En medio de las acusaciones que rodean a Alex Saab, empresario colombiano señalado por sus estrechos vínculos con las altas esferas del poder venezolano, la justicia ordenó el embargo de bienes pertenecientes a las empresas Jacadi de Colombia y Shattex por un valor de $1.478.035.652.
La medida fue adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla. Actualmente, Saab permanece recluido en una prisión federal de Miami, donde enfrenta un proceso judicial por participar presuntamente en un esquema de corrupción mediante el cual se habrían desviado más de 350 millones de dólares.
La empresa Jacadi de Colombia estuvo vinculada durante años a Alex Saab y a su primera esposa, Cynthia Eugenia Certain Ospina. La pareja se conoció mientras cursaba estudios universitarios en Barranquilla. Tras regresar de una temporada en Berlín, donde buscó nuevas ideas para impulsar los negocios familiares, Saab ingresó a estudiar Administración de Empresas en la Universidad del Norte. Allí conoció a Cynthia, estudiante de derecho e hija del arquitecto y exalcalde de Barranquilla Gustavo Emilio Certain Duncan.
Desde entonces, ambos participaron activamente en el desarrollo de las empresas textiles de la familia. Sin embargo, para 2010, la situación financiera de estas compañías era crítica. Las dificultades económicas llevaron a Saab a trasladarse a Caracas en busca de nuevas oportunidades, mientras Cynthia Certain emprendía actividades como la venta de tortas y postres para contribuir al sostenimiento familiar. En Venezuela, Saab comenzó a relacionarse con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, fortaleciendo una red de contactos que posteriormente se extendería durante la administración de Nicolás Maduro. Años después, la relación matrimonial entre Saab y Cynthia llegó a su fin.
A pesar de la separación y de la posterior relación sentimental de Saab con la modelo italiana Camila Ferri, Cynthia Certain continuó desempeñando un papel relevante dentro de las empresas textiles y mantuvo la titularidad de buena parte de los bienes asociados a estas sociedades. Según informó la revista Semana, el 7 de junio de 2026, el embargo decretado por la justicia busca garantizar una eventual reparación económica a las víctimas de los hechos investigados.
De acuerdo con las autoridades, la empresa Shattex habría sido utilizada para movilizar millones de dólares mediante operaciones que simulaban exportaciones de prendas de vestir desde Colombia hacia Ecuador, Venezuela y Australia. Por su parte, Jacadi de Colombia S.A. habría servido como plataforma para el manejo, depósito y ocultamiento de recursos presuntamente vinculados con estas actividades ilícitas, motivo por el cual ambas compañías quedaron cobijadas por las medidas cautelares ordenadas por la justicia colombiana.
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