Aunque el presidente Gustavo Petro ha insistido públicamente en defensa de Juliana Guerrero, a quien, protegido durante más de un año, a pesar de los señalamientos, la vallenata se sintió tan acorralada que madrugó a renunciar a su rol de representante del Presidente en el Consejo Superior Universitarios de la Universidad Popular del Cesar, UPC, y a contratar unos pesos pesados para su defensa. Se trata del bufete Álzate Hernández, firma penal liderada por Felipe Álzate Gómez y Simón Hernández Gómez. Los dos juristas son egresados de la Universidad del Rosario y tiene experiencia en asesoría y consultoría en derecho penal, disciplinario y fiscal.
Los abogados tendrán la tarea de desvirtuar las acusaciones formuladas por la Fiscalía y demostrar la inocencia de Guerrero frente a los señalamientos de una investigación de la Revista Semana que la comprometen con haber aceptado coimas de contratistas.
No es la primera vez que la firma asume un caso de alta exposición mediática. Entre los procesos más conocidos figura la defensa del exalcalde de Cartagena, William Dau, investigado por una presunta participación en política y por supuestas irregularidades relacionadas con la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
El despacho también representó al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, quien enfrentó un proceso tras las denuncias de su expareja, Beatriz Niño, por la presunta retención de sus hijos en el país africano. Asimismo, intervino en la representación de Andrea Valdez, la interna que denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual por parte de guardianes del INPEC en la cárcel El Pedregal de Medellín.
Los graves señalamientos de corrupción a Juliana y Verónica Guerrero
Los días en que Juliana Guerrero se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro y como una de las principales asesoras del Ministerio del Interior quedaron atrás. La exfuncionaria enfrenta un complejo panorama judicial tras el escándalo por los presuntos estudios académicos irregulares que presentó para ocupar altos cargos en el Gobierno. Ahora se le sumó otra investigación en marcha.
La investigación original gira en torno a los diplomas de un supuesto pregrado en Contaduría Pública y una carrera tecnológica en Gestión Contable y Tributaria de la Fundación Universitaria San José. Según las autoridades, estos documentos no tendrían respaldo como títulos legítimos, por lo que la Fiscalía sostiene que habrían sido falsificados o adquiridos de manera irregular para acreditar requisitos académicos.
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El caso tomó una nueva dimensión con la presunta existencia de una red de corrupción y tráfico de influencias en la que también estaría involucrada su hermana, Verónica Guerrero. Según la investigación de la revista Semana, la hermanas Guerrero lideraban una red de tráfico de tráfico de influencias y coimas para direccionar millonarios contratos estatales en los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad.
Aprovechando su cercanía con el Gobierno, cobraban una tarifa de $1.000.000 por la cita inicial, un anticipo de $200 millones para gestionar los accesos y una comisión final del 10% sobre el valor total de cada obra adjudicada.
La presunta red, según la investigación de Semana, utilizaría a David Trespalacios, conocido como David "Swagger", quien presuntamente sería el articulador y tramitador principal dentro de la red de corrupción. Según la investigación de Semana, el papel de Trespalacios consistía en actuar como el puente para gestionar millonarios contratos con entidades del Estado y cobrar coimas a nombre de las hermanas Guerrero.
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