La oposición realizó este lunes un debate de moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el cual expuso los argumentos por los cuales debería salir de dicha cartera. Desde su posesión, Botero ha tenido fuertes críticas en la forma como ha implementado las estrategias de defensa y seguridad, debido a que van en contravía de los derechos humanos.
El mes pasado, los congresistas del Partido Verde, Katherine Miranda e Inti Asprilla, pidieron el recurso contra Botero debido al mal manejo por parte del ministro tras el asesinado del excombatiente Dimar Torres en hechos confusos en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, ubicado en la subregión del Catatumbo.
Sin embargo, se conocieron otros episodios que enlodaban a la fuerza pública y el debate fue aplazado. Hace una semana, la Cámara baja convocó una nueva moción de censura con puntos adicionales, y finalmente se llevó a cabo este lunes en plenaria de Cámara de Representantes.
Así las cosas, varios congresistas intervinieron en la sesión y llegaron a un punto en común: el debate es contra Botero quien ha impulsado las directrices y en defensa de los miembros de la fuerza pública.
“Este NO es un debate de moción de censura contra los miembros de la Fuerza Pública. Lo que si exigimos al Ministro de la Defensa es la ética militar, valor fundamental en las Fuerzas Armadas #MocionDeCensuraABotero”, expresó desde su cuenta de Twitter la representante a la Cámara, María José Pizarro.
Políticas asociadas al pasado
La Representante a la Cámara, Juanita Goebertus del Partido Verde, expuso seis (6) argumentos por los cuales Botero no debería ocupar el cargo de ministro, pues sus acciones van en contravía de los derechos humanos.
“Este no es un debate contra la fuerza pública. Este es un debate para proteger a los miembros de la fuerza pública de un ministro que está atentando contra su legitimidad y contra su seguridad jurídica”, expresó Goebertus.
En ese sentido, se centró en demostrar porqué la introducción de políticas de evaluación de resultados operacionales implementadas por Botero han estado asociadas en el pasado tanto en Colombia con gravísimas violaciones a derechos humanos.
Goebertus resaltó que un ejército está para proteger a la población y hacer uso desde distintos mecanismos, operaciones militares ofensivas, “que llegan incluso a dar de baja por supuesto en el marco completo de la legalidad”. Pero, esto no implica que el objetivo de la fuerza pública sea matar gente. El objetivo es proteger a la población civil, reducir las tasas de homicidio, de secuestro, entre otras expresiones criminales.
“Ese es nuestro ejército profesional, y no podemos permitir que las políticas que usted ha adoptado pongan en riesgo esa legitimidad y esa seguridad jurídica”, señaló Goebertus a Botero.
Por su parte, Inti Asprilla, representante a la Cámara del mismo partido, expuso con fiereza sus argumentos hacia el ministro, quien escuchaba atentamente a cada uno de los congresistas:
“A usted ministro Botero, lo llamamos a moción de censura por sus actuaciones porque no es posible que un ministro haga aseveraciones como decir que, ‘para matar un excombatiente alguna razón habría’, uno no puede pensar (…) que es decente hablar de doblar los resultados en operaciones militares. ¡No señor!”.
Adicionalmente le dijo que en su labor hay operativos en los cuales está en juego la vida de las personas. Por consiguiente, debería irse del cargo, puesto que su función es la de garantizar la libertad, el derecho de todos los ciudadanos y la paz, pero sus actuaciones no responden a estas premisas.
“Tiene que garantizar los derechos de las personas que no piensan como usted, y tiene que garantizar los derechos de los lideres asesinados”, Agregó Asprilla, dirigiéndose a Botero.
Los argumentos contra Botero
Goebertus expuso que las directivas adoptadas por Botero y el comandante del ejército no han estado dirigidas a prevenir la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos, a tal punto que algunos miembros de la institución no están conformes y tampoco saben qué ruta seguir en la aplicación de la fuerza.
La primera razón expuesta fue la de negar la existencia del conflicto armado en Colombia, ya que es un riesgo para la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública. En la actualidad, el gobierno le ordena a los militares a conducir operaciones militares ofensivas en contra de los grupos residuales de las FARC del ELN, del clan del golfo y de por lo menos otros dos grupos de crimen organizado sin reconocer la existencia del conflicto armado.
El segundo, es el lanzamiento de operaciones militares con un grado de certeza entre el 60% y 70%. La congresista explicó que en este gobierno el comandante del ejército dice: ‘no exigir la perfección para realizar operaciones’”.
Cabe destacar que esta es una directiva aplicada desde 1993. Sin embargo, hace muchos años que desde la fuerza aérea exigió que la certeza de la inteligencia fuera mucho más cercana al 80% – 85%. Para proteger el “principio de distinción”.
“De ahí que este ministro en vez de justamente garantizar que elevamos los niveles de certeza para lanzar operaciones saca a relucir doctrinas del 93 y las reitera como su doctrina de combate”, apuntó.
El tercer argumento por el cual Botero está pasando por alto las normativas, es que se han establecido indicadores basados en el número de días sin combatir. “Exigiendo que se reduzca el número de días sin combatir”. Esto quiere decir que, se sistematiza qué brigadas llevan días son combatir y se les exige un aumento.
El cuarto punto es la aproximación de resultados operacionales que obliga a los generales a decir cuántas muertes en combate podrían llevarse a cabo durante el 2019. A lo cual se suma lo ocurrido con la investigación del periódico norteamericano The New York Times, en la cual denunciaba que el comandante del ejército les obligaba a duplicar los “resultados”.
En el quinto argumento, Goebertus hizo énfasis en el objetivo existente para realizar una operación militar ofensiva. Según ella, por supuesto puede ocurrir legítimamente, sin embargo, no porque el objetivo a lograr sea más número de bajas sino porque son esa operación militar ofensiva logro el objetivo que es cómo reducir otros índices de criminalidad.
El último, lo relacionó con los seis (6) generales con investigaciones muy graves por los llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales.
“Por supuesto que los generales y los distintos miembros de la fuerza pública merecen el debido proceso, pero lo mínimo como medida de garantía de mensaje a la institucionalidad es que esas personas no estén asumiendo cargos en las mismas jurisdicciones donde están siendo investigados por falsos positivos en el pasado”, concluyó.
En definitiva, existe una correlación estadística en evaluar operaciones militares con base en el número de muertos y la generación de violaciones a los derechos humanos. De hecho, lo han denunciado en repetidas ocasiones los relatores de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones de la sociedad civil.
*Articulo originalmente publicado por la Fundación Paz y Reconciliación. Para ver el articulo originar dar click acá
