Lento, traumático y discontinuo. Así califican las poblaciones aledañas al páramo de Santurbán el proceso que se inició en 2010. A pesar de las decisiones judiciales que establecieron plazos concretos para finalizarla, las prórrogas y la falta de respuesta del Ministerio de Ambiente parecen ser la única constante en una delimitación que no termina, ahora la Procuraduría propone suspender temporalmente el proceso por la pandemia del COVID-19, abriendo un espacio para la discriminación de comunidades campesinas sin garantías de conectividad y acceso a internet.
La espera por la delimitación del páramo de Santurbán se remonta al 2010, cuando fueron prohibidas las actividades mineras en los páramos y se definió la necesidad de limitarlos. Las comunidades quedaron a la espera de unas decisiones gubernamentales que parecen cada vez más lejanas.
En 2017, a través de la sentencia T-361, la Corte Constitucional le otorgó un año al Ministerio de Ambiente para realizar la delimitación del páramo de Santurbán. Según esa orden judicial, el proceso debía finalizar en junio de 2018, pero el ministerio incumplió los términos y desde entonces ha solicitado dos prórrogas ante el Tribunal Administrativo de Santander. El plazo de la última prórroga era el 18 de diciembre de 2019, y nuevamente el ministerio incumplió.
A principios de este año se realizaron reuniones en Matanza y en Cúcuta para determinar la hoja de ruta del trabajo que debería conducir a la finalización del proceso. El primer paso sería el desarrollo de mesas técnicas previas a la concertación. Todo esto se planeó antes de que se confirmara la presencia del COVID-19 en el país.
Con la orden de aislamiento social obligatorio, no existe un cronograma y ninguna autoridad se ha pronunciado para explicarle a la comunidad cómo continuará el proceso en la situación actual.
La pandemia que enfrenta el mundo no puede convertirse en una excusa para mantener en vilo a las poblaciones afectadas, que esperan respuestas y alternativas para que la delimitación avance. Como explica Edwin Alberto Blanco Portilla, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Suratá, “no sería justo con las comunidades de los municipios vecinos del páramo de Santurbán que ahora la pandemia se convierta en una nueva excusa para que el proceso no avance. Necesitamos respuestas y garantías porque la situación ya es insostenible para las comunidades paramunas de Soto Norte, que son las que asumen los costos sociales y económicas de tanta demora”.
Aunque el Ministerio de Ambiente expidió una circular para organizar el funcionamiento del despacho y el cumplimiento de sus funciones a través de herramientas digitales, ahora es la Procuraduría General de la Nación la que promueve la suspensión temporal del proceso en el marco del estado de emergencia decretado en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Con esta carta, la Procuraduría no solo exime a las autoridades de cumplir su rol como garantes de la participación activa de las comunidades involucradas en el proceso, sino que plantea una alternativa discriminatoria que desconoce los derechos de las comunidades campesinas involucradas en el proceso y que no cuentan con acceso a internet para participar en espacios digitales.
Alternativas para que la comunidad sea escuchada
“El Ministerio de Ambiente siempre ha encontrado alguna excusa para demorar y dilatar el proceso, ya sea por elecciones, por no tener tiempo suficiente para cumplir el contenido de la sentencia y ahora por el COVID-19”, afirma Ivonne González, vocera de Dignidad Minera. Como ella, las comunidades de los 40 municipios involucrados en la delimitación de Santurbán, esperan que el ministerio ofrezca los mecanismos necesarios para garantizar la participación de las poblaciones afectadas y superar las limitaciones de la cuarentena.
En la situación actual que vive el país, y como el mismo Gobierno promueve, es necesario encontrar e implementar herramientas que permitan continuar los procesos que son fundamentales para el bienestar de las comunidades, como este. A pesar de la insistencia de los afectados por el proceso, el Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado oficialmente sobre las medidas que tomará para garantizar las instancias de participación y concertación. Informalmente, la única respuesta disponible es que mientras dure la emergencia quedarán suspendidos los procesos que implican acciones en el territorio.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación dirigió una carta al Ministerio de Ambiente solicitando que se estudie la posibilidad de suspender temporalmente el proyecto de delimitación del páramo de Santurbán. Para el ente, la situación actual que vive el país hace imposible el uso de alternativas digitales o de propuestas de concertación para que la comunidad participe en la siguiente etapa del proceso de delimitación.
La pandemia del COVID-19 está dejando en evidencia las profundas desigualdades de la sociedad colombiana. Con medidas como la que propone la Procuraduría, los campesinos, la fuerza trabajadora que no se detiene y que garantiza el abastecimiento de alimentos para el país, es discriminada porque su falta de conectividad y acceso a internet se convierte en una excusa para limitar su participación activa. En lugar de eso, lo que esperan las poblaciones es que hoy más que nunca se responda a su necesidad de servicios de comunicación de calidad, que les permitan participar en igualdad de condiciones frente a las comunidades urbanas que, en la delimitación de Santurbán, sí tienen las herramientas necesarias para que su voz sea escuchada.
¿Qué pasa si no hay delimitación?
El proceso de delimitación del páramo de Santurbán cumple cerca de diez años de trámites y no concluye. Los costos sociales y económicos que afectan a las comunidades locales y al desarrollo integral de la región son incalculables. Se trata de limitaciones de diversa índole, en materia económica, afectando las vocaciones de la región como son la minería y la agricultura, y a nivel de inversión estatal con la imposibilidad de mejoramientos de infraestructura en zonas rurales, entre otros aspectos que definen el goce pleno y efectivo de los derechos de cualquier individuo.
Así las cosas, es necesario destacar que la falta de una delimitación clara de Santurbán no solo ha impedido la llegada de la inversión social del Estado y lo expuesto anteriormente, sino que ha tenido una incidencia fuerte en el aumento del desempleo, el deterioro de la calidad de vida y el aumento de la brecha de pobreza para los habitantes paramunos. En otras palabras, estamos ante un detonante de afectaciones económicas y perjuicios para las empresas formales y legalmente establecidas que extiende su impacto a los habitantes del territorio.
Otras consecuencias gravosas son la depreciación de la propiedad privada, la disminución del valor de la tierra, y la incertidumbre jurídica para la actividad minera que tiene como característica principal, cultural y territorial, la ancestralidad.
Para los habitantes de la zona, el paso del tiempo solo aumenta sus preocupaciones ante la imposibilidad de desarrollar libremente las actividades económicas de las que depende el sustento de sus familias. “Si las autoridades no asumen su responsabilidad y encuentran la manera de hacer que la delimitación avance, las comunidades seremos las más perjudicadas porque nos quedamos sin alternativas. Basta ya, son más de 10 años esperando una delimitación en el limbo”, asegura Luz Helena Landazábal Suárez, presidente del Concejo Municipal de Vetas.
La indefinición no puede seguir siendo el orden reinante en una región que espera, desde hace una década, que las autoridades cumplan con su obligación de finalizar el proceso, garantizando su participación activa y el respeto de sus derechos. En tiempos que más que nunca demandan la adaptación y el uso de la tecnología como canal de comunicación, la respuesta no puede ser promover la suspensión del proceso, ignorando los perjuicios que esto causará a los pobladores de la zona.
