El 8 de marzo de 1990, en Santo Domingo (Cauca), Carlos Pizarro entregó su pistola envuelta en una bandera de Colombia y puso fin a dieciséis años de guerra del M-19. Cuarenta y ocho días después, el 26 de abril, un sicario lo mató a bordo de un avión que iba de Bogotá a Barranquilla, mientras hacía campaña como candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19.
Había firmado la paz con el gobierno de Virgilio Barco. Esa muerte, apenas un mes después del asesinato de otro candidato, Bernardo Jaramillo Ossa, resume una época: Colombia llevaba años intentando sentar en una mesa a sus enemigos armados y, cada vez que lo lograba, alguien terminaba pagando con la vida el gesto.
La figura que hizo posible esa mesa había nacido siete años antes. En 1983, con Belisario Betancur en la presidencia y el país todavía sacudido por la violencia que dejó el gobierno de Julio César Turbay, el Estado inventó un cargo que hasta entonces no existía: alguien encargado, exclusivamente, de hablar con la guerrilla.
Betancur nombró de una vez a varios Altos Comisionados para la Paz, entre ellos al obispo de Florencia, José Luis Serna Alzate, al general en retiro Gerardo Ayerbe Chaux y al empresario Alfredo Carvajal Sinisterra, quien meses después fue reemplazado por Nicanor Restrepo Santamaría. Eran comisiones colegiadas, sin estructura propia, más dependientes de la voluntad del presidente de turno que de una institución con vida propia.
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Barco fue quien convirtió esa idea en una oficina con presupuesto y equipo fijo. Carlos Ossa Escobar la dirigió entre 1986 y 1988. Lo sucedió Rafael Pardo Rueda, encargado de cerrar las negociaciones que terminaron en la desmovilización del M-19, el mismo acuerdo que Pizarro firmó y no llegó a disfrutar.
Esa fue la primera paz completa de la historia reciente del país con una guerrilla, que dejó una herencia concreta: la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde antiguos combatientes del M-19, Antonio Navarro Wolff entre ellos, participaron en la redacción de una Constitución nueva.
El segundo triunfo no tardó en llegar. En marzo de 1991, siete meses después de que César Gaviria asumiera la presidencia con las banderas del nuevo liberalismo que dejó el asesinato de Luis Carlos Galán, el gobierno logró la desmovilización del EPL. Fue la última buena noticia que tendría la oficina durante casi veinticinco años.
Con Samper, Pastrana y Uribe, el cargo cambió de nombre varias veces. Pasó por las manos de Carlos Holmes Trujillo, Víctor G. Ricardo, Camilo Gómez o Luis Carlos Restrepo, sin que ninguno lograra cerrar un acuerdo con las FARC ni con el ELN. El Caguán y una silla de plástico que dejó vacía la ausencia de Tirofijo, el 7 de enero de 1999, durante la instalación de la mesa de diálogos entre la guerrilla y el gobierno de Andrés Pastrana se convirtieron en un monumento a ese fracaso prolongado.
En 1983, Belisario Betancur creó el cargo de Consejero para la Paz mediante los Decretos 240 y 2560 de 1983
— Simón Hernández (@currucuteando) July 14, 2026
Durante gobierno de Ernesto Samper, el Decreto 1959 de 1994 renombró el cargo como "Alto Comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz" pic.twitter.com/QbGaVoyxEf
El tercer acuerdo de paz -y hasta ahora el último- se firmó con Juan Manuel Santos. El comisionado Sergio Jaramillo, junto al jefe negociador Humberto de la Calle, llevó adelante las conversaciones de La Habana con las FARC, entonces comandadas por Timoleón Jiménez, alias Timochenko. El Acuerdo Final se logró en 2016.
De ese modo, la oficina que el presidente Betancur había creado para hablar con una guerrilla terminó negociando la paz con tres: el M-19, el EPL y las FARC.
La era Petro y sus comisionados con la fallida paz total
Gustavo Petro llegó a la presidencia en 2022 con la promesa de una paz total que incluyera no solo guerrillas, sino bandas criminales y estructuras de narcotráfico.
Con ese objetivo, nombró comisionado a Danilo Rueda, quien, según investigaciones de Noticias Caracol TV, tres semanas después de la posesión se habría reunido en el Urabá antioqueño con un jefe del Clan del Golfo y le habría ofrecido frenar bombardeos, reducir la inteligencia militar en las zonas del grupo y depurar la fuerza pública, todo antes de que existiera siquiera un proceso formal de negociación. Dichas conversaciones coincidieron con un crecimiento sin precedentes de la organización: entre 2022 y 2025 pasó de poco más de cuatro mil a casi diez mil integrantes y duplicó su presencia territorial.
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El polémico Rueda dejó el cargo en diciembre de 2023 y fue remplazado por Otty Patiño, un exguerrillero del M-19 que treinta años atrás había negociado la desmovilización de su propia organización. Bajo su gestión, el gobierno combinó bombardeos con diálogo. En diciembre de 2025, el Clan del Golfo aceptó instalar mesas de conversación en Doha, un proceso apenas naciente cuando terminó el mandato de Petro.
El fin de la figura del comisionado en la era de De la Espriella
El 13 de julio de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que su gobierno eliminará la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a partir del 7 de agosto, junto con la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.
En total desaparecerán 229 cargos. De la Espriella, crítico frontal de la paz total, aseguró que no habrá más procesos de “falsa paz” en su gobierno y que las funciones de esas dependencias pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, además de una nueva figura que llamó comisionado de seguridad. Otty Patiño será entonces el vigésimo primer y último funcionario en ocupar un cargo que existió durante más de cuarenta años.
Lo que se apaga el 7 de agosto no es solo un despacho de la Casa de Nariño. Es la institución que sostuvo, con obispos y exguerrilleros, con generales retirados y profesores universitarios, la idea de que Colombia podía hablar con quienes disparaban y traficaban desde las montañas. La oficina, que nació con Betancur respondiendo a la herencia violenta de Turbay, se apagará con De la Espriella. En el medio, quedan tres guerrillas desarmadas, miles de páginas de acuerdos firmados y la comprobación, una vez más, de que en Colombia la paz nunca ha sido un asunto sencillo.
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