Estamos en Colombia, un mundo parecido a Macondo; ese mundo literario enrevesado e inventado por la imaginación y la pluma de nuestro premio nobel Gabriel García Márquez.
En ese mundo macondiano hay incongruencias hiperbólicas: hay normas legales, pero ilegítimas, así como también leyes ilegítimas, pero legales. Vivimos aproximadamente 45 millones de personas gobernadas por la desidia, la corrupción, la injusticia y los asesinatos selectivos.
Sí, en esta Colombia macondiana pareciera que el tiempo estuviera suspendido en un hilo invisible sostenido por la mano omnipotente de un dios que constantemente nos pide que soportemos estoicamente la inequidad. Aquí, un pueblo resignado ha soportado durante años las arbitrariedades de sus gobiernos y dirigentes, que cometen delitos de corrupción e inoperancia a granel y nada pasa.
Aquí, la casa por cárcel es el premio perseguido por quienes han detentado el poder y han robado el erario. Robo que deja a escuela y universidades sin posibilidades de cumplir y alcanzar su función social.
En este país de perogrulladas solo se castiga a quienes llevan ruanas y alpargatas. La gente del común recibe un torrente abigarrado de normas, como la perla que nació el 2 de junio como u de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social con el ánimo de definir criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y adoptar un protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.
Perlas que aparecen legalmente basadas en las facultades conferidas en el artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, en el artículo 1 del Decreto Legislativo 539 de 2020, la Constitución Política de Colombia, la Ley 1751 de 2015 y la Ley 9 de 1979, entre otros soportes referidos a la salud, protección de la vida y la educación.
La Resolución 777, según mi criterio, está en contravía de la realidad de infraestructura de la gran mayoría de escuelas oficiales. Instituciones oficiales sin el servicio básico de agua potable, sin energía eléctrica, sin servicio de internet, en fin, instituciones abandonadas por la inercia administrativa de gobiernos indolentes.
Esta situación de las escuelas lleva al MEN y a los secretarios de Educación a cambiar la idea de la presencialidad total a la alternancia. Pero la alternancia no es la solución, ya que trae consigo un inconveniente más grave, puesto que el distanciamiento social en las escuelas obliga a la asistencia de una parte de los estudiantes. Los alumnos que se quedan en la virtualidad no van a poderse atender por la ausencia tecnológica de las escuelas y porque el tiempo laboral de los profesores no les alcanza para cumplir con su labor pedagógica.
Cabe acotar que la mencionada resolución, en el artículo 4 (referido a los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado en su Parágrafo 3), así como el artículo 5 y su parágrafo (referidos al retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial) intentan negar u ocultar la reactivación mundial de los contagios con la variante delta.
Es decir, la realidad cambió drásticamente después de que saliera a la luz pública esta normativa, poniendo de manifiesto que aquellos países que habían declarado la reapertura económica y social porque tenían un alto porcentaje de personas inoculadas esperanzadas en la inmunidad de rebaño como sucedánea en el control del virus no estaban cerca de la solución del problema. Todo se fue al traste y lo que se había realizado con los protocolos de bioseguridad tenía que revisarse. Esto es, nuevamente, a cuidarse para no contagiarse con la mortal variante.
En esa resolución, cuyas directrices podrían tomarse como un cúmulo gaseoso de ideas contra la vida de niños, jóvenes y adultos de un Estado que supuestamente vela por la salud y el bienestar de sus asociados, se evidencia una vez más el interés por el capital y el tener más que por el derecho a la vida y al ser de los ciudadanos.
Con esto no se afirma que la economía y finanzas del país no son importantes para la reactivación del desarrollo y progreso de los pueblos, sino que no se está analizando la realidad del contexto mundial para determinar, mediante una norma, lo que beneficia a los asociados. Entonces, en el caso particular de la educación, a mi parecer, no es coherente que haya un regreso a las aulas de clases cuando el mundo sufre un recrudecimiento de la pandemia (y así lo informan desde hace mucho tiempo los medios). Esta es, entonces, una resolución descontextualizada en el tiempo y el espacio del aquí y el ahora.
Allí están las evidencias de lo que pasa en el mundo, tal como lo registra la prensa nacional e internacional, miremos: France 24 titulaba el 23 de junio “La variante Delta podría causar el 90 % de los contagios en la UE para agosto”; el 10 de julio, el periódico La Vanguardia titulaba “La variante delta se extiende por Europa y es casi mayoritaria en España”; el 12 de julio, CNN titulaba “La variante delta del covid-19 amenaza la reapertura de Europa”; el 23 de julio se titulaba así en el periódico El Tiempo: “Covid: alertan sobre expansión de la variante delta en Europa”; la revista Semana, el 31 de julio titulaba “Los países que están quedando en jaque por la variante delta del coronavirus”, y la misma revista, el 7 de agosto enmarcaba el titular “Las asustadoras características de la variante”.
Ante estas evidencias, ¿qué pueden decir nuestros preclaros y ecuánimes gobernantes cuando la resolución es de fechas anteriores al recrudecimiento de la pandemia con la nueva variante? ¿Estamos más preparados que países como Israel y China que confinaron y apretaron en estos días sus recomendaciones para atacar el contagio de la variante delta?
Tal vez no haya respuesta válida en el momento. De lo que sí estoy muy seguro es del ánimo revanchista contra todo aquello que represente al magisterio. La intención es que la salud y la vida de los integrantes de las escuelas y colegios recaiga en padres, docentes y directivos, y no en quienes no supieron resolver con decisión las consecuencias de la pandemia. Existe el prurito de que los maestros adoctrinan a sus estudiantes; por tanto, es mejor que comiencen a pagar por ser los que primero protestan contra los gobiernos.
No obstante lo anterior, se puede afirmar que los docentes siempre han manifestado que el lugar natural de su profesión son las aulas de clases, pero que muchas de ellas no tienen las condiciones mínimas. Asimismo, expresan que el esquema de vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño ya no es de dos dosis, sino de tres. Esto va en contravía de lo que hay actualmente.
Agregándose también que la inoculación de los biológicos aún no se les aplica a los niños y jóvenes adolescentes y el Ministerio de Educación de Colombia, basado en lo expuesto en la Resolución 777, manda a las instituciones educativas a la presencialidad. Pareciera que prima el poder coercitivo para deslegitimar al magisterio de su exigencia de calidad, cobertura educativa al ciento por ciento y respeto por la vida del pueblo colombiano.
Del mismo modo, si analizamos cómo se ha venido informando de la variante delta, muy seguramente tendríamos los motivos para temer un pronto contagio en la población de infantes y jóvenes del país, más teniendo en cuenta que, como lo demuestran las estadísticas, aún no se ha iniciado ni recomendado la vacunación para niños de 12 años.
Según el periódico El Tiempo, “aunque la OMS no especifica cuál debería ser el porcentaje mínimo de inmunización para disminuir la transmisión viral, algunas voces la sitúan alrededor del 90 % (nivel con el que coincide Alejandro Gómez, secretario de Salud del distrito capital y que de acuerdo con el salubrista Pedro León Cifuentes, no se podría alcanzar sin vacunar a los menores de 12 años, para los que aún no existen biológicos probados, y que en Colombia serían el 20,09 %)”.
Luego entonces, cabe preguntarse ¿quién asume la responsabilidad de un contagio masivo en las escuelas y colegios en la ciudad turística de Cartagena cuando se está asumiendo que tenemos las condiciones para la apertura de las instituciones? ¿Qué sucederá con los asintomáticos que lleguen a las escuelas y comiencen a regar el virus entre familiares y amigos porque lo adquirieron en las aulas escolares? ¿Existen condiciones óptimas para realizar un control de contagios en niños, niñas y jóvenes sin dosis de vacuna? ¿Qué sucedería si el MEN, la Alcaldía, la Secretaría de Educación, las directivas de los planteles, amparados en un consentimiento informado impuesto y rubricado por padres y acudientes, no asuman su responsabilidad ante un contagio masivo en las escuelas y colegios?
Creo que debería haber un poco de sindéresis y asumir una alternativa más responsable desde estos entes estatales para que no vayamos a lamentarnos y rasgarnos las vestiduras ante nefastos acontecimientos. Las únicas alternativas son, según mi criterio y creyendo en la buena fe de los gobernantes, mantener la virtualidad en su máxima expresión y esperar que la OMS indique la vacunación masiva para niños y jóvenes, y el virus sea controlado desde respuestas farmacológicas avaladas por los organismos especializados.
Sabemos de la importancia de la salud mental y emocional de los infantes y jóvenes, pero sabemos también que la vida es más importante en estos momentos. La idea es evitar lamentarnos por lo que pudimos hacer y no hicimos a su debido tiempo.
