Opinión

El famoso tribunal para la paz

Tendrá más poder que la Fiscalía, la Corte Suprema y la Corte Constitucional juntas y algunos anticipan que podrá juzgar y encarcelar a voluntad

Por:
octubre 20, 2015
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Me pregunto cuántos colombianos habrán tratado, sin suerte, de alejarse de la invasión mediática que se les vino encima luego de que el 23 de septiembre pasado se anunciara en Cuba que estábamos a un cacho de “ponerle fin al conflicto armado” y que en breve todos se iban a abrazar en medio del llanto y los perdones.

Después de que Raúl Castro, ese faro mundial de la democracia, propició el apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el extremista Timoleón Jiménez (considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea), el unanimismo en medios de comunicación ha sido tal que todos sus productos parecen salidos de la misma rotativa.

Empecemos por mencionar algunas de las entrevistas que hasta ahora ha concedido el compañero Timochenko. A la que sostuvo con Piedad Córdoba no voy a referirme demasiado porque ella no es periodista y porque aquello en Telesur pareció más un diálogo entre viejos camaradas. Según cuentan, por ratos pareció que los dos iban a llorar de emoción.

La que sí me ha llamado mucho la atención fue la que le concedió a Lisandro Duque, el hombre fuerte del bogotano Canal Capital. Duque optó por tutear a su entrevistado –eso suena muy feo– y por sacar pecho dizque por haber sido amigo de alias Alfonso Cano. Para el televidente desprevenido no quedó claro en aquella entrevista quién era el entrevistado y quién el entrevistador.

Duque fue incapaz de mencionarle algunos de los miles de crímenes que se les endilgan en despachos judiciales a las sanguinarias Farc. Por el contrario, le dio por hablarle de tangos, de su familia, de la vida, del amor, de la naturaleza... En fin, con Duque quedamos en que Timochenko era la versión colombiana de Mandela o Gandhi, mejorada, claro está.

Qué bueno haberle preguntado a Timochenko por qué las Farc mandaron volar el Club El Nogal de Bogotá. Qué bueno que le hubiera pedido perdón público a María Camila García Mugno, quien aquella fatídica noche de febrero de 2003 perdió no sólo una de sus piernas sino también a sus padres y a su hermanita.

Eso del perdón está como enredado. Si nos atenemos al artículo de El Espectador del pasado domingo, Timochenko y su gente tienen todo para no pagar un día de cárcel, para no confesar sus crímenes, para burlarse del gobierno y para vengarse desde la institucionalidad de una sociedad que en su inmensa mayoría los repudia.

Dice el diario bogotano que la Jurisdicción Especial para la Paz estará integrada por 25 magistrados. Ese tribunal tendrá más poder que la Fiscalía, la Corte Suprema y la Corte Constitucional juntas. Algunos anticipan incluso que no tendrá que respetar competencia alguna y que podrá juzgar y encarcelar a voluntad. Un tribunal de la inquisición sería una cuchufleta al lado de este engendro.

De los 25 magistrados, cinco serían extranjeros. Y no sabemos si dar por descontado que el Estado tendría 10 cuotas y las Farc otras 10. ¿En cabeza de quién puede caber que el victimario escoja a sus jueces? Cuesta trabajo creer que el gobierno le hubiera dado la bendición a eso. Espero sinceramente estar equivocado.

De ahí que, después de la euforia del 23 de septiembre, creo yo, Humberto de la Calle alcanzó a transmitir ciertos destellos de razón y por eso ha tratado de desandar en algo los anuncios previos con el peregrino argumento de que aún faltan aspectos por definir, en un enredo que, de concretarse en tales términos, desatará una problemática de ribetes imposibles de pronosticar.

Pero ahí no termina todo. Pónganle la firma a esto: las Farc intentarán poner en el tribunal a la mayoría de extranjeros. Dos de ellos podrían estar interesados: Baltasar Garzón, tan tieso y tan majo, a quien el Tribunal Supremo de España condenó el 9 de febrero de 2012, unánimemente, por “prevaricación” (nada menos que por ‘chuzadas’) a la pena de “11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta”. Un hombre que ha sido expulsado de la carrera judicial de su país podría estar acariciando el puesto en cuestión en Colombia.

El otro: el argentino Luis Moreno Ocampo, experto en descrestar calentanos, pero no como abogado sino como activista político, a quien hemos visto muy laborioso en su encargo de minimizar el caso Nisman y de tirar flotadores al oficialismo de su país.

Y como cuota criolla para tan importante tribunal, las circunstancias benefician al doctor Rubén Darío Pinilla Cogollo, justiciero del derecho cuyo talento le permitió llegar a la conveniente conclusión de que la justicia y la política van de la mano. Pinilla nos ha enseñado desde la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que en una compulsación de copias también se puede incluir la condena por elementales razones de economía procesal. Conociendo sus opiniones personales, me imagino las ganas que tendría de agarrar un cupo en el famoso tribunal para la paz.

¿Será ingenuidad esperar que el doctor De la Calle y el gobierno consideren seriamente los riesgos de aquello que acordó con la guerrilla el 23 de septiembre en la capital cubana?

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