La jurista bumanguesa, Lily Rueda Guzmán, debe sacar adelante el Caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los más complejos por estar relacionado con el reclutamiento forzado y la utilización de niños en la guerra.
La tarea de la abogada Rueda es determinar la responsabilidad de los Comandantes y mandos medios de los Bloques Oriental y Sur de las Farc. Carlos Antonio Lozada es uno de los comandantes que ha admitido su culpabilidad y hoy es Senador de la República tras las negociaciones y la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Para la abogada de la Universidad Industria de Santander (UIS) con dos maestrías, no es nada sencillo el Caso 07, abierto el 1 de marzo de 2019, para investigar el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Este Caso, se subdividió a la vez en dos subcasos: Farc-EP y Fuerza Pública, después de que en agosto de 2021, la Sala de Reconocimiento identificó un universo provisional de 18.677 víctimas únicas.
A la fecha, 9.854 personas han sido reconocidas por la JEP como víctimas. De ese total, 951 son individuales. Se estima que el 54 % de ese total, fueron reclutadas y el 46 % son familiares de los niños y niñas que fueron forzados a hacer parte de las Farc.
Adicionalmente, hay 8.903 víctimas pertenecientes a cinco pueblos étnicos: Pueblo Cubeo, Hitnu, Bari, Koreguaje y Sikuani, ubicados en Vaupés, Arauca, Norte de Santander, Caquetá y Guaviare, respectivamente por hechos atribuibles al Bloque Oriental (47 % de los hechos) y Bloque Sur (23 %).
Cómo protege la JEP a las víctimas del reclutamiento forzado de las antiguas Farc
Por lo complejo del Caso 07, la abogada mantiene silencio frente a los testimonios de las niñas, niños o sus familias que fueron instrumentalizados por las antiguas Farc y sufrieron la violencia sexual y basada en género, desaparición forzada, homicidios, torturas y tratos crueles humillantes y degradantes.
En otras palabras, la JEP debe averiguar la verdad y mantener protegidos a quienes tienen recuerdos de infancia entre armas y órdenes de batalla. Como parte de este proceso, entre 2022 y 2023, los magistrados llevaron a cabo diligencias temáticas y escucharon directamente a 145 víctimas en Barranquilla, Villavicencio, Florencia, Cúcuta, Ibagué y Bogotá.
En estos espacios de escucha, las víctimas han relatado ante la JEP, experiencias de violencia sexual y reproductiva cuando estuvieron en las filas de ese grupo armado como anticoncepción (“planificación” sin consentimiento) y aborto forzado.
Precisamente, uno de los testimonios que tendrá que sopesar Lily Rueda, la también exfuncionaria, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue expuesto así ante la JEP:
“Que el mundo entero sepa lo que deja la guerra (...). Tenía 11 años cuando me entregaron un fusil M14, ¿cuáles son las razones para obligarme a participar en un combate con el Ejército a mis 12 años?”
Con base en estos y decenas de testimonios más, la magistrada tiene la tarea de buscar y juzgar a los máximos responsables de estos hechos y garantizar una reparación justa a las víctimas. El reto de la magistrada consiste en conseguir una justicia justa para los involucrados y no es poco lo que pesa sobre sus hombros.
La magistrada tiene presente su misión de hallar y entregar una verdad a las familias de las víctimas de reclutamiento forzado porque en múltiples oportunidades los excombatientes de las Farc son hijos arrancados de su comunidad y así lo revela el testimonio de una de las madres buscadoras que narra el vació creado por el reclutamiento:
“Nosotros vimos cómo los echaban en los camiones y se los llevaban, menores de 10, 11, 12 años. Yo no pude hacer nada por mi niño. (…) Cuando hacemos el almuerzo familiar siempre queda una silla sola porque falta él, mi hijo, mi primogénito”.
Más que juzgar a todos los responsables por todas y cada una de sus acciones, la magistrada Rueda está empeñada en que estos procesos sirvan más para reparar a las víctimas y que con la acción de la justicia se evite la repetición de estos crímenes contra niñas y niños.
“Hoy estamos los sobrevivientes del reclutamiento y de la Operación Berlín en este espacio, para decirles que sí se violentó a la niñez, aquí estamos nosotros. Somos la prueba del reclutamiento, sí fuimos victimizados, sí hubo niños, menores reclutados por las Farc-Ep”
Algunos excombatientes de la Farc no quieren que sus compañeros de trabajo, jefes, vecinos o parejas se enteren de su pasado. Solo quieren ser escuchados en la JEP sobre lo que vivieron cuando ellos fueron niños y niñas de la guerra, pero al dar su testimonio, temen recibir amenazas.
Hasta el momento, por el Caso 07, de reclutamiento forzado de niñas y niños, la JEP imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos. Sin olvidar a Carlos Antonio Lozada quien ya había admitido su responsabilidad.
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