Cali vivió una de sus peores pesadillas de inseguridad ciudadana. El pasado miércoles 24 de mayo, previo y durante el clásico entre los equipos Deportivo Cali y América de Cali, se registraron enfrentamientos y desmanes entre las barras de ambos equipos. Se utilizaron armas cortopunzantes y de fuego, y se generó terror entre los habitantes y comerciantes vecinos del Estadio Pascual Guerrero.
Las declaraciones del Alcalde de Cali no podían ser más lamentables, al manifestar que "tenía el presentimiento que eso iba a ocurrir, pero que lo convencieron que no iba a pasar nada".
Un mandatario no puede gobernar basado en pálpitos del corazón o cayendo en la ingenuidad. La obligación constitucional de los gobernantes es garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos y en cumplimiento de ese mandato constitucional debe estar en la capacidad de tomar las medidas preventivas que garanticen la tranquilidad y convivencia ciudadana, y no dejar que pasen los hechos para salir bravuconamente a tomar medidas tibias que hacen que su autoridad quede permeada ante la agresividad de los promotores de los actos vandálicos y desestabilizadores en la ciudad.
Esta grave situación de alteración del orden público en la ciudad de Santiago de Cali se ha vuelto reiterativa ante la falta de medidas más eficaces contra esas bandas delincuenciales, que hoy tiene a la ciudadanía en un ambiente de terror a salir a las calles por miedo a ser víctimas de la delincuencia común y los desadaptados.
No dudo de las buenas intenciones del alcalde Armitage de querer prestarle un servicio y con ello devolverle su gratitud a una ciudad que tantos beneficios le ha brindado. Sin embargo, debemos ser conscientes de que una cosa es dirigir y administrar una empresa exitosa con buenos resultados financieros y de productividad que le permiten repartir parte de esos excedentes con sus trabajadores, a gobernar una ciudad con una grave problemática social y económica, resultado de las desigualdades sociales y la falta de alternativas a la población para romper de esa manera con ese pasado de convivencia con la economía ilegal del narcotráfico.
La virtud de un buen gobernante es tener la capacidad no solo como mandatario, sino como ser humano y ciudadano para alcanzar el equilibrio y el dominio de sí mismo para tomar las mejores decisiones que le den solución a las demandas de la población. Esto brindándole seguridad y confianza en sus instituciones, todo en el marco de las normas que nos brinda la constitución política, y bajo unos principios y virtudes éticas que le permita gobernar con transparencia, sabiendo discernir entre lo que es conveniente o nocivo en la acción de su gobierno para no terminar tomando medidas que sean contraproducentes y afecten el bienestar y tranquilidad de los ciudadanos.
