El gobierno del Presidente electo, Abelardo de la Espriella, tiene previsto designar al abogado Germán Calderón España como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, una de las entidades más estratégicas del Ejecutivo por la magnitud de los procesos que representa. Lo curioso del nombramiento es que, hace algunos años, el mandatario y el designado fueron rivales en el escándalo de la captadora ilegal de dinero DMG.
Calderón España nació en Garzón (Huila) y es abogado de la Universidad Católica de Colombia. Aunque De la Espriella se graduó de la Universidad Sergio Arboleda, ambos coincidieron años atrás desde posiciones opuestas durante el sonado escándalo financiero de DMG.
Con el paso de los años, Calderón se acercó al movimiento político Defensores de la Patria, liderado por De la Espriella. Incluso se volvió en su abogado de confianza, por ejemplo, defendió el uso de símbolos de la campaña como la camisa de la selección Colombia entre otros casos. Una vez termina la campaña y las elecciones, el egresado de la Universidad Católica fue quien advirtió sobre las implicaciones legales y jurídicas de no reconocer la victoria de De la Espriella.
Uno de los episodios que evidenció esa cercanía y lealtad fue la demanda que presentó contra una resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), mediante la cual se declaraban hábiles los fines de semana para los funcionarios de la entidad.
La medida, adoptada durante la dirección de Nhora Mondragón, buscaba ampliar los días laborales para adelantar trámites administrativos, formalizar nombramientos y dejar en firme varios contratos antes del cambio de gobierno.
Mondragón llegó al Dapre después de la renuncia de Angie Rodríguez. Para la elección del cargo le sirvió su cercanía al Ministro del Interior, Armando Benedetti. Su trabajo como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en el Ministerio del Interior le dio plena confianza. Mondragón en el Dapre accedió a un robusto presupuesto para los contratos de la Presidencia y en la última recta del gobierno su puesto sigue siendo clave para el alto gobierno.
En respuesta a la situación de contratos de última hora en el Dapre, Calderón interpuso una demanda de nulidad contra la Resolución 0478 de 2026, al considerar que existía falsa motivación y desviación de poder, además de desconocerse el pago de horas extras a los servidores públicos.
El abogado cuenta con estudios de posgrado en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional. Una vez se oficialice su nombramiento, devengará un salario mensual de 21.368.842 pesos y asumirá la defensa de algunos de los litigios más complejos del país, entre ellos los relacionados con Air-e, las concesiones y el galeón San José.
En uno de los casos más complejos que asumirá Calderón es el de Sea Search Armada, que reclama hasta 10.000 millones de dólares ante la Corte Permanente de Arbitraje, la empresa de los Estados Unidos argumenta que tiene derechos sobre el 50 % del tesoro. La base de su alegato fue haber localizado los restos del barco San José, mientras la firma suiza Maritime Archaeology Consultants exige otros 50 millones por inversiones realizadas. Los europeos alegan haber realizado inversiones que deben ser retribuidas luego que se anulara el contrato de extracción.
Su gestión será determinante para proteger los intereses jurídicos y patrimoniales del Estado colombiano, donde hoy está al mando César Palomino Cortés. Actualmente, la Nación enfrenta 291.919 procesos judiciales activos. Algunos de los casos recientes donde perdió fue Telefónica.
El conflicto se remonta a 2018, cuando Telefónica interpuso acciones legales contra el Estado colombiano luego de que se viera obligada a pagar un dinero al gobierno por concepto de una cláusula que, según la compañía, no debía aplicarse por pertenecer a una legislación ya vencida. Después de un proceso largo y complejo durante el primer semestre de 2026, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial, ratificó la condena contra Colombia por 379,8 millones de dólares.
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