El gobierno de Estados Unidos ha llevado a rastras al agente diplomático del gobierno venezolano, Álex Saab hacia su territorio, en un claro acto de piratería internacional, como ya es usual en las mejores tradiciones de la diplomacia filibustera que nació hace ya más de dos siglos en el faro de la democracia mayor del planeta.
El Tío Sam ha esgrimido serios argumentos para justificar la nueva presea dorada, siendo uno de ellos el de que Saab utilizó dineros del estado venezolano para su provecho y del gobierno de Maduro, en desmedro de millones de venezolanos que por eso sufren problemas de alimentación, salud y demás derechos básicos de los ciudadanos.
Otra parece ser la razón que desveló a los incurables filántropos que son los hacedores de la política exterior de ese país. Las relaciones comerciales que el empresario venezolano ha construido en el globo le permitieron establecer nexos con otros gobiernos que suministraron productos al bolivariano para ayudar a contrarrestar el bloqueo humanitario norteamericano y eso, como era de esperarse, disgustó al que quería matar de hambre a los patriotas. Conducta punible ante la que la impunidad no cabe. Si Maduro caía era por su incompetencia.
Otro argumento contundente contra Saab es el presunto lavado de activos, proveniente del dinero que birló a los venezolanos, y del narcotráfico originario del paraíso del mismo que es Venezuela, aunque sea Colombia la mayor productora de cocaína y Estados Unidos el mayor consumidor de ella y principal beneficiario del negocio.
Pero en gracia de discusión admitamos la bonhomía de la cruzada moralizante y justiciera norteña y entreguémosle munición para que disperse, no solo sus desplegadas bases militares levantadas en el período soberanista de nuestra historia republicana, sus agentes en la búsqueda de los defraudadores del fisco patrio por los casos Reficar y Odebrecht.
El primero sirvió para que se triplicaran los costos del montaje de la refinería de tres mil y tantos millones de dólares a nueve mil, y el segundo para financiar las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, y entregar a dedo contratos al hombre más rico de Colombia. Sin que la justicia penal haya dicho: "esta boca es mía", respecto de los peces gordos del entramado criminal.
Así que, si Estados Unidos insiste en ser un organismo de justicia internacional, en estos lares y en los suyos le tenemos trabajo.
