Las más recientes entradas de Nicolás Maduro a la sala del tribunal federal de Manhattan, donde se lleva el juicio en su contra, ha estado acompañado por dos abogados estadounidenses de peso que hace un año ni siquiera conocía. A su derecha, Barry Pollack, el penalista que negoció la salida de prisión de Julian Assange. A su izquierda, Anna Estevao, la abogada que meses atrás interrogó a Cassie Ventura en el juicio contra el rapero Sean Combs y lo libró de los dos delitos que más pesaban sobre él.
Maduro, el hombre que gobernó Venezuela durante más de una década, tras la muerte de Hugo Chávez, depende ahora de que un juez de Nueva York acepte un argumento que ningún tribunal estadounidense ha probado nunca: que un jefe de Estado en ejercicio no puede ser juzgado por otro país, sin importar los cargos que pesen sobre él.
La caída de Nicolás Maduro
Todo arrancó el 3 de enero. Un operativo militar de Estados Unidos irrumpió en Caracas y sacó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, del país. Las imágenes que circularon después los mostraban bajando esposados de un helicóptero, camino a su primera audiencia. De ahí pasaron directo al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde siguen presos.
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El MDC de Brooklyn no es una cárcel cualquiera. Queda en la zona industrial de la costa y ahí terminan los detenidos de los tribunales federales de Manhattan y Brooklyn que requieren vigilancia extrema: expresidentes latinoamericanos, narcotraficantes, gente que no puede mezclarse con la población general. Es también un penal hermético, denunciado más de una vez por violencia excesiva contra los reclusos.
De la rutina diaria de Maduro adentro casi no hay información oficial. Cameron Lindsay, que dirigió ese mismo penal años atrás, le describió a Reuters lo que probablemente le toca a alguien con ese perfil: aislamiento casi total, revisión exhaustiva de cualquiera que se le acerque, comida servida en la celda, una hora de ejercicio al día, ducha tres veces por semana. Cilia Flores estaría bajo un régimen parecido, según Lindsay. Ya suman más de doscientos días detenidos.
En su primera comparecencia ante el juez Alvin K. Hellerstein, el 6 de enero, Maduro se declaró inocente y dijo que seguía siendo el presidente de Venezuela. Se llamó a sí mismo prisionero de guerra. Estados Unidos dejó de reconocerlo como mandatario legítimo desde 2019, y su gobierno sostiene hoy que la presidencia venezolana la ocupa Delcy Rodríguez.
Los cargos son graves: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. Cualquiera de ellos, de confirmarse la culpabilidad, alcanza cadena perpetua. El juicio quedó fijado para el 1 de junio de 2027, tras una pausa de sesenta días que pidieron fiscalía y defensa para que la acusación entregara el volumen de pruebas que sostiene el caso.
Antes de llegar ahí, la defensa tuvo que resolver el de quién les pagaría los honorarios. Venezuela quería costear la representación de Maduro y su esposa, algo que las sanciones estadounidenses complicaban. Hellerstein terminó aceptando licencias modificadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que habilitan ese pago. Con eso resuelto, Pollack pudo concentrarse en la estrategia de fondo.
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Esa estrategia llegó este miércoles en dos escritos que suman unas sesenta páginas. El primero pide desestimar toda la acusación por inmunidad soberana: un jefe de Estado, sostiene la defensa, no puede ser sometido al sistema penal de un país extranjero, ni por su cargo ni por los actos que haya ejercido en función de él. El segundo, presentado como alternativa, apunta solo al cargo de narcoterrorismo, al que acusan de no tener base jurisdiccional suficiente ni probar que Maduro buscara dañar directamente a Estados Unidos.
Pollack y Estevao argumentan que ningún tribunal de este país ha juzgado a un líder extranjero que su propio gobierno reconociera como jefe de Estado en funciones al momento de la acusación. Que se trata de un principio más viejo que el derecho consuetudinario anglosajón, que blinda a los jefes de Estado de cualquier corte que no sea la suya. A eso suman un segundo frente: los hechos de la acusación, dicen, se derivan directamente del ejercicio del cargo de Maduro, de sus funciones diplomáticas, militares y de seguridad, lo que también lo protegería.
Pero lo cierto es que Washington dejó de considerarlo presidente legítimo hace al menos siete años. Un antecedente que juega en contra de la estrategia. Uno de los precedentes es el caso de Manuel Noriega, el exdictador panameño cuyo reclamo de inmunidad fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito. Si la historia se repite, los pesados abogados Pollack y Estevao tendrán que buscar otra salida.
Todavía guardan una carta sin jugar: cuestionar la legalidad de la captura y el traslado desde Venezuela. Un planteamiento que reservan para más adelante, cuando avance la revisión de pruebas de la fiscalía.
Mientras el juicio avanza, Maduro busca alguna forma de contacto con el exterior. A fines de agosto, su hijo compartió en redes unas fotos fechadas en junio donde aparece con una sudadera gris, sonriente, sin que nadie haya confirmado dónde ni cuándo se tomaron. Es, hoy por hoy, la única imagen pública de un hombre que gobernó Venezuela trece años y que pasa buena parte del día encerrado en Brooklyn, mientras un juez decide si su antiguo cargo todavía lo protege.
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