Diez billones de pesos fueron destinados por el gobierno saliente a la gratuidad en la educación pública superior entre 2023 y 2026. Los informes de empalme que el Ministerio de Educación entregó al Departamento Nacional de Planeación de cara a la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, revelan que el listado de universidades beneficiadas lo lidera un nombre que se repite con fuerza: Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
El documento resume cuatro años de gestión del gobierno saliente y detalla cómo se repartió la plata destinada a este beneficio en la matrícula de educación superior pública en los últimos tres años.
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Con dichos dineros, la universidad financió 1.272.096 matrículas en el cuatrienio. Ninguna otra universidad pública se le acerca en volumen de estudiantes beneficiados. Es también, de acuerdo con un informe sectorial de la Contraloría General sobre la sostenibilidad financiera de 33 universidades públicas, la única que genera utilidades propias y cubre sus costos operativos sin depender de transferencias estatales. El 97 % de las demás instituciones oficiales del país sobrevive de giros del Estado que, según ese mismo informe, resultan insuficientes.
Al frente de esa maquinaria está Jaime Alberto Leal, que dirige la Unad desde 2004 y hoy cursa su sexta reelección, con período vigente hasta 2027. Veintidós años en el cargo le dieron a la institución algo que la mayoría de las universidades públicas del país no tiene: continuidad. Mientras otros claustros se paralizaron en elecciones judicializadas, paros y tutelas, la Unad ejecutó planes de largo plazo sin sobresaltos administrativos, apalancada en un modelo cien por ciento virtual que le permite estirar cada peso mucho más que a cualquier competidora.
Otras universidades beneficiadas
Lo paradójico en el tema de la gratuidad de la educación pública superior es que la segunda institución en recursos no es la segunda en estudiantes. Ese lugar lo ocupa la Universidad Militar Nueva Granada, que recibió $781.291 millones, más del doble que la Universidad Nacional de Colombia, pero financió apenas 134.344 matrículas, menos de la mitad de las que cubrió la Nacional.
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La Militar, además, atraviesa un momento incierto: su rector, el general en retiro Javier Alberto Ayala Amaya, murió en junio pasado tras meses de enfermedad. Desde entonces, el cargo lo ejerce de manera encargada el brigadier general en retiro Arnulfo Traslaviña Sáchica, mientras el Ministerio de Defensa y el Consejo Académico deciden quién queda en propiedad, justo en el tramo final de un gobierno y el arranque de otro.
El tercer lugar en recursos es de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, de Cali, con 439.603 millones de pesos para 119.958 matrículas, de nuevo menos de la mitad de lo que movió la Nacional. Su rector, el ingeniero Hugo Alberto González López, lleva el cargo desde 2022 y ha empujado a la institución hacia acuerdos de cooperación con universidades españolas, un esfuerzo que cobra sentido si se tiene en cuenta que es una de las pocas instituciones oficiales del país que no recibe transferencias directas ni de la Nación ni de la Alcaldía de Cali, de la que depende administrativamente.
Cierran el grupo de los cinco mayores receptores las Unidades Tecnológicas de Santander, con 420.244 millones de pesos y 192.042 matrículas, y la Universidad de Pamplona, con 344.752 millones y 184.242 matrículas. Las UTS las dirige, desde 2015, Omar Lengerke Pérez, con presencia en Bucaramanga, Vélez, Barrancabermeja y Piedecuesta.
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La Universidad de Pamplona llega a este balance en plena turbulencia: el Consejo de Estado anuló en julio la elección de Ivaldo Torres Chávez para un tercer período, y apenas el lunes pasado el Consejo Superior designó como nueva rectora a la ingeniera de sistemas Laura Patricia Villamizar Carrillo, vinculada a la institución desde hace años como docente y luego como vicerrectora académica.
En número de estudiantes, el orden cambia por completo. Después de la Unad, la que más matrículas financió fue la Universidad Nacional de Colombia, con 345.525, hoy dirigida por José Ismael Peña Reyes, quien llegó al cargo tras un pulso judicial que incluyó tutelas, un rector provisional y un fallo que terminó restituyéndolo en febrero.
Le siguen la Universidad de Antioquia, con 265.093 matrículas, la Universidad del Valle, con 234.408, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con 211.761.
El top diez en recursos lo completan el Tecnológico de Antioquia, la propia Universidad Nacional, la Universidad del Magdalena, la Institución Universitaria de Barranquilla y la Universidad del Tolima, todas por encima de los $200.000 millones girados en el cuatrienio que está a punto de terminar. Entre las diez instituciones se concentra buena parte del esfuerzo fiscal que el gobierno saliente convirtió en su principal bandera educativa.
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