramiento es temporal”, esperemos que el nuevo funcionario que me reemplace la aplique, en un círculo vicioso que a todos les conviene.
Llegó la hora de exigir, que los Organismos de Control del Estado, estén prestos y listos a vigilar la aplicación y no violación de la ley; la conducta y el comportamiento de los demás funcionarios públicos, aplicando las sanciones disciplinarias a los infractores y vigilando y fiscalizando los recursos públicos; que el Congreso cumpla con su rol de resolver las políticas públicas, legislando acorde con las necesidades y acudiendo y asistiendo oportunamente al ejercicio de sus funciones, adecuando las normas existentes a las nuevas necesidades de la tecnología y la globalización; que el Gobierno Nacional igualmente asuma su papel de administrar, ejecutar, representar y reglamentar las normas jurídicas que ameritan una aplicación urgente y que la Administración de Justicia, acelere los procedimientos y trámites judiciales, todo ello encaminado, en primer lugar, a que se aplique una justicia eficaz, inmediata y ejemplarizante, que induzca a desestimar la incursión de los delincuentes en la violación consuetudinaria y sistemática de la ley.
Si bien es cierto, las ramas del poder público son independientes, no lo es menos, que están obligadas acorde con la Constitución, a actuar en forma coordinada y oportuna a efecto de que se puedan cumplir las funciones del Estado.
No de otra manera se podrá implementar aquel enunciado, contenido en el preámbulo de nuestra carta política, cuando en forma expresa y taxativa señala sus objetivos y finalidades principales, traducidos en: “…fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo…”.
Concluyamos entonces, que la principal tarea de los residentes en Colombia, se traduce en ajustar nuestros comportamientos sociales, morales, éticos y jurídicos a los lineamientos positivos de la sociedad.
