Leyendo el contenido del decreto 1454 del 4 de septiembre de 2017, debo felicitar el trabajo de la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de la Fuerza Pública “FERPOL”, que estuvieron insistiendo para que por fin el gobierno se diera cuenta de que existe una total descompensación entre los aportes del Estado como patrono, respecto de los que tiene obligación el sector privado de realizar, lo que lo llevó a aumentar en un 1% el aporte para el tratamiento de accidentes de trabajo y enfermedad profesional “ATEP”. Lo anterior, aunque importante, resulta insuficiente frente a los derechos que deben tener los miembros de la fuerza pública en materia de salud, pues con cargo a su presupuesto deben atenderse los soldados regulares, alumnos de las escuelas de formación de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y soldados que no son cotizantes del sistema, así como las patologías catastróficas que debieran ser cubiertas por el FOSIGA que nada revierte al sector defensa.
Pensar que los ATEP, en una profesión de altísimo riesgo, se atienden con el 3% que inicia a pagar el Estado, antes 2%, es considerar que el servicio de los miembros de la fuerza pública se asimila al de un empleado de oficina cuyo riesgo, según el decreto 1772 del 3 de agosto de 1.994, se clasifica en clase 3 de riesgo o menos, cuando debe clasificarse en la clase 5 que parte de un aporte del 6.96% con un máximo del 8.7 %, que representa una suma superior a quinientos mil millones de pesos.
Esto lo agrava la diferencia en las bases de cotización de los afiliados al sistema, pues para quienes están en servicio activo, la cotización toma como punto de partida el salario básico, la misma base que toma el Estado para realizar su aporte, mientras que para quienes disfrutan de asignación de retiro o pensión, el cálculo se realiza sobre la totalidad de los ingresos, como efectivamente debiera realizarse, en todos los casos y para todos los cálculos.
Adicionalmente, la discriminación en la atención de los usuarios afecta el servicio, como si el cáncer del patrullero fuera de más baja complejidad que el del general, y por tanto, este debe atenderse de manera prioritaria, sin ningún tipo de aporte adicional para disfrutar de este beneficio, como debiera ser, llevando las patologías a ser atendidas por el grado y no por la gravedad de la misma, hasta el punto que en las clínicas existen pisos por categorías de oficiales, suboficiales o nivel ejecutivo y tropa.
Como si fuera poco, la salud ha sido manejada con base en improvisaciones, con altos grado de rotación, más para crear plazas en altos grados que para dar solución a los verdaderos problemas de la salud, pues en un altísimo porcentaje quienes la han venido liderand son expertos en garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial del Estado y el control del orden público interno, siendo estos conocimientos distintos a la administración para atender las patologías que padecen los usuarios del sistema, de los cuales tampoco conocen realmente quienes son o a cuantos debe atender el sistema.
Finalmente, los altos niveles de corrupción impiden hacer eficiente el escaso recurso presupuestal y por tanto, no hay medicamentos, se dificulta las citas con especialistas y exámenes médicos, porque el desorden nos lleva a no tener con que pagar contratos y, difícilmente se consiguen citas para medicina general en un call center que mantiene fuera de servicio o no se contesta, y, cuando se contesta, es para entorpecer el servicio que debe prestarse, llevando los usuarios a una posición mendicante.
Toda esta situación la tratan de justificar con falsedades, inventando capítulos como la sanidad operacional, que no existe, pues en Colombia los heridos en combate son sacados del campo de batalla y trasladados a centros asistenciales, traslado que debe cubrirse con cargo al presupuesto de la guerra y no de la salud, lo que ha permitido que por esta vía se fugue otra cantidad importante de recursos.
Es imperativo y urgente que el gobierno y el Congreso realicen una verdadera reestructuración del sistema,porque cuando se intentó hacerlo desprestigiaron la entidad que se creó: el “INSPONAL”. Adicionalmente, para impedir su funcionamiento no le entregaron los recursos y se colocaron todas las trabas para que no se fuera el panal de donde se lacta tanto zángano. De hecho, cuando presenté un proyecto de ley que solucionaba la situación planteada, con el presupuesto de la nación enviaron a todo el país a generales para desprestigiarlo ante los usurarios que se comieron el cuento y hoy pagan las consecuencias.
