Más que un país dividido en dos mitades, Colombia parece atravesar un episodio de sufrimiento colectivo. La campaña presidencial terminó, pero dejó al descubierto algo mucho más profundo que una competencia electoral: la reaparición de viejos síntomas autoritarios que acompañan nuestra historia y que, cuando no son reconocidos, vuelven a conducirnos hacia la violencia.
No es la primera vez. Quizá esa sea precisamente la característica de nuestros traumas históricos: regresan bajo nuevas formas, con otros lenguajes y otros protagonistas, pero conservando una estructura semejante; cambian los actores, cambian las consignas, cambian las banderas; permanece la dificultad para reconocer al otro como un interlocutor legítimo.
Durante décadas el país ha oscilado entre proyectos de sociedad profundamente distintos:
- Uno busca preservar relaciones tradicionales de poder, jerarquías sociales y privilegios largamente consolidados.
- El otro insiste, con matices diversos, en ampliar la democracia, redistribuir oportunidades y reconocer la pluralidad de quienes habitan este territorio.
Esa tensión hace parte de la política y no debería escandalizarnos.
El problema comienza cuando la diferencia deja de ser política para convertirse en una amenaza existencial, cuando el adversario deja de ser alguien con quien disputamos el rumbo del país y pasa a ser alguien cuya existencia parece incompatible con la nuestra. En ese instante la conversación se rompe y la agresividad ocupa el lugar de la palabra; ese es, quizá, el síntoma más preocupante del momento colombiano.
Nos hablamos cada vez menos y nos clasificamos cada vez más; escuchamos únicamente aquello que confirma nuestras certezas y rechazamos cualquier argumento que provenga del otro lado. La esfera pública termina reducida a un intercambio de estigmas, sospechas y descalificaciones; poco a poco se deteriora el vínculo simbólico que hace posible reconocernos como integrantes de una misma comunidad política.
Recuerdo que la violencia nunca comienza con las armas; empieza mucho antes, cuando dejamos de imaginar al otro como un semejante. Comienza cuando la diferencia deja de ser una condición de la democracia y se convierte en una justificación para la exclusión. Nuestra historia conoce demasiado bien ese recorrido. Cada generación ha heredado heridas que no alcanzaron a elaborarse plenamente y que reaparecen bajo nuevas circunstancias, como si la sociedad estuviera atrapada en una dolosa compulsión a repetir aquello mismo que la ha destruido una y otra vez.
Quizá por eso resulta insuficiente hablar solamente de polarización. Lo que enfrentamos tiene rasgos de una patología del vínculo democrático, una forma de convivencia en la que la desconfianza sustituye al reconocimiento, el miedo reemplaza la deliberación y la identidad política termina construyéndose a partir de la negación del otro. No es una enfermedad de un solo sector, es una fragilidad cultural que atraviesa al conjunto de la sociedad colombiana y que encuentra terreno fértil cada vez que el miedo, la incertidumbre o las desigualdades alimentan discursos que prometen salvaciones definitivas o enemigos absolutos.
Sin embargo, ningún diagnóstico tiene sentido si no abre la posibilidad de un tratamiento. Tal vez la tarea más urgente después de esta campaña no sea convencer a quienes piensan distinto, sino recuperar la capacidad de conversar. No una conversación ingenua que ignore los conflictos reales ni las profundas desigualdades que atraviesan al país. Se trata, más bien, de reconstruir ese espacio simbólico donde la palabra vuelva a ocupar el lugar que nunca debió cederle a la violencia. Conversar no significa renunciar a las convicciones, significa reconocer que ninguna democracia puede sobrevivir cuando sus ciudadanos dejan de verse como interlocutores y comienzan a tratarse únicamente como enemigos.
Colombia necesita reformas, instituciones fuertes y decisiones políticas valientes; pero también necesita una tarea menos visible y quizá más difícil: sanar la relación que hemos construido con nuestras diferencias. Mientras no aprendamos a transformar el conflicto en conversación, seguiremos corriendo el riesgo de convertir cada desacuerdo en una nueva versión de nuestra vieja tragedia.
Este no es un llamado al consenso fácil ni a borrar las diferencias. Es, simplemente, un SOS ciudadano. Una invitación a defender la conversación como el último territorio donde todavía es posible imaginar un futuro compartido. Allí comienza, quizá, la forma más profunda de la democracia.
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