Opinión

Una verdad inconveniente

Lo que está sucediendo, no es otra cosa que una dictadura democrática, el desmonte sistemático del conjunto de derechos civiles y humanos que la sociedad ha ido adquiriendo desde la Constitución del 91,

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marzo 04, 2020
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Una verdad inconveniente
 Las políticas represivas del gobierno se justifican en que exista un clima de violencia y miedo 

Con el transcurso de cada semana, el gobierno que lidera Iván Duque pierde credibilidad y genera mayor desconfianza en importantes sectores de la sociedad y de la comunidad internacional, en especial en los países que han acompañado la implementación del acuerdo de paz y que ahora ven con creciente preocupación la actitud irresponsable y peligrosa con la que el despacho presidencial ha recibido el informe sobre Derechos Humanos presentado por la ONU.

La sensación creciente de que el gobierno Duque tiene como último fin desmontar importantes avances sociales, que pasan por cumplir con los compromisos de la paz, hace que su índice de aprobación ronde el 20%. Esto, a pesar de la constante campaña mediática y narrativa, para deslegitimar opositores -periodistas, políticas, investigadoras,– de manipular a la ciudadanía, usando a los medios de comunicación afines, de la censura a críticas, de ocultar o matizar datos que le resulten inconvenientes. De nombrar en puestos claves para el funcionamiento ecuánime del Estado a condiscípulos, o a familiares de personas cercanas al presidente, cuyas cualificaciones se basan en su lealtad hacia el proyecto político que representa.

Cada semana, las actitudes y posturas del ejecutivo sobre temas claves para la democracia demuestran un talante autoritario, cerrado, que justifica con su silencio actos de intolerancia, cuando no delictivos, contra sus contradictoras y opositores. Ese silencio, esa ausencia de condenación hacia actos ruines que violentan los derechos humanos, políticos y civiles dice mucho de lo que realmente está en juego, de lo que se oculta detrás de la pose mediática de un presidente que realmente representa a un sector retardatario, ultraconservador, de corte militarista que reniega del espíritu incluyente y democrático de la constitución original del 91 y prefiere el excluyente, represivo y conservador de la constitución de 1886.

Si de candidato el entonces senador Duque se presentó al electorado como un hombre carismático, hábil con el balón, la guitarra y el baile, de centro, a pesar de pertenecer a un partido de derecha y tradicional, si su campaña estuvo fundamentada en el miedo hacia un modelo más incluyente y equitativo, su gobierno se ha ido develando como lo que realmente es, y, si hasta ahora había hecho un esfuerzo por mantener las formas, aunque sus actos desde el comienzo ya dieran pistas sobre el proyecto que pretendía desarrollar él y su partido, lo cierto es que la reacción al informe, que se encuentra disponible de forma gratuita y en español en la página web de la ONU, demuestra un cambio de actitud que revela lo que muchas sospechábamos y denunciamos desde entonces.

El descontento con el informe, por parte del gobierno, no se centra en que no reconozca los avances en Derechos Humanos, que es el argumento flojo de sus alfiles, lo que les indigna de fondo, es que no pueden controlar, como sí lo hacen en otros frentes, la información que expone y que no es diferente a lo que diversas organizaciones de Derechos Humanos nacionales, periodistas, investigadoras, políticos de oposición, e incluso la Defensoría del Pueblo, ha señalado desde que Iván Duque quedo electo presidente y que se ha reforzado desde entonces, el alza en violaciones a Derechos Humanos, los cuales se dan por diversas causas y por diversos actores y que este gobierno no ha querido abordar de forma juiciosa y responsable.

Esto, porque sus políticas represivas se justifican en que exista un clima de violencia y miedo, esa es la base de su ideología, porque ese manto de incertidumbre, de inestabilidad, les permite actuar para imponer sus políticas excluyentes, inequitativas, que benefician al grupo reducido de sus inversionistas. El paquete de reformas arbitrarias que generó las protestas del 21 de noviembre del año anterior y las que le siguieron, que el gobierno reprimió con tácticas cuestionables, dan cuenta de eso.

Igualmente, el hecho de que este gobierno haya saboteado la implementación del acuerdo de paz, de diversas maneras, algunas sutiles, como la mala intención expuesta al nombrar a Darío Acevedo para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, así como otras, con abierta animadversión, como las objeciones a la JEP, por mencionar algunos episodios que han entorpecido la implementación y amenazado su viabilidad.

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El informe sobre Derechos Humanos, demuestra con datos y cifras reales, lo que con tanto empeño el gobierno Duque ha tratado de disimular, manipular u ocultar

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El informe sobre Derechos Humanos, demuestra con datos y cifras reales, lo que con tanto empeño el gobierno Duque ha tratado de disimular, manipular u ocultar, por ejemplo “El ACNUDH registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014”, o qué tal este otro dato, “Otros grupos violentos continuaron perpetrando amenazas, homicidios y otros graves abusos a los derechos humanos y causando desplazamientos forzados”. Y, en esa misma línea, “Grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo), los Caparros y La Mafia, así como organizaciones criminales transnacionales, emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas”.

Esta información suscita una serie de preguntas, que el gobierno no tiene interés en responder, como, por ejemplo, por qué el gobierno y las fuerzas militares y policiales bajo su mando no actúan de forma más eficiente para controlar el territorio y evitar este tipo de situaciones. Por qué razón estas recomendaciones, entre otras, no fueron atendidas, por qué no han sido abordadas, qué interés hay en permitir que esto continúe sucediendo.

Es que esa negligencia, en atender estas situaciones de manera prioritaria y resuelta, no es accidental, no es debido a la inexperiencia del presidente, es porque se trata de una estrategia encaminada a crear un clima de zozobra y violencia que justifique políticas de mano dura, en las que la ciudadanía, al ver su seguridad comprometida, acceda a que sus derechos civiles y humanos sean vulnerados, por lograr una falsa sensación de seguridad y prosperidad.

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Al verse expuestos por el informe, al no poder censurarlo, editarlo, silenciarlo, optan por recurrir al discurso manido de cuestionar la objetividad de la ONU

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Al verse expuestos por el informe, al no poder censurarlo, editarlo, silenciarlo, optan por recurrir al discurso manido de cuestionar la objetividad de la ONU, o, alegan que hay una intromisión en los asuntos internos que no será tolerada. Pero, menos de una semana después, el presidente colombiano baja la cabeza en señal de obediencia cuando Trump lo regaña por su fallida estrategia contra las drogas y lo obliga a usar el glifosato contra el medio ambiente. ¿De qué estamos hablando entonces?

Lo que está sucediendo, no es otra cosa que una dictadura democrática, el desmonte sistemático del conjunto de derechos civiles y humanos que la sociedad ha ido adquiriendo desde la Constitución del 91, derechos que la ciudadanía no se puede dar el lujo de perder, porque han costado muchas vidas, muchos destinos. Depende de nosotros, de quienes hemos defendido esos derechos, esos avances, que quienes intentan truncarlos, fracasen y eso se logra con compromiso, con votos, con estar vigilantes, con alzar la voz.

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