La Personería de Soacha, encargada de ser la primera en denunciar la desaparición y ejecución extrajudicial de los jóvenes mal llamados “falsos positivos” en el país, estrenará sede en un edificio que perteneció al Cartel de Cali.
En el año 2008, la Personería de Soacha fue la primera en documentar la desaparición de los jóvenes del municipio que posteriormente fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. A pesar de las amenazas que surgieron, fue la Personería de Soacha quien brindó el apoyo necesario a las familias víctimas para que se organizaran, dando origen al movimiento de las madres de los falsos positivos de Soacha.
Historia de un edificio embolatado
El pasado 12 de febrero de 2026, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelantó un operativo de desalojo en el corazón del vecino municipio de Soacha, Cundinamarca, con el fin de recuperar un edificio que en el pasado perteneció a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Durante décadas, el inmueble estuvo vinculado a estructuras del narcotráfico, fue incautado por el Gobierno Nacional y posteriormente se emitió una orden de extinción de dominio en 2024.
En principio, la SAE pensó en dar al inmueble un uso institucional, pero luego la edificación fue entregada en arriendo al Hotel Soacha Plaza, quienes sin permiso de la SAE subarrendaron el inmueble para fines comerciales. Allí funcionaba una panadería, barberías y otros comercios, lo que para la entidad fue un acto de incumplimiento en las obligaciones establecidas con la entidad, teniendo en cuenta que estaban generando ingresos de forma irregular. Como gerente del Hotel Soacha plaza fungía la señora Lourdes Guzmán.
A raíz de lo sucedido, la Sociedad de Activos Especiales ordenó la recuperación de edificio para ser cedido a la Personería de Soacha, que ubicará su sede y prestará servicio a la ciudadanía allí.
En el desalojo y recuperación del edificio participaron la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes intervinieron para garantizar los derechos de las personas que ocupaban el inmueble. Según Catalina Serrano, directora de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, la recuperación del Hotel Soacha Plaza demuestra el compromiso que tiene la entidad con la administración adecuada de los bienes del Estado.
Un predio millonario
El valor de este inmueble que en la década de los 90 perteneció a la estructura del narcotráfico de los Hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, cabezas visibles del extinto Cartel de Cali, supera los $1.300 millones. El predio también estuvo en manos de una empresaria colombiana del sector farmacéutico que fue incluida en la lista Clinton, señalada por las autoridades Nacionales e Internacionales de formar parte de la red financiera y de lavado de activos del cartel de Cali.
Debido a la conexión de esta edificación con el narcotráfico, la Fiscalía General de la Nación aplicó una medida de secuestro y embrago sobre la propiedad a través de la Unidad para la Extinción de Dominio en noviembre de 2004.
El 3 de junio de 2021, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá profirió la orden de ejecución del derecho de dominio del inmueble, la cual fue ejecutada, y en diciembre de 2024 el bien pasó a manos del Estado. La titularidad del edificio se traspasó a nombre del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
Sobre el tema, Amelia Pérez, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, recordó que, desde el municipio de Soacha, donde se encuentra la edificación, se impulsaron denuncias que han marcado la historia reciente del país, como las realizadas por las madres de los mal llamados “falsos positivos”. Según Pérez, para la SAE, el hecho de que un inmueble incautado a la mafia pase a ser la oficina de una entidad pública que defiende los derechos de las víctimas, representa un acto de reparación simbólica para la comunidad de Soacha.
En las décadas de los 80 y 90, los Hermanos Rodríguez Orejuela contaban con varias empresas legalmente constituidas como la cadena de Drogas la Rebaja, equipos de fútbol, emisoras y negocios en la industria automotriz, negocios que al final terminaron implicados en mayor o menor medida con el negocio de la exportación ilegal de drogas.
Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela recurrieron al soborno para infiltrar el poder político del país y en su momento se llegó a pensar que el Cartel de Cali controlaba el 80 % del mercado mundial de la cocaína. Se presume que fueron los responsables del crecimiento del mercado de la droga en Europa. Sin embargo, el auge de su emporio del narcotráfico terminó en la década de los 90 con su captura.
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