Si el alcalde Enrique Peñalosa se mantiene en su posición de acabar con la planta temporal de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación -ACDPVR-, a partir del 1 de julio las víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá se quedarían sin la atención psicosocial que prestan los funcionarios en los siete centros de atención que existen en la ciudad.
Durante los últimos cuatro años Bogotá logró a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación diseñar e implementar una infraestructura humana y logística para brindar atención digna a las víctimas del conflicto armado que residen en la ciudad.
Según cifras de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- en Bogotá se han declarado víctimas más de 640 mil personas, de las cuales 360 mil aún ejercen sus derechos en la capital del país. Durante el último cuatrienio, el Distrito brindó atención a la gran mayoría de esta población a través de los siete Centros Locales de Atención, antes Centros Dignificar.
Pese a los avances que alcanzó la ciudad en materia de atención integral a las víctimas del conflicto --logrando por tres años consecutivos calificación ‘Alta-sobresaliente’ en implementación de Ley de víctimas por parte de la UARIV-- hoy la ciudad se enfrenta ante una interrupción del modelo de atención psicosocial hacia las miles de familias víctimas del conflicto que viven en ella, ya que la planta de personal que presta dicho servicio cuenta con vinculación hasta este 30 de junio. Si el alcalde Enrique Peñalosa se mantiene en su posición de acabar con la planta temporal de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, a partir del 01 de julio las miles de víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá se quedarán sin la atención psicosocial que prestan los funcionarios en los siete centros de atención que existen en la ciudad.
Si bien la nueva administración está adelantando nuevos procesos de contratación para suplir a los funcionarios, las personas contratadas no cuentan con experiencia en atención psicosocial a las víctimas. Además, los objetos contractuales están enfocados a otras actividades que no tienen relación con la atención integral, lo que evidentemente expondría a la población a una revictimización, ya que los nuevos funcionarios tendrían que iniciar de cero los procesos de acompañamientos con las familias.
Informamos a la opinión pública que debido a la postura asumida por la actual administración, en cuanto a la continuidad de la planta de personal, los profesionales del área psicosocial de la ACDVPR se vieron en la obligación de cerrar los procesos integrales de acompañamiento a las familias a las que se les venía prestando dicho servicio.
Como Sindicato de la ACDVPR no preocupa el poco interés que la actual administración muestra con la población víctima del conflicto armado que vive en la ciudad, ya que a la fecha el Distrito ni siquiera cuenta con Plan de Acción Distrital, documento clave para definir el camino que deberá seguir la administración para atender a esta población durante los próximos cuatro años.
De igual manera vemos con preocupación que ante el momento histórico que vive el país tras la firma de varios puntos del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, la actitud asumida por el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, sea acabar con el modelo de atención integral a las víctimas del conflicto armado en la ciudad.
