Eran cerca de las once de la noche del 15 de noviembre de 1989 cuando un carro frenó en seco sobre una calle del centro de Medellín, a metros de un pequeño local de comidas llamado Sorpresa estaban Álvaro Ortega Madero y Jesús Díaz Palacio, los dos árbitros que acababan de dirigir un partido entre el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali, caminaban hacia allí a cenar algo antes de volver al hotel. Un hombre bajó del vehículo con una mini-ametralladora y les ordenó apartarse. Ortega corrió. Un disparo lo derribó a seis metros. El pistolero pasó junto a Díaz sin dejar de apuntarle, tomó a Ortega por el cuello y descargó nueve tiros más. Volvió al carro. Desapareció.
Ortega tenía 32 años. Era economista, a punto de graduarse en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, y había nacido en Robles, un corregimiento de El Guamo, Bolívar. Desde 1981 pertenecía al Colegio de Árbitros de la Liga de Fútbol del Atlántico. Su esposa, Betty Barrios, administraba en la casa familiar un almacén de ropa, Variedades Marbeluz, que él mismo surtía cada vez que un viaje de arbitraje lo llevaba a otra ciudad. Tenían dos hijas, de cinco y tres años. Esa tarde, antes del partido, había recibido en el hotel una llamada que lo dejó inquieto. Díaz le preguntó varias veces qué pasaba. Ortega no dijo nada. Después del partido se lo contaría, le prometió. Nunca lo hizo.
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La orden de matarlo tenía tres semanas de antigüedad. El 26 de octubre, Ortega había pitado en Cali un partido entre el América y el Independiente Medellín, ganado 3 a 2 por el local. Cerca del final del partido anuló un gol al equipo antioqueño por una jugada peligrosa. En Medellín eso no se olvidó. Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso del país por esos años, era hincha declarado del equipo, y bastante tiempo después el sicario John Jairo Velásquez, alias Popeye, contó que fue Escobar quien ordenó matar al árbitro como venganza por esa anulación.
No era la primera advertencia de Escobar sobre lo árbitros. Un año antes, el juez Armando Pérez había sido secuestrado en Medellín y lo liberaron para que entregara un mensaje: el que pitara mal, lo borraban.
Después de los disparos contra Ortega, Díaz se lanzó contra el carro. Se sujetó de la puerta del conductor mientras el pistolero seguía apuntándole a la cabeza desde adentro. El conductor le dijo que se calmara, que eso no era con él, y aceleró hasta soltarle la mano. Díaz cayó al pavimento. Se levantó, cargó a Ortega, ya agonizante, y buscó ayuda. Ningún carro quiso detenerse. Solo un hombre en situación de calle —que después le robó la billetera al herido— lo ayudó a subirlo a un vehículo y llevarlo a la Clínica Soma, a pocas cuadras de ahí. Ortega murió minutos después de llegar.
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El caso nunca se resolvió del todo. Circularon versiones sobre apostadores, y también señalamientos directos contra Pablo Escobar, pero la Fiscalía no logró avanzar ni hacer una sola captura. Veinte años más tarde, el expediente se archivó por prescripción, guardado en una caja en la sede de la Fiscalía en Itagüí. El testimonio de Popeye llegó cuando el proceso ya estaba cerrado, y sirvió apenas para confirmar lo que casi todos sospechaban desde el principio: que la muerte de un árbitro de fútbol se había decidido por un gol anulado al Medellín.
El fútbol colombiano quedó marcado por esa noche. Ocho días después, el 22 de noviembre de 1989, la asamblea de la Dimayor votó por unanimidad cancelar el torneo profesional de ese año. Fue la única vez en la historia del campeonato colombiano que terminó sin campeón y sin descensos. Álex Gorayeb, presidente de la Dimayor en ese momento, renunció meses después, en marzo de 1990. Otros árbitros, incluido el propio Díaz Palacio, se alejaron del oficio. El miedo a correr la misma suerte que Ortega pesó más que cualquier otra cosa.
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