El pasado 3 de junio, el brigadier general retirado Carlos Ovidio Saavedra admitió por primera vez su responsabilidad en los llamados “falsos positivos”. Su declaración tiene especial relevancia para la región de los Llanos Orientales, donde se han documentado al menos 209 víctimas en el Meta y 65 en el resto del Llano.
Por este caso, tres generales acudieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en busca de beneficios jurídicos. Uno de ellos fue Saavedra, quien comandó la VII Brigada del Ejército Nacional entre 2001 y 2003, un periodo marcado por la intensa confrontación con los frentes 26, 40, 42 y 53 del Bloque Oriental de las antiguas FARC-EP, así como con estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN.
Durante su comparecencia, Saavedra reconoció que dentro de la institución existía una fuerte presión por obtener resultados operacionales. Según explicó, los militares que participaban en operaciones con un alto número de bajas recibían permisos, felicitaciones y otros incentivos. Recordó incluso que en 2003 se celebró públicamente haber alcanzado las cien bajas en combate durante ese año.
Sin embargo, el exoficial aseguró sentirse avergonzado al reconocer que una parte significativa de esas muertes correspondía realmente a civiles desarmados que fueron presentados como combatientes. En su declaración ante la JEP admitió que, como comandante, respaldó una dinámica que terminó favoreciendo estos crímenes.
Saavedra también señaló que muchos de los informes elaborados por sus subalternos contenían documentos falsificados, información engañosa y montajes destinados a otorgar apariencia de legalidad a asesinatos y desapariciones. Reconoció además que era su deber verificar y contrastar la información reportada, así como comprobar que las personas reportadas como bajas en combate realmente pertenecieran a grupos armados ilegales.
La declaración fue escuchada por magistrados de la JEP, entre ellos Reinere de los Ángeles Jaramillo, quien también participó en el proceso contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía. En ese caso, la justicia determinó la responsabilidad del oficial en el asesinato de 72 personas inocentes, decisión que derivó en la pérdida de los beneficios otorgados por la jurisdicción transicional.
Los crímenes atribuidos a Publio Hernán Mejía ocurrieron entre 2002 y 2005, cuando comandaba el Batallón de Artillería No. 2 La Popa. Como resultado de ese proceso, el militar retirado fue condenado a 20 años de prisión por su participación en ejecuciones de civiles, que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
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