Día negro para Cataluña y la democracia

El 2 de noviembre será recordado como un día negro en la historia de Cataluña, tal como la declaró la alcaldesa de Barcelona

Por: Juan Morales
noviembre 03, 2017
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Día negro para Cataluña y la democracia

En una intervención, Ada Colau dijo lo siguiente:

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó.

La decisión de la juez Lamela inevitablemente trae reminiscencias de otros eventos infaustos en la historia de Catalunya como aquel 6 de octubre de 1934 cuando el presidente de la Generalitat, Lluis Companys, anunció desde el balcón que asumía todas las facultades del poder en Cataluña, solo para terminar preso horas después en un buque de guerra atracado en el puerto de Barcelona. Companys abrió su discurso de declaración de independencia con estas palabras: "Catalanes: Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar la República, han logrado su objetivo y han asaltado el Poder." En 1940 fue fusilado tras ser entregado por la Gestapo al régimen de Franco.

El auto de la juez está fundamentado en el código penal de 1973 una ley franquista que castigaba los delitos contra el jefe de Estado (el dictador Francisco Franco) o contra la "forma de gobierno" por ese entonces una dictadura. El auto está basado principalmente en un artículo encaminado a castigar a quienes "pretendan cambiar ilegalmente la organización del estado". La juez Lamela pasa por alto que en 2008 la Audiencia Nacional aclaró que no era competente para juzgar el delito de rebelión. Por lo demás la tipificación del delito de rebelión específicamente habla de la utilización de la violencia y todos hemos visto que el día del referendo los únicos que hicieron uso de la violencia fueron la guardia civil y la policía nacional.

Ya había hecho uso de una argumentación parecida para encarcelar a los dirigentes de Omnium Cultural y la ANC: Cuixart y Sánchez. A saber: que la actuación a través de los movimientos populares llamó a la desobediencia al estado y a la constitución. Los independentistas catalanes han argumentado que son presos políticos y aunque técnicamente la juez ha argumentado sus decisiones basada en la ley vigente no cabe duda que tras estas decisiones hay una fuerte motivación política.

¿Es posible creer que la juez está administrando justicia de manera imparcial cuando el propio informe del procedimiento acusatorio ha sido titulado: "Más dura será la caída"?

Ver: Más dura será la caída": así ha nombrado la Fiscalía el archivo sobre las querellas de Puigdemont

Un acto de ese calibre destapa un claro revanchismo político en las decisiones de la justicia española respecto de la crisis catalana. El único caso de rebelión juzgado en la historia de España fue el famoso golpe de estado del 23F, por el cual se imputo al oficial de la Guardia Civil Antonio Tejero. En este caso evidentemente hubo violencia acreditada y fue sin duda un alzamiento armado. El referendo y la votación de la resolución en el parlament, así como las declaraciones del president Puigdemont, difícilmente pueden considerarse como un alzamiento violento en contra del estado, por ello es claro que existe un móvil político en estas decisiones judiciales y siendo así, es un hecho que Junqueras, los consellers, Cuixart y Sanchez son presos políticos.
El gobierno del PP ha renunciado a buscar una solución política a la crisis en Cataluña y ha optado por la represión. Incluso la convocatoria a elecciones parece ser solo una maniobra mas, ya que fuentes del gobierno han clarificado que si el independentismo vuelve a ganar las elecciones se aplicaría de nuevo el artículo 155.

Ver: Pedro Sanz: «Si tras el 21-D hay un Gobierno fuera de la ley habrá otro 155»

Siendo así los ciudadanos pueden preguntarse si en realidad la convocatoria a elecciones el 21D es un ejercicio democrático o solo una maniobra política mas por parte del PP. A estas alturas es claro que el gobierno legítimo de Cataluña sigue siendo el que sus ciudadanos escogieron libremente en unas elecciones democráticas no el que ha impuesto por la fuerza Madrid. No creo que los catalanes votarían por el Sr Rajoy o la Sra Sanz de Santamaria que están claramente involucrados en el escándalo de corrupción de la contabilidad B del PP manejada por Barcenas además de manejar un discurso abiertamente anti catalán.

Ver: Luis Bárcenas: «¿Cómo no iba a conocer Rajoy la contabilidad B si recibía un sobre de Lapuerta?»

Pero claro, ante la justicia española una cosa es ser miembro del PP y otra muy distinta del PdeCat, ERC o la CUP. A la niña consentida de Rajoy la justicia le cree plenamente cuando afirma sin pestañear que: "En mi puta vida he cobrado un sobre del partido" o al propio Rajoy cuando afirma sin sonrojarse que “No sé nada de la contabilidad del PP”, mientras que persigue con saña a los dirigentes del gobierno legítimo de Cataluña.

La decisión del PP ha sido poner de rodillas y humillar al independentismo a pesar de que carecen de autoridad moral y sobre sus escándalos de corrupción la justicia ha sido extremadamente pasiva mientras que para enjuiciar al gobierno catalán han actuado a velocidad récord. Una vez más Cataluña enfrenta un golpe de estado a sus legítimas instituciones y hoy vemos como la historia se repite. Lamentablemente, el PP es el peor interlocutor que podría ocupar el gobierno en este momento: al partido del presidente Rajoy esta crisis le viene como anillo al dedo para tapar sus escándalos de corrupción que ya llevan décadas por lo tato lo único que quieren es profundizar la crisis. Peor es mejor para ellos. Y también hay que recordar que la antigua convergencia hoy PdeCat también tiene sus propios escándalos de corrupción que vienen desde la era Pujol y a ellos también les conviene ahondar la crisis.

Igualmente cuando el PP y ciudadanos amenazan con aplicar el 155 en otras autonomías deja ver que sus líderes ignoran lo que es España y son ellos quienes realmente están poniendo en riesgo el futuro de la nación.

No se puede tapar el sol con un dedo, mucho menos si los fascistas y ultras van por ahí cantando el himno de la Falange Española «Cara al sol» mientras reclaman la unidad de España y reparten hostias y escupitajos sobre los catalanes:

Los guardias y policías son vitoreados al son de "a por ellos".

El monarca de todos los españoles da una alocución en donde no menciona las agresiones y el exceso de fuerza de las autoridades en el referéndum del 1O. La realidad es que en Cataluña hay por lo menos 2 millones y medio de ciudadanos que quieren la independencia y eso no va a desaparecer con la aplicación del 155 por más que piensen repetirlo una y otra vez.

Los independentistas han llegado muy lejos esta vez y ya no hay señas de que piensen volver atrás. Como bien lo dejó claro el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en el último artículo que escribió en libertad. Junqueras afirma que se está violentando “…la voluntad de libertad de un pueblo al que se está impidiendo decidir su futuro.” Así mismo se queja de: “las constantes decisiones del TC, suspendiendo sistemáticamente todas y cada una de las iniciativas del gobierno o el Parlamento. Y da igual si se trataba de igualdad de género o de nuevos tributos o de cualquier medida de carácter social o económico. Todo, cada vez más, ha sido laminado por el TC a instancias del gobierno del PP”.

Junqueras deja claro que los catalanes han buscado la negociación pero han sido confrontados con una actitud despectiva del gobierno central: “Siempre nos hemos encontrado el mismo muro de incomprensión, el mismo rechazo, la misma actitud de desprecio, la decidida voluntad de no reconocer al otro como sujeto de derechos, como interlocutor. La relación que el gobierno español ha impuesto siempre en Cataluña es de subordinación arbitraria y caprichosa, de sometimiento. Nunca nos han querido convencer y siempre nos han querido vencer.”

El exvicepresident recalca la violencia sufrida por los ciudadanos catalanes en los últimos eventos: “hemos visto violencia, tanto de uniformados como de grupos de extrema derecha que han actuado con total y absoluta impunidad.” Habla de paradojas históricas: “Hoy resulta que son aquellas formaciones políticas más cercanas al franquismo las que se han erigido como intérpretes y garantes de la Constitución” Para concluir: “Y es aquí donde hemos dicho basta, porque poner en valor la dignidad y validar la voluntad popular no podían esperar eternamente. No podemos reconocer el golpe de estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el PP con control remoto desde Madrid. El presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont y la presidenta del Parlamento es y seguirá siendo Carmen Forcadell, al menos hasta el día que la ciudadanía decida lo contrario en unas elecciones libres”.

Así como está claro que el independentismo considera que ha ganado un enorme terreno en sus reivindicaciones (así que no piensan desandar sus pasos), también es cierto que existe una amplia porción de catalanes y de españoles residentes en Cataluña que no están de acuerdo con la independencia. Por tanto, la única forma legítima de abordar el asunto es en democracia. Los catalanes tienen derecho a elegir su futuro y por ello la única solución legítima es la negociación de un referéndum pactado. Y ya que es discutible el hecho de ir directamente a un referéndum decisorio, lo más sensato sería hacer dos y en el primero se podría preguntar a los ciudadanos de Cataluña si quieren realizar un referendum sobre la independencia y si quieren votar solo ellos o que vote toda España.

Si no se logra llegar a una negociación es dudoso que los pasos del gobierno del PP conduzcan a alguna solución real, por el contrario están abriendo un abismo insondable entre catalanes y españoles. Los últimos eventos en Cataluña lo que dejan claro es que el modelo monárquico del Estado español ha entrado en crisis y si lo que quiere toda España es que Cataluña se quede, se debe plantear una reforma constitucional que cree una nueva España, un nuevo estado plurinacional en donde catalanes, vascos, gallegos y andaluces puedan reivindicar la forma en la que quieren que sus territorios, sociedades y culturas hagan parte del estado español.

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