Lily Rueda Guzmán, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), será uno de los jueces encargados de dictar sentencia al antiguo secretariado de las FARC por los hallazgos del Caso 07 en contra de los líderes de esa guerrilla.
El caso 07 es uno de los más dramáticos y complejos a los que ha tenido que enfrentarse la JEP, porque involucra el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores de edad que, entre 1971 y 2016, ingresaron a las filas de esa guerrilla en contra de su voluntad y, entre otros, fueron sometidos a crímenes como esclavitud sexual, planeación y ejecución de abortos forzados, trabajos forzados y fusilamiento.
Guzmán es abogada de la Universidad Industrial de Santander (UIS) tiene dos maestrías, y dentro de su experiencia laboral sobresale su trabajo en la elaboración de la Ley de Justicia y Paz, donde se establece la desmovilización de los bloques de las AUC, entre ellos Centauros, Mineros, Héroes de Granada, Catatumbo y Central Bolívar.
Para la JEP, reclutar menores de edad para llevarlos a la guerra es un crimen que no tiene amnistía. En este caso, Guzmán ha expresado que sabe bien que la justicia no es un ejercicio de filosofía en abstracto, que hay limitaciones y dudas en la aplicación real de los juicios, y que no son personas en abstracto quienes sentirán el peso de la ley.
Se trata de un capítulo de terror que hasta ahora no había sido admitido por el secretariado de esa guerrilla, pero que el pasado 2 de marzo fue reconocido por los excombatientes. Uno de los puntos críticos del Caso 07 es mantener protegida la identidad de los afectados, ya que, aunque fueron reclutados siendo menores de edad, fueron obligados a delinquir por sus superiores y alcanzaron su mayoría de edad en las filas de la guerrilla. Además de llevarlos al monte para ser carne de cañón, las FARC los convirtió en verdugos de la población civil.
Los más de 18.000 menores de edad reclutados ingresaron a las filas de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Occidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe, entre otros. No obstante, el grupo con mayor cantidad de menores en sus filas fue el Bloque Oriental, que por años fue manejado por Víctor Julio Suárez, más conocido como el Mono Jojoy. Por tratarse de un crimen de guerra, la JEP juzgará a los cabecillas de la guerrilla.
Los excomandantes máximos de las FARC Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra aceptaron conocer, usar y haber dado permiso a sus subalternos para reclutar en sus escuadras a niños desde los 14 años de edad en adelante y convertirlos en soldados en su guerra contra el Estado. A pesar de todo, aún existen exguerrilleros como Victoria Sandino que defienden la vida militar ofrecida en las filas de la guerrilla como una “opción” para huir de la violencia doméstica y de la falta de oportunidades del campo.
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