Eran más de las nueve de la noche del 11 de noviembre de 2024, cuando Jairo Castellanos notó algo raro desde su finca: las luces de la casa de Luis Alfonso Valencia seguían prendidas a una hora en la que nunca las dejaba así.
Conocía las costumbres de su vecino y amigo, quien despertaba antes que el sol y apagaba todo temprano, como quien tiene que ordeñar al amanecer. Castellanos cruzó el potrero, llegó hasta la vivienda y encontró la puerta entreabierta. Adentro, nada estaba en su lugar. Los sillones de la sala, volteados y cortados por debajo. Del techo colgaban pedazos de cielorraso arrancados. En el mueble del comedor faltaban tablas enteras. Zapatos, relojes, televisores, todo había desaparecido.
Esas imágenes pusieron en marcha la búsqueda de un hombre que, según todos los que lo conocían en Guaduas, no tenía un solo enemigo.
Valencia tenía 67 años y venía de una infancia de ordeño, escuela y leña en las montañas de Antioquia. Nunca pasó de la primaria, pero llevaba en la cabeza, sin ayuda de ningún cuaderno, las cuentas de un negocio que terminaría siendo suyo.
A mediados de los años noventa llegó a Bogotá sin nada, junto a su hermano Luis Alberto y las esposas de ambos, Marina Arroyave y Gladys. Un par de meses después de haber llegado a la fría capital le llegó la idea de vender arepas en una ciudad que se desayunaba con pan. Caminaba de negocio en negocio dejando diez paquetes en consignación: si se vendían, cobraba; si no, los recogía al día siguiente. Tienda por tienda nació Arepas El Carriel, la marca que años después terminaría en los estantes de los supermercados grandes del país.
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El éxito llegó, pero también un problema en los pulmones que le complicaba respirar en la altura de Bogotá. Ocho años antes de morir, dejó la empresa en manos de sus hijos y se fue a vivir a una finca en Guaduas (Cundinamarca). Por fin, podía dedicarse a lo que nunca había dejado de querer: las vacas, los marranos, las gallinas, la vida de finca de su infancia.
Allí vivía junto a Johan Daniel Pinzón, el capataz que había contratado años atrás por un aviso clasificado y que residía con su esposa y sus hijos pequeños en una casa aparte, a pocos metros de la vivienda principal. Quienes los conocían coinciden en algo: la relación entre los dos era buena, sin gritos ni roces.
El domingo anterior a su muerte, Valencia había pasado el puente festivo con su familia en una finca de Nocaima. Sus nietos le insistieron en que se quedara un día más. Él prefirió volver a Guaduas. Fue la última vez que lo vieron con vida. Al día siguiente, una de sus hijas marcó su número y no obtuvo respuesta. Nadie se alarmó en ese momento porque era un hombre reservado, de esos que no avisaban dónde estaban ni con quién. Sin embargo, las horas pasaron y la angustia se hizo presente. Luego, llegó la llamada de Jairo Castellanos, el vecino que había entrado a la casa saqueada.
Uno de sus nietos, que manejaba las aplicaciones en el celular, rastreó la última ubicación del teléfono. La última señal lo ubicó entre el establo y la vivienda, alrededor de las tres de la tarde, poco antes de que el teléfono se apagara. Con esa pista, la familia avisó a la Policía, que llegó a una escena que al principio parecía un simple hurto.
Un grupo de la Sijín se dividió para rastrear el terreno boscoso que rodea la casa. Encontraron primero a una persona malherida. Minutos después, dos cuerpos sin vida a unos 250 metros de la vivienda: el de Valencia y el de Rubén López, un trabajador que ese día lo acompañaba en las labores de campo. Los dos estaban amarrados de pies y manos, con impactos de bala y con golpes previos a la muerte.
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La investigación arrancó casi a ciegas. No había cámaras cerca, la finca quedaba a 25 minutos del casco urbano y no existía un vecino que pudiera testificar lo sucedido. Adentro de la casa, los investigadores hallaron botellas y vasos que sugerían una reunión previa a los hechos. También cenizas de una fogata con restos de papeles quemados, entre ellos letras de cambio.
Valencia también prestaba dinero y esa cifra abrió una hipótesis sobre deudas pendientes. Las primeras sospechas cayeron sobre el entorno familiar, incluidos sus propios hijos, por una discusión reciente sobre la compra de maquinaria. También se consideró un secuestro por parte de algún grupo armado. Valencia había recibido amenazas años atrás cuando tenía tierras en Urabá. Las dos hipótesis se cayeron rápido: los hijos llevaban nueve años al frente de la empresa sin fricciones de fondo y no había amenazas recientes que sostuvieran lo del secuestro.
Faltaba una pieza. En medio del caos inicial, nadie sabía dónde estaba Johan Daniel Pinzón, el capataz. Su esposa, que se había ido de la finca días antes, también lo buscaba, así que al principio se le consideró una víctima más. La sospecha nació de un detalle pequeño: entre las huellas levantadas dentro de la vivienda aparecieron las suyas, en un espacio al que casi nunca entraba alguien que no fuera de la familia íntima. Su línea telefónica, además, había dejado de funcionar justo el día del crimen.
El rastreo a su esposa, llevó a los investigadores hasta Mariquita (Tolima), donde nació Pinzón. Una publicación en redes sociales de su esposa terminó de destapar lo que ya se sospechaba: Johan no estaba desaparecido, sino escondido. Los registros de llamadas de esa noche lo ubicaron en contacto con personas que estuvieron en la zona horas antes del crimen. Cuando la única sobreviviente del ataque pudo finalmente hablar, un reconocimiento fotográfico terminó de señalarlo.
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Las cámaras de los peajes reconstruyeron la fuga. Una camioneta Ford Raptor azul, de placas GBR 150, y una motocicleta con dos hombres a bordo, salieron de Guaduas, pasaron por Honda, se quedaron tres horas en Guarinocito, siguieron hacia Ibagué y de ahí hasta El Guamo, donde el vehículo desapareció durante dos días. Los vidrios polarizados no dejaban ver los rostros.
Semanas más tarde, un operativo en Honda logró la captura de un hombre que acompañaba a Johan, aunque él escapó en ese momento. El detenido, Sergio Andrés Gómez, se lesionó al saltar a un riachuelo para huir. Llevaba puesto un reloj que la familia reconoció como propio de Valencia. La sobreviviente lo señaló de ser el hombre que disparó esa noche. Poco después, nuevas interceptaciones ubicaron a Johan en Ibagué, donde intentó escapar otra vez, saltando desde un tercer piso a un segundo. Fue capturado.
Para las autoridades, el crimen no fue improvisado. Detrás había una estructura con presencia en Tolima, Antioquia y Caldas y, además, al menos cinco personas vinculadas de forma indirecta.
Johan cumplió el papel de ganarse la confianza de su patrón para entregar información sobre sus movimientos y dinero. Sergio fue señalado como el autor material de los disparos. El 16 de septiembre de 2025, ambos fueron condenados a cerca de 35 años de cárcel, después de aceptar los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.
La familia de Valencia no considera que la condena repare nada. Insisten en que la vida de un hombre que llegó a Bogotá sin nada y construyó una marca reconocida en el país no puede valer menos de cincuenta años de cárcel para quienes se la quitaron.
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