Hace seis años, en noviembre de 2019, un bombardeo similar al que acaba de ocurrir contra los campamentos de ‘Iván Mordisco’, en el que terminaron muertos siete niños, le costó el puesto a Guillermo Botero, ministro de la época.
Botero renunció un día después del debate de moción de censura promovido por el senador Roy Barreras, que entonces militaba en el partido de La U. Barreras -declarado opositor del gobierno de Iván Duque- acusó a Botero de haber ocultado la dimensión del ataque en el que perdieron la vida los siete menores, entre ellos una niña de 12 años, que estaban enrolados en las filas de las disidencias de las Farc.
La renuncia de Botero fue aceptada por el presidente Iván Duque, quien designó al general Luis Fernando Navarro como ministro de Defensa encargado. La oposición política y la sociedad civil criticaron la gestión de Botero y exigieron una investigación a fondo sobre el bombardeo, cuyos resultados nunca trascendieron.
Salvo el gobierno, nadie cuestionó a la disidencia guerrillera como la mayor responsable por haber violado claras normas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que proscriben el reclutamiento de niños para la guerra.
La situación es hoy diametralmente distinta. La condena las huestes de ‘Iván Mordisco’ se produjeron antes de que alguien, distinto a los sectores de oposición, le achacaran responsabilidad alguna al presidente Gustavo Petro, que ha admitido que él personalmente ordenó los ataques aéreos con explosivos que en menos de una semana cobraron las vidas de 13 menores.
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Iris Marín, defensora del Pueblo y principal garante de los derechos humanos, declaró que ‘Mordisco’ es el principal responsable de lo ocurrido, aunque le pidió al gobierno tener mayor cuidado al calcular las consecuencias de este tipo de operaciones. También pidió suspender los despliegues militares en la región mientras se hace plena claridad sobre lo ocurrido.
La Justicia penal militar inició de oficio una investigación por los bombardeos ocurridos en las selvas del Guaviare y verifica si las unidades militares destacadas para la operación respetaron los principios que rigen las operaciones castrenses, La Procuraduría abrió por la misma causa una indagación disciplinaria.
¿Cuán es la diferencia entre lo ocurrido en 2019 y lo acontecido ahora? Según el exministro Botero, ninguna de carácter sustancial. Salvo que ahora existen mayores recursos tecnológicos para prevenir riesgos mayores en los bombardeos. Para el gobierno Petro la diferencia es que hace años el gobierno de Iván Duque “quiso ocultar lo ocurrido”, mientras que ahora el propio Jefe del Estado asume directamente las responsabilidades, pide el perdón de los familiares de las víctimas y declara que esta tragedia pesará por siempre sobre su conciencia.
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes está catalogado en el ordenamiento internacional como un crimen de guerra y actualmente es un problema grave y persistente. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 fueron reportados 409 casos de reclutamiento forzado. El crecimiento del problema ha venido siendo sostenido, pues en 2023 fueron reportados 342 casos.
Puede leer aquí el informe de la Defensoría del pueblo.
Durante el primer semestre del año, según cifras del Comando General de las Fuerzas Militares, 300 menores que habían sido reclutados forzosamente por facciones armadas fueron rescatados por las tropas en las áreas de operaciones. A la par con la ofensiva contra el reclutamiento, las tropas se han encontrado con 48 menores capturados durante sus operaciones.
Durante los despliegues operaciones contra los grupos perpetradores de ese delito contra la humanidad se habían producido 2.334 capturas.
Durante una cumbre realizada en septiembre pasado en Quibdó, los gobernadores de los 32 departamentos pusieron en el centro de su agenda este problema. Allí reclamaron que el Estado colombiano desarrolle mejores fortalezas tecnológicas y aprenda moverse con propiedad en el ciberespacio, un escenario donde las bandas criminales han logrado abonar el terreno para el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
En aquella ocasión, el auditorio reaccionó conmovido ante una imagen presentada por el comandante de la X V Brigada del Ejército Nacional, brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, que mostró a un niño con un fusil terciado sobre su pecho.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, ha dicho que el organismo a su cargo avanza en alianzas estratégicas con los operadores de los principales espacios digitales para cerrarle espacio a mensajes que hacen apología del reclutamiento y exaltarlo como practica criminal.
En ese sentido, la plataforma Tik-Tok ya acogió una solicitud del gobierno colombiano para cerrar cuentas que incurran en esa práctica, aunque la dimensión del fenómeno hace improbable su control pleno.
Otro recurso tecnológico importante ha sido el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. La directora del ICBF reveló que, gracias a ellas, han sido posible prevenir no menos de 199 amenazas de reclutamiento en todo el país. También, conseguir el regreso a sus familiares de más de 300 niños, niñas y adolescentes.
Las gobernadoras de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, presentaron en ese escenario amplios panoramas del fenómeno en sus departamentos y expusieron los avances de las estrategias aplicadas para contrarrestar el flagelo, pese a la insuficiencia presupuestal.
En ambos departamentos ha sido preciso acudir a los recursos de regalías para fortalecer el componente social que demanda una estrategia de esa naturaleza. En el barrio Palente que Quibdó la intervención del único espacio deportivo denominado “Cancha multicolores” marcó un importante punto de avanzada para que niños y jóvenes desechen la violencia como método para definir su futuro.
“Si tenemos mujeres víctimas y familias rotas por el conflicto, es probable que las cadenas de violencia se multipliquen entre los menores”, concluyó la gobernadora del Chocó.
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