A las nueve de la noche del pasado jueves, cuando el barrio Santa Fe ya había entrado en su horario habitual, alguien decidió que era el momento de recordar quién manda. Dos hombres en moto avanzaron por la carrera 16A, frenaron apenas lo necesario y lanzaron una granada hacia la puerta del bar Troya. El estallido fue seco, breve, suficiente. La onda expansiva recorrió la calle 23 como una bofetada. Trece personas quedaron heridas. Una murió. Se llamaba Henry Gómez, tenía 75 años y llevaba varios años trabajando en la zona que muchos ya no lo pensaban como un empleado sino como parte del paisaje humano del Santa Fe.
Henry estaba en la puerta, como casi siempre. Invitaba a entrar, ayudaba en lo que hiciera falta, miraba pasar la noche. Lo alcanzó la explosión y lo alcanzó la historia larga de un barrio que desde hace décadas es escenario de disputas que nunca aparecen en los folletos turísticos. Lo llevaron a un hospital cercano, pero murió minutos después. El bar seguía lleno cuando todo ocurrió. Era una noche común en la zona de tolerancia de Bogotá, ese territorio delimitado en 2001 por decisión de la Alcaldía de Antanas Mockus para concentrar el ejercicio de la prostitución y, en teoría, facilitar el control estatal. Veinticuatro años después, el control es una palabra frágil.
| Lea también: Video: En el barrio Santa Fe, los habitantes de calle aprenden a confeccionar
Santa Fe es una cuadrícula de bares, hoteles, prostíbulos, expendios de droga, vendedores de alcohol y sombras que cambian de bando según quién esté ganando. La decisión de centralizar la actividad sexual no erradicó las dinámicas ilegales: las ordenó en el espacio. Allí conviven el consumo de drogas, la venta de estupefacientes, el tráfico de armas, las extorsiones y la presencia constante de bandas criminales que se disputan cada cuadra como si fuera una frontera móvil. El atentado contra el Troya no fue un hecho aislado, sino una escena más de una guerra que se libra a baja intensidad y alta frecuencia.
El establecimiento atacado funciona como hotel y como club nocturno. Su propietario es César Augusto Sarmiento, un comerciante bogotano que abrió el lugar en febrero de 2020, en plena antesala de la pandemia. Desde entonces ha recibido amenazas. Hace ocho meses, según la Policía Metropolitana, hubo una llamada extorsiva. Se ofreció acompañamiento. El caso pareció enfriarse. No se enfrió. En Santa Fe, las amenazas no desaparecen: se aplazan.
Las autoridades manejan dos hipótesis para explicar el ataque. Una apunta a un ajuste de cuentas entre bandas que se disputan el control del microtráfico y otras rentas ilegales. La otra señala un cobro extorsivo no atendido. En ambos escenarios aparece el mismo telón de fondo: la pelea por un territorio que produce dinero todos los días y todas las noches. La investigación preliminar señala como posible responsable a un hombre conocido como alias Maracucho, integrante del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela que se ha expandido por América Latina al ritmo de las rutas migratorias y de las economías ilegales.
El Tren de Aragua llegó a Bogotá hace varios años y encontró en Santa Fe un espacio propicio: alta circulación de efectivo, múltiples negocios vulnerables, población flotante, miedo estructural. Durante un tiempo logró imponer reglas, cobrar extorsiones, controlar la venta de estupefacientes en locales nocturnos. Esa hegemonía comenzó a resquebrajarse con los operativos policiales. En octubre de 2024 fue capturado alias Eryk, jefe logístico y financiero de la banda en Bogotá. Era una pieza clave: coordinaba extorsiones, manejaba dinero y articulaba conexiones internacionales que incluso salpicaban a países como Chile y Perú, donde la banda replicaba su modelo de franquicias criminales.
La caída de Eryk debilitó la estructura. El mando pasó a alias Maracucho, un perfil más violento y menos organizado, que comenzó a perder terreno. Con el repliegue del Tren de Aragua apareció un nuevo actor decidido a ocupar el vacío: una banda conocida como Los Boyacos. No es una organización transnacional, pero sí un grupo con experiencia en el control territorial y el microtráfico en distintas zonas de Bogotá. Uno de sus cabecillas identificados es Willington Matiz, alias Filipo, dedicado al reclutamiento de jóvenes para la venta de droga y el recaudo de dinero.
| Lea también: Los edificios incautados por la SAE vueltos burdeles y residencias en el peligroso barrio Santafé
Los Boyacos operaban principalmente en barrios del noroccidente de la ciudad, en localidades como Suba, pero en los últimos meses comenzaron a avanzar hacia el centro. Santa Fe se convirtió en el botín. La presencia del Tren de Aragua se redujo, pero no desapareció. El atentado con granada parece responder a esa tensión: un mensaje para decir que aún están ahí, que no se han ido del todo, que el territorio sigue en disputa.
La investigación intenta establecer si la persona objetivo del ataque estaba en la puerta del hotel esa noche, si el explosivo iba dirigido a alguien concreto o si se trató de una advertencia general. También se indaga sobre videollamadas extorsivas en las que aparecen hombres con camuflado exigiendo grandes sumas de dinero, sin que esté claro si provienen de Los Boyacos o de remanentes del Tren de Aragua que buscan recuperar espacio. No sería la primera vez: hace tres años ya hubo un intento de atentado con granada que no explotó. Desde 2023, las amenazas se volvieron más frecuentes. El Gaula conoce los casos. El miedo, también.
La Policía Metropolitana de Bogotá, bajo el mando del general Giovanni Cristancho, enfrenta el desafío de controlar una zona donde el delito se camufla entre la legalidad aparente de bares y hoteles. Santa Fe no es solo un problema de orden público: es el resultado de decisiones urbanas, desigualdad social y economías ilegales que se alimentan entre sí. Cada captura mueve las fichas. Cada atentado deja claro que el tablero sigue en juego.
Mientras tanto, los comerciantes refuerzan puertas, los trabajadores miran dos veces antes de salir y los clientes siguen llegando. Henry Gómez ya no está para ver pasar la noche. Su muerte quedó atrapada en la estadística y en la memoria de quienes lo conocían. En Santa Fe, la violencia no irrumpe: avisa. El estallido del jueves fue uno más en una secuencia que todavía no encuentra final.
Anuncios.
Anuncios.
