Es absolutamente contrario a la realidad afirmar que durante la administración del presidente Iván Duque no se hubiera avanzado en la implementación del Acuerdo de Paz. Lo cierto es que se dejaron listas las planeaciones de todo lo que debía continuar durante los doce años posteriores y se logró mucho más de lo que correspondía a un periodo de de solo cuatro años.
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En lo relacionado con las víctimas, se logró la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2031. Durante nuestro periodo se otorgaron 403.441 indemnizaciones individuales por un valor de 3,5 billones de pesos, mientras que 502.535 víctimas fueron beneficiadas con medidas de satisfacción. Asimismo, se reconocieron 50 sujetos de reparación colectiva. En materia de restitución, el proceso alcanzó el 80 % del territorio nacional, con 10.423 demandas presentadas y 2.719 sentencias proferidas que ordenaron compensación y/o restitución sobre 221.128 hectáreas, en beneficio de 34.555 víctimas. También se reglamentaron las curules de las víctimas, y se viabilizó su elección al Congreso.
En cuanto a la reincorporación, el respaldo fue garantizado por ley hasta lograr su implementación efectiva. Se elaboró una hoja de ruta, se realizó un censo, se puso en marcha el Sistema Nacional de Reincorporación y se diseñó un Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Como resultado, se desarrollaron 4.486 proyectos productivos en beneficio de 9.213 personas, se definieron rutas de acceso a vivienda para 1.952 personas, y se destinaron 1.840 hectáreas para proyectos productivos o de vivienda. En paralelo, 1.334 niños y niñas recibieron asistencia alimentaria, 7.512 personas accedieron a educación, y el 98,9 % de la población reincorporada quedó afiliada al sistema de salud.
En el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se formularon 14 de los 16 planes y se estructuró una hoja de ruta para su ejecución. Se tomó la decisión de focalizar recursos provenientes de regalías, del mecanismo de Obras por Impuestos y del Trazador Presupuestal de Construcción de Paz del Presupuesto General de la Nación. Un total de 170 acuerdos municipales y 18 ordenanzas departamentales adoptaron los PDET como política de largo plazo. Se implementó una gerencia de proyectos en 168 municipios y se aprobaron más de 3.358 proyectos, con una inversión de 13,5 billones de pesos en ejecución al cierre del periodo.
En lo relativo al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la estrategia “Colombia Sustituye”, se reestructuró el programa y se dejaron listos cuatro nuevos modelos para implementación. Se construyeron planeaciones de largo plazo en todos los municipios priorizados, se erradicaron voluntariamente 19.790 hectáreas de coca, y se logró una tasa de resiembra inferior al 1%. Un total de 76.283 familias recibieron recursos para adecuar sus predios, y 75.825 familias recibieron asistencia técnica.
En el componente de desarrollo rural integral, se formularon los 16 planes previstos y se dejaron funcionando. En cuanto a la formalización de la propiedad rural, se ingresaron 1’710.712 hectáreas al Fondo de Tierras. Para la promoción y comercialización de la economía campesina, familiar y comunitaria, se realizaron 236 mercados campesinos que beneficiaron a 2.558 organizaciones y 9.555 productores. En el área de generación de ingresos para esta economía, se destinaron 184.333 millones de pesos en seguros agropecuarios que respaldaron inversiones por un total de 5,42 billones de pesos.
Se llevaron a cabo procesos de electrificación rural que beneficiaron a 200.640 usuarios en zonas no interconectadas, y se instalaron 46 Zonas Digitales Rurales junto con 170 Centros Digitales en municipios PDET. En infraestructura agrícola, se intervinieron 96.925 hectáreas en 22 distritos de riego y se implementaron 47,35 hectáreas de riego por goteo, beneficiando a 21.837 familias. En cuanto a integración regional, se dejaron listos 5.626 kilómetros de vías. En el frente de agua potable y saneamiento básico, 573.117 familias accedieron a soluciones adecuadas y 447.440 a esquemas tradicionales.
En vivienda social rural, se entregaron 12.505 soluciones habitacionales, de las cuales 8.951 correspondieron a viviendas nuevas y 3.354 a mejoramientos, mediante subsidios que sumaron 725.298 millones de pesos. En cuanto al derecho progresivo a la alimentación, 84.079 hogares accedieron a unidades de autoconsumo y se construyeron 32 plazas de mercado y galerías.
El Plan Nacional de Salud Rural realizó transferencias por 106.711 millones de pesos para cofinanciar 52 proyectos que incluyeron infraestructura, dotación hospitalaria y transporte medicalizado. Al cierre de nuestro periodo, el 36 % de las IPS públicas del plan ya contaban con servicios habilitados de telemedicina.
En educación rural, 516.870 niños y niñas recibieron seis o más atenciones priorizadas. De ellos, 256.616 correspondían a zonas rurales. Entre quienes tenían pertenencia étnica, se contabilizaron 119.309, incluyendo 89.369 indígenas, un estudiante Rrom y 29.939 pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Además, 1’445.891 estudiantes fueron beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por otro lado, 285 organizaciones solidarias fueron fortalecidas en capacidades productivas y administrativas. En derechos laborales, el 60 % de los municipios contaban con rutas de empleo y el 47,78 % con cobertura del Servicio Público de Empleo. Finalmente, el Plan de Zonificación Ambiental dejó 756 acuerdos de conservación y una inversión de 6.287 millones de pesos.
El balance de la verdad es claro: Más allá de las falsedades y discursos, la implementación avanzó con hechos, recursos, planificación y resultados tangibles.
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