Venta de drogas, tatuajes al aire libre, venta de comida ilegal y venta y subarriendo del espacio público son algunas de las problemáticas que se viven a diario en distintas zonas de Bogotá, como la carrera séptima entre la calle 24 y la Plaza de Bolívar, San Victorino y el Tercer Milenio. La alcaldía busca controlar una situación que mueve millones de pesos a diario, en un mercado informal e ilegal.
En operativos adelantados en los últimos días por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad y de forma conjunta con la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades han encontrado elementos peligrosos e ilegales como armas de fuego y traumáticas, estuches para las mismas, armas blancas y de letalidad reducida como los tasers, cilindros de gas pimienta, uniformes, chalecos, cascos, camuflados, cantimploras, morrales de uso exclusivo de las fuerzas militares y venta de drogas entre los vendedores informales de la carrera séptima y otros sectores del centro de la ciudad.
Además, según el secretario de Gobierno de Bogotá Gustavo Quintero, los operativos han revelado que existe venta de drogas y actividades delictivas de todo tipo por parte de quienes invaden el espacio público en las distintas localidades de Bogotá. Todo amparado por mafias que, estructuradas criminalmente, se adueñan de ese espacio público y “venden” y “arriendan” “plazas” a los vendedores informales.
Mafias que venden y alquilan el espacio público
Según las autoridades, estas mafias extorsionan y hacen cobros ilegales, intimidando y amenazando a los vendedores informales, a quienes cobran cuotas diarias y semanales por el espacio que ocupan. Se ha detectado también que, en muchos casos, los vendedores no son los dueños de la mercancía, sino que la reciben de las mismas organizaciones criminales, quienes las obtienen producto del contrabando, con lo que aumentan su margen de ganancia.
La exconcejal de Bogotá Lucía Bastidas, hoy directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, denunció en un debate de control político que estas mafias cobran cuotas que oscilan entre los 40 mil y los 5 millones de pesos (dependiendo de si son diarias, semanales o mensuales) por el alquiler de los espacios en andenes y esquinas de la ciudad, donde llegan a instalar carpas por las que deben pagarse cuotas mensuales de hasta 120 mil pesos.
Algunas de estas mafias entregan la mercancía a los vendedores en carros lujosos de alta gama, y muchos de los productos que se venden en la calle, como ropa y calzado, son de contrabando que se entrega a los vendedores informales con mobiliario que puede incluir maniquíes en lugares como San Victorino. Otros sectores donde se presenta este tipo de comercio son Usaquén, Suba y Santa Fe.
Un Decreto que busca controlar la situación
Ante este grave y difícil panorama del espacio público y las ventas informales en la ciudad, la Alcaldía de Bogotá a través del secretario de Gobierno Gustavo Quintero Ardila, expidió el Decreto # 117 del 14 de abril de 2026, por medio del cual se busca regular y controlar las mafias y las ventas informales en la ciudad, estableciendo algunos parámetros y prohibiciones en vías como la carrera séptima donde, según el censo realizado por el IPES, existen 1.142 vendedores ejerciendo el oficio en 33 manzanas, entre la calle 26 y la Plaza de Bolívar.
Según los datos más recientes de 2025, entregados por el Instituto para la Economía Social IPES, en Bogotá se estima que hay más de 95 mil vendedores informales.
Entre las medidas establecidas en el Decreto número 117 se encuentran: la prohibición del uso de pipetas de gas y sustancias inflamables en el espacio público (solo podrán ser utilizadas en establecimientos legalmente constituidos que cumplan con algunos requisitos técnicos establecidos).
También queda totalmente prohibido tatuar, hacer perforaciones corporales (piercings), realizar actividades de peluquería o barbería, y odontología que no cumplan con el Decreto # 780 de 2016 y la Resolución # 2117 de 2010. De igual manera, se prohíbe la venta de alimentos en la calle, actividad que debe cumplir con lo establecido en la Resolución # 604 de 1993 del Ministerio de Salud.
A liberar las entradas a Transmilenio
Los vendedores informales no se podrán ubicar en las rutas de evacuación de puentes peatonales, establecimientos o acceso al sistema integrado de transporte público (SITP) y se establece un radio de 1,5 metros alrededor de los hidrantes contra incendio que existen en la ciudad.
Los vendedores no podrán comercializar pólvora, sustancias químicas peligrosas, artículos ilícitos, armas blancas y de fuego. Con este Decreto # 117 de 2026, la Alcaldía de Bogotá no solo busca reorganizar las ventas informales en el espacio público, sino que también pretende proteger la vida de quienes trabajan en la calle y los ciudadanos. La policía, las alcaldías locales, el IPES y el DADEP verificarán que todas esas medidas se cumplan.
Durante los 6 meses luego de la expedición del Decreto # 117 de 2026, la Secretaría de Seguridad de Bogotá deberá determinar en cada una de las localidades cuáles son las zonas en las que no se pueden ubicar ventas informales por razones de seguridad, mientras que el DADEP, en coordinación con las demás entidades, adelantará un estudio de carga de ocupación del espacio público para saber qué cantidad de personas podrá realizar su actividad en las distintas zonas de la ciudad, con lo que se espera organizar a los vendedores informales de Bogotá.
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