El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial, ratificó la condena contra Colombia en el litigio que sostenía con la multinacional española Telefónica. La decisión confirma el pago de 379,8 millones de dólares que la nación colombiana tendrá que hacerle a Telefónica, cerrando así uno de los procesos arbitrales más prolongados y costosos en la historia reciente del país.
El fallo constituye el punto final de una disputa jurídica que se extendió por varios años y que involucró a diferentes administraciones y equipos legales. Por el lado de la multinacional, actualmente presidida por el ingeniero Marc Murtra, la defensa se mantuvo firme en su posición de que el Estado colombiano había vulnerado acuerdos internacionales de inversión.
En Colombia, la representación estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), hoy dirigida por el abogado César Palomino Cortés, entidad que asumió la defensa institucional del país durante distintas etapas del proceso.
El origen del pleito
El conflicto se remonta a 2018, cuando Telefónica interpuso acciones legales contra el Estado colombiano luego de que se viera obligada a pagar un dinero al gobierno por concepto de una cláusula que, según la compañía, no debía aplicarse por pertenecer a una legislación ya vencida.
La posición del Estado colombiano se sustentó en un fallo de la Corte Constitucional de 2013 (Sentencia C-555), que interpretaba las condiciones de reversión de activos al finalizar contratos de concesión. Sin embargo, Telefónica argumentó que dicha decisión modificaba de manera arbitraria las reglas de juego establecidas previamente. Para la multinacional, el marco legal vigente en 2018 debía ser coherente con el que regía al momento de otorgarse las concesiones en la década de 1990.
Cabe recordar que Telefónica obtuvo en 1994 la concesión para operar telefonía móvil celular en Colombia, en una etapa inicial del desarrollo de este servicio en el país. La inversión en infraestructura, como antenas y equipos tecnológicos, fue considerable. No obstante, lo que comenzó como una apuesta de expansión del mercado terminó derivando en un complejo litigio internacional. El 20 de febrero de 2018, la compañía acudió formalmente al Ciadi para dirimir la controversia.
Los abogados y la decisión final
Dada la magnitud económica del caso, Telefónica contrató a la firma internacional White & Case, reconocida por su experiencia en arbitrajes y procesos financieros de gran escala. Con presencia en decenas de países y participación en más de mil arbitrajes contractuales, el bufete estructuró la estrategia jurídica sobre la base de la violación del principio de trato justo y equitativo (FET), contemplado en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) entre España y Colombia.
Según los abogados de la multinacional, las medidas adoptadas por Colombia, en particular la aplicación del fallo de 2013, rompieron las garantías ofrecidas a los inversionistas extranjeros. Del lado colombiano, la Andje defendió que la reversión de activos de Colombia Telecomunicaciones S.A. (Coltel) era una acción legal, legítima y respaldada por la normativa nacional.
El proceso atravesó varias etapas y cambios en la dirección de la defensa estatal. En 2018, la Andje estaba liderada por Luis Guillermo Vélez Cabrera, y posteriormente otros funcionarios asumieron el caso, hasta llegar a la actual dirección de César Palomino Cortés, quien tomó el cargo tras la salida de Martha Zamora.
El 12 de noviembre de 2024, el Ciadi falló a favor de Telefónica y ordenó el pago de los 379,8 millones de dólares. Posteriormente, Colombia solicitó la anulación del laudo, recurso que fue admitido el 6 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la medida solo suspendió temporalmente la ejecución. Telefónica respondió en agosto de 2025 y, finalmente, en abril de 2026, el tribunal internacional confirmó la condena, dejando en firme la obligación de pago para el Estado colombiano.
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