A menos de quince días finalizar del gobierno de Gustavo Petro y con solo cuatro meses en un cargo totalmente ajeno a su trayectoria profesional, el superintendente de Salud, Daniel Quintero resolvió ampliarle el período a un año más a Larry Javier Laza como interventor de la ESE Hospital San José de Maicao, en La Guajira. Hizo caso omiso de la solicitud del gobernador Jairo Aguilar Deluque de levantar la medida, dados los resultados arrojados por el hospital.
El agente especial interventor permanecerá hasta el próximo 16 de junio del 2027 porque con una resolución del 11 de junio pasado prorrogó la intervención forzosa administrativa del ESE Hospital San José. Sustentó la decisión en un concepto técnico de la Superintendencia que no coincide con los indicadores de seguimiento de la secretaria de Salud de La Guajira, Leidys González, quien había solicitado formalmente el levantamiento de la medida.
Para el departamento ya fueron superadas de manera sostenida y verificable las causas que suscitaron la intervención y había quedado formalizado el compromiso de la gobernación de asumir la gestión directa y a implementar los mecanismos necesarios para sanear el componente jurídico-financiero pendiente, incluyendo el pago de la deuda que la propia Gobernación tiene con la ESE.
La Superintendencia de Salud señaló que la sola consideración de los avances alcanzados no es una causal objetivo para finalizar la medida mientras subsistan “condiciones adicionales que justifican la vigencia de la intervención especial”, pero en su respuesta no detalla, enumera ni explica en qué consisten dichas condiciones.
La estela de cuestionamientos sobre el interventor
Al agente interventor de la ESE Hospital San José de Maicao, Larry Laza, lo persigue una estela de escándalos y señalamientos. La primera, fue la compra de dos lanchas ambulancia que difícilmente ha podido justificar ante la opinión pública en un municipio donde no hay mar ni río.
Desde el punto de vista técnico, pueden ser viables los traslados en estos vehículos desde comunidades remotas, pero los críticos señalan que la inversión de casi 1.700 millones de pesos no tiene mayor asidero frente a otras prioridades de la institución.
Pero no es todo. Al funcionario también se lo señala por la pérdida de unos $ 86.000 millones para ser invertidos en el modelo de salud impulsado por el gobierno Petro, con lo que debían constituirse CAPS.
Así mismo, al interventor se le cuestiona por 7 millones de dólares entregados vía cooperación internacional para la atención de población migrante desde Venezuela, y por recursos por el orden de 15.000 millones de pesos entregados por el ICBF para la atención de la primera infancia, un tema crítico en La Guajira, que convirtieron al hospital en un contratadero según lo denunció la congresista Cathy Juvinao.
El Superintendente Quintero insistió en que es jurídicamente improcedente devolver las competencias de administración al departamento o retirar al interventor Laza Barrios, ya que este es el mecanismo legal para ejecutar la medida. Así queda atornillado en el cargo.
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