Opinión

¿Qué pedir para Colombia en 2018?

¿Habrá entre los candidatos presidenciales algún interés en poner fin de una vez por todas esa detestable tradición del voltiarepismo?

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enero 09, 2018
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¿Qué pedir para Colombia en 2018?
¿A quién importa de entre los candidatos presidenciales favorecer el clima de negocios, la inversión extranjera, remover obstáculos burocráticos, suprimir trámites?

¿Pedir que se aborte la costumbre política del lentejismo? A muchos les parecería normal que quien gane, gobierne; y que quien pierda, controle. Pero en Colombia quienes ganan compran a los perdedores y quienes pierden se venden a los ganadores por puestos.

Inmersos en ella, cultivamos el lentejismo en cada momento electoral asegurando una situación en la que no hay debate sobre la acción de la administración, y en la que resulta imposible cultivar alineaciones ideológicas. ¿Habrá entre los candidatos presidenciales algún interés en poner fin de una vez por todas esa detestable tradición del voltiarepismo?

¿Pedir que el gobierno y la prensa estén separados? Cualquiera diría que información imparcial e investigación independiente –y no fletada– son valores sociales. ¿Importará a algún candidato presidencial que prácticamente la totalidad de los tradicionales medios de comunicación en Colombia vivan del Estado? ¿Le importará a alguien que cada política de coyuntura (como en la paz con las Farc) es llevada a cabo a través de la compra de empresarios de los medios, periodistas, columnistas y líderes sociales, mediante contratos de prestación de servicios, de pauta y de prórrogas descaradas de concesiones de televisión?

¿Pedir no tener más magistrados que senadores? Cualquiera diría que es un error empeorar los vicios del sistema de representación añadiéndole tropas de jueces de alto rango, que además se arrogan tareas políticas, legisladoras y administrativas.

Algunos dirían que una institucionalidad sana y funcional aconsejaría una corte suprema, no cinco altas cortes, a cuál de ellas más suprema que las otras. ¿Eso le importará a algún candidato?

¿Pedir un sistema virtual de justicia? Cualquiera esperaría que la tecnología llegara para favorecer el cumplimiento de las funciones del Estado, promover una justicia rápida, ampliar la cobertura de la justicia.

¿A algún candidato presidencial le importará acabar con todas esos códigos procesales anacrónicos basados en competencias “por razón del territorio” en tiempos de internet? ¿Importará a alguien arrebatar la justicia arbitral a la élite que la amarra, para llevarla también al común de los mortales?

 

 Se podrá pedir que desaparezca la Procuraduría,
anticuada y costosísima,
cuyas funciones podría absorber perfectamente la rama judicial?

 

¿Se podrá pedir que desaparezca la Procuraduría, anticuada y costosísima, cuyas funciones podría absorber perfectamente la rama judicial? Tenga en cuenta el lector este detalle risible de nuestro derecho constitucional: ¡que siendo elegido por el Senado, el procurador juzga a los senadores y congresistas! Semejante caso de un elegido que juzga a su elector solo podría ocurrir en el país del realismo mágico.

¿Pedir que se promueva una administración de impuestos potente, innovadora e independiente de la más barata politiquería? No sé si a algún candidato le interesaría verificar si es verdad que la Dirección de Impuestos Nacionales ha sido usada como instrumento de persecución selectiva de empresarios e instituciones.

Por otra parte, ¿qué aporte al desarrollo social podría ofrecer un sistema tributario que permite a tabacaleras, cerveceras y licoreras declarar unilateralmente su propia producción en cajetillas y botellas de alcohol sin control del Estado en líneas de producción? ¿A qué candidato podría interesar algo así? Se evade impuestos en las narices de todos: los restaurantes y tenderos en su nivel, y los colombianos de Panama Papers en el suyo.

Y las superintendencias, ¿cómo conseguir que sean autoridades independientes del sector que rigen, que tengan dientes poderosos? Pero, ¿cómo evitar que sean usadas como perros de caza de contradictores políticos o de los críticos de la burocracia?

Cualquiera diría que es saludable para una economía estable que el mundo empresarial y el del Estado llevaran una dinámica separada y no una relación de subordinación y pleitesía, como sucedió con el llamado Sindicato Antioqueño durante este gobierno, a causa de las 4G y los Montes de María; o como sucedió con los ingenios del Valle, o como ocurrió con cierto exministro a quien enviaron a sujetar la ANDI? ¿No sería deseable que los empresarios pudieran ser críticos, libres y poderosos y no borregos mansos, aterrados de perder ventajas?

 

Y esos departamentos y municipios: ¿alguien sabe para qué sirve un departamento en la estructura política de la Nación? Una respuesta muy factible es esta: para repartir cemento y mercados en desastres naturales, no sirven para nada más. ¿A quién pudiera interesar corregir semejante error de la Constitución de 1991?

 

 ¿Alguien sabe para qué sirve un departamento
en la estructura política de la Nación?

 

¿A quién importa de entre los candidatos presidenciales favorecer el clima de negocios, la inversión extranjera, remover obstáculos burocráticos, suprimir trámites?

A alguien debería importar el grotesco duopolio de canales de televisión, y terminarlo de una vez por todas. ¿A qué aspirante le importará abrir la industria editorial, la periodística, la televisiva, la radio, para que vega la competencia, la pluralidad?

Alguien debería ocuparse de asegurar que ingresen a nuestro país las energías alternativas, y acabar con esos “incentivos” embusteros con los que se ha engatusado a decenas de empresas que hacen fila para entrar al mercado local. Pero, ¿qué candidato tendrá el valor de poner en su sitio a las grandes hidroeléctricas o a los contratistas que las controlan; o a los contratistas que controlan a los tres principales actores públicos monopólicos que dominan el sector de la energía en Colombia?

Y pedir tecnología. ¿A quien le interesa la tecnología para la agricultura, para la administración de impuestos, para el sistema catastral, para el sistema electoral, para un sistema satelital, para las cárceles, para la seguridad ciudadana, para hacer ciudades inteligentes? No sé si tengamos un candidato que piense en ello, más allá de imaginarse un leasing para reemplazar computadores o de poner más puntos vive digital.

Universidades: este es un país en el que los bachilleres compiten por cupos escasos de educación superior, y la gran mayoría de los jóvenes quedan condenados al ostracismo profesional, una política indecente que debería considerarse criminal. Y en el mismo sentido: ¿a qué candidato le importa que las 270 universidades de Colombia muestren entre ellas desequilibrios tan garrafales y chocantes en competitividad docente, editorial e investigativa?

¿Se podría pedir intervención inmediata de bosques, paramos, ríos, costas, mares e islas, mientras se crea una estructura recia que pueda administrar esa infinita riqueza natural antes de que desaparezca? ¿Habrá un candidato para 2018 que, más allá de condenar el abaleo de los últimos osos de anteojos en Chingaza, caiga en cuenta de la enormidad, de la locura de la devastación del país?

Y sobre el Invima, que debería ser una agencia políticamente neutra, técnica, autónoma, ¿quién pudiera ocuparse del terrible costo que tiene esa entidad en la competitividad del país? La muralla que representa para la iniciativa local y extranjera: términos que no se cumplen, criterios de evaluación impredecibles, cambio permanente de funcionarios, constantes exigencias caprichosas y decisiones extemporáneas respecto del mercado.

Cosas menores: el martirio de los trámites de convalidación de títulos en el MEN, la prueba de gravidez en notarías para el divorcio notarial, la necesidad de ir a otro departamento para impugnar un comparendo, la aventura de pedir un certificado especial en el IGAC, la exigencia de certificados de cámara de comercio, cuando los mismos datos están en línea. ¿Quién podría interesarse en eso?

Hay entidades que odian literalmente la tecnología. Por ejemplo, una contraloría delegada prohíbe que se le radiquen memoriales por mail.

Pero hay más: el SECOP se convirtió en un engendro creado por Colombia Compra Eficiente para limitar el derecho de intervenir y acceder a contratos con el Estado, favoreciendo a los mismos circuitos de contratistas de siempre. ¿Habrá algún un candidato al que le interese esas cosas?

Recién leímos de Boris Miranda, corresponsal de BBC Mundo en Colombia, sus “razones por las que volver a Latinoamérica después de vivir en Estados Unidos” le resulta “fascinante”. De pronto algunos estamos obsesionados con el sueño de que Colombia podría ser una gran potencia, si removiera sus enormes defectos.

De pronto a Miranda le hacen falta unos días más en Bogotá.

 

 

 

 

 

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