En Colombia, los concejales tienen deberes claros: representar al pueblo, ejercer control político y vigilar la gestión pública conforme a los principios de la función pública. Así lo establecen el artículo 123 de la Constitución y la Ley 1952 de 2019.
Un concejal debe representar a todos y no usar su investidura para insultar, generalizar ni promover la ilegalidad. No puede ser influencer institucional ni comerciante de su gremio. Al usar su cargo para provocaciones, la democracia pierde contenido.
Colombia ha vivido episodios bochornosos de abuso de poder por parte de concejales. El de Chía, borracho, irrumpiendo en una guarnición militar. Los de Barranquilla, sancionados por viciar la elección de la personera. En Piedecuesta y Bucaramanga, concejales sancionados por amenazas, agresiones y altercados. No son excepciones, sino síntomas de una profunda desconexión con el valor ético del servicio público.
Desde la sentencia C-530 de 1993, la Corte Constitucional ha señalado que el control de tránsito es competencia legítima de los entes territoriales. Los agentes de tránsito, en Bogotá, actúan en nombre de la ley. Imponen comparendos no por capricho, sino por deber legal. Su autoridad busca prevenir muertes y ordenar el caos urbano. Su función no es política, es técnica y vital.
Aclaro: no todos los motociclistas son infractores. La mayoría son ciudadanos que respetan la norma. Pero el concejal Julián Forero, “Fuchi”, ha decidido construir su personaje no desde el liderazgo institucional, sino desde el escándalo viral, el populismo confrontacional y el oportunismo comercial. El motero agresivo que zigzaguea y agrede contra el agente de tránsito humilde e inerme que busca que se respete la ley.
El concejal ingresó o ayudó a que una motocicleta con una marca comercializa ingresara al recinto del Concejo, rodando entre oficinas públicas como si se tratara de una pista de exhibición
Difundió videos en los que califica a los agentes de tránsito como ladrones. Los señaló a todos bajo sospecha porque según él, los agentes hacían operativos buscando “el pescado” den semana santa. Ha acompañado caravanas que desafían operativos. Todo con una narrativa reduccionista: “el pueblo bueno y agresivo contra el Estado opresor”.
Y lo más delicado: ha hecho merchandising con su cargo. Su rol de concejal se funde con su condición de comerciante del sector de las motos. Ese conflicto de intereses, evidente y reiterado, desnaturaliza su función. La representación no puede ser vitrinas para negocios. La política no es para vender, sino para servir.
Ha generalizado sin pruebas. Ha desdibujado la legitimidad de la autoridad de tránsito y ha sembrado temor entre los servidores públicos. Cada agente que sale a imponer un comparendo legal se pregunta si será el próximo blanco de burla en redes sociales. Ese no es el deber de un concejal: es un desvío grave y éticamente inadmisible.
Póngase usted, concejal, en el uniforme de una agente de tránsito. Ocho horas en la vía. Gases, insultos, inseguridad. Y ahora también, desprecio institucional. Porque sus videos no solo critican: estigmatizan. No corrigen: humillan. ¿Quién devuelve el respeto perdido por culpa de su burla sistemática contra quienes hacen cumplir la ley?
No escribo esto solo como abogado. Escribo como hijo de Pedro Pablo Carranza López, excomandante de tránsito de Bogotá, recientemente fallecido tras enfrentar un EPOC y un cáncer adquirido durante décadas de servicio. Mi padre llegó muchas veces a casa con el uniforme manchado de sangre de las víctimas que ayudaba a salvar. Trabajó con entrega, sin show, con amor por esta ciudad. Su recuerdo me da autoridad moral para hablar.
Me duelen los insultos a los agentes azules. Me duele el desprecio desde una curul que debería representar a todos. Me duelen los videos virales que reducen a servidores dignos a caricaturas. Porque conozco el lado humano de esa labor. Y sé que miles de agentes, como mi padre, se juegan la vida todos los días por Bogotá.
Las actuaciones del concejal motero no son solo desconsideradas. Pueden constituir una falta disciplinaria, un posible abuso de poder y un conflicto de intereses. El Código Disciplinario es claro: quien usa su cargo para favorecer sus negocios o estigmatizar servidores públicos debe responder.
Invito a los agentes de tránsito a alzar la voz, a defender su honra. Invito al Concejo de Bogotá a actuar. A la Procuraduría, a investigar. Porque el respeto institucional no se discute: se garantiza.
Bogotá no puede tolerar que una curul se use para dividir, atacar o vender. La política no es espectáculo. La representación no es mercancía. Es un acto de amor por el servicio público. Quien no lo entienda, no merece servir. Mucho menos, como aspira el concejal, llegar al Congreso o al Senado.
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@HombreJurista
