Desde la década de los ochenta, las secuelas de la guerrilla, el paramilitarismo y el tráfico de estupefacientes, han dejado su registro en las ignominiosas cifras e indicadores delincuenciales en los municipios del área metropolitana de Cúcuta. No en vano, nuestra acreditada situación geopolítica binacional, puerta y salida para la región del Catatumbo, hacen de este corredor fronterizo, oficina de organizaciones, grupos y bandas al margen de la ley.
Sin embargo, desde mediados del año anterior, y habida cuenta de la difícil situación económica de esta zona, el flagelo del boleteo y la intimidación se han hecho sentir con mayor intensidad. A las permanentes llamadas extorsivas se suman el accionar de granadas explosivas, que buscan incrementando el terror, que los amenazados, se sumen a la lista de aportantes de sumas semanales y mensuales, que son recogidas en forma alarmante y descarada, en los principales puntos de nuestro comercio, especialmente aquellos que agrupan a los minoristas como el Oití, Palmeras, Alejandría y Cenabastos S.A.
Una de las razones, que facilita este tipo de micro extorsión, consiste en que quienes padecen el boleteo, no solo dejan de denunciar por el temor a sus victimarios, sino que en muchos casos los montos son tan bajos que deciden pagar y evitarse trámites legales. Así por lo general estas cuotas delincuenciales no sobrepasan los cincuenta mil pesos por semana.
Esta ausencia de denuncia genera una invisibilidad de estos hechos punibles en los indicadores de la violencia urbana, que al registrarlos como menores, no generan una política de seguridad prioritaria para enfrentarlos, y hace sentir más indefensas a las víctimas.
La tarea corresponde a todas las fuerzas vivas de la zona, incrementando la respuesta policial a tales delincuentes, para generar confianza en la denuncia, ahora anónima, y en la interceptación telefónica como únicas herramientas eficaces para enfrentar este delito.
