El abogado Germán Calderón España presentó una acción de tutela, en representación del candidato presidencial Abelardo De la Espriella, con la intención de que la orden del Tribunal Superior de Bogotá de retirar de su propaganda electoral símbolos nacionales y algunas expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria” sea revocada.
Calderon no solo acudió a la tutela como mecanismo para controvertir la decisión judicial, sino que anunció que denunciará penal y disciplinariamente al magistrado que adoptó la medida.
De ese modo, el debate dejó de estar centrado únicamente en la propaganda política y pasó también al terreno de la responsabilidad judicial y el alcance de las decisiones de los tribunales en época electoral.
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El anuncio marca una postura de la campaña frente al fallo: no lo asume como una simple controversia procesal, sino como una decisión que, a su juicio, debe ser revisada y eventualmente investigada.
La decisión que se tome sobre esa acción será clave para saber si el candidato podrá mantener sus expresiones de campaña o si deberá ajustar su estrategia de comunicaciones en lo que resta de campaña.
La acción judicial
La acción fue interpuesta ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia contra la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, cuyo magistrado ponente fue Rafael Albeiro Chavarro Poveda.
Según el documento, la defensa considera que la decisión judicial constituye una afectación directa a las garantías constitucionales del candidato cuando faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
En el escrito radicado ante la Corte Suprema, la defensa de De la Espriella sostiene que la medida cautelar adoptada por el tribunal carece de proporcionalidad y afecta derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
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Dentro de los argumentos expuestos, el abogado sostiene que la tutela cumple con los requisitos de procedencia porque fue presentada el mismo día en que se conoció formalmente la decisión judicial y porque, a su juicio, no existe otro mecanismo eficaz que permita obtener una protección inmediata de los derechos invocados antes de la segunda vuelta presidencial.
La defensa también cuestiona los fundamentos utilizados para decretar las medidas provisionales. En el documento se afirma que no existía una apariencia suficiente de vulneración de derechos que justificara una decisión urgente. Además, no se acredita un riesgo inminente que hiciera necesaria la adopción inmediata de las restricciones ordenadas.
El abogado que también se enfrentó al CNE
El abogado Calderón España fue también quien presentó en abril pasado un recurso de recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada del Consejo Nacional Electoral, a quien le solicitó que se apartará de cualquier actuación administrativa que se adelante con la encuestadora Atlas Intel.
#Atento | El abogado de Abelardo De La Espriella, Germán Calderón España, interpuso una recusación contra el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada para apartarlo de cualquier actuación administrativa en contra de la firma Atlas Intel pic.twitter.com/N87d8QLlwZ
— Asuntos Legales (@asulegalesLR) May 20, 2026
Calderón argumentó que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dicta en su artículo 11 que "cuando hay interés general propio de la función pública que entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido".
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