Uno de los mayores privilegios que tenemos los colombianos es nuestra multirracialidad y nuestro multiculturalismo. Aparte de otras miles de razones, por esa condición somos una nación y un pueblo únicos y mágicos. Es, entonces, muy claro que tenemos la gigantesca responsabilidad de aprovechar esa condición y, al mismo tiempo, hacer viables las condiciones para que su poderío se extienda en el tiempo mucho más allá de esta generación y, ojalá, para siempre.
Para lograrlo, sería una pésima idea obviar los retos que esas multiplicidades y diversidades traen consigo. Cerrarlas en un cuarto y pretender olvidarlas haría que crecieran, se hicieran más complejas y posiblemente irreconciliables. No queremos eso. Por el contrario, lo responsable para engrandecer la magia que viene con esas diferencias y aprovechar todo lo que pueden aportarnos es reconocer esas condiciones y resolverlas.
Colombia y los colombianos le consagramos nuestra fe para el desarrollo económico a la economía de mercado. Junto con la propiedad privada, su otro componente es la libre empresa. Esta, por supuesto, tiene límites en el respeto a otros derechos constitucionalmente protegidos. Las creencias de todas nuestras etnias son uno de esos límites. Por ello, para armonizar los proyectos con esas visiones, en la Constitución se consagró el derecho a la consulta previa.
Con ese derecho aseguramos que los proyectos se desarrollen en armonía con las visiones de quienes habitan y de quienes habitarán las zonas de influencia de las iniciativas. Pero no puede convertirse en un veto ni en un obstáculo insalvable, sino en una vía para convivir, respetarnos, producir y lograr desarrollo en todos los frentes y con todas las herramientas necesarias.
Para ese objetivo precisamos una ley de consulta previa. Y una que sirva. Además de ser debidamente consultada, la ley debe abarcar los deberes previos que harían del procedimiento uno efectivo y eficiente para alcanzar los fines que debe garantizar.
Entonces, debemos partir de un gran censo de etnias y de creencias relevantes. En ese censo se recogerían, a esa fecha, todos los grupos que se consideren a sí mismos sujetos de consulta, así como cada una de las creencias y cosmovisiones que se consideren relevantes para ser tenidas en cuenta. Una vez realizado el censo, estaría en el mejor interés y sería deber de los titulares del derecho inscribir su grupo y sus convicciones en el registro.
Precisamos que el procedimiento que se vaya a seguir sea, en sí mismo, uno que se acomode a las cosmovisiones. Como punto de partida, no debería existir un único procedimiento para toda Colombia, sino tantos como correspondan a los grupos que se registren. Un punto de partida muy poderoso ya lo tenemos. En cada una de las 16 zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde están casi todas las etnias y donde se concentran buena parte de los recursos que se aprovechan mediante actividades extractivas, existe un Mecanismo Especial de Consulta (MEC), creado por y para las poblaciones.
Para evitar que el procedimiento de consulta sea usado por inescrupulosos que busquen provecho personal y no defender las legítimas expectativas de sus pueblos, los líderes y representantes deberán ser escogidos públicamente, mediante procedimientos acordes con los usos de cada grupo y de manera previa a la existencia de los procesos o proyectos, vigilados por las autoridades electorales.
Además, sobre el uso y destino de los recursos que se recojan para cumplir las legítimas demandas, debemos establecer un efectivo control social de la mano de la Contraloría General de la República. Con el propósito de que el procedimiento no sea un camino hacia el veto, sino uno que conduzca a la armonía de visiones e intereses, debe tener un principio, etapas preclusivas y un final. Contar con un mediador cuyos dictámenes sean vinculantes cuando no haya acuerdo es absolutamente indispensable.
Finalmente, lo acordado debe ser definitivo. No puede mantenerse abierto, como ocurre ahora, para que, después de que los empresarios han cumplido todos los requisitos, agotado cada etapa y honrado cada compromiso, puedan aparecer otros habitantes, nuevos afectados o nuevas visiones que retrotraigan todo a cero. Los principios de la buena fe y de la legítima confianza no lo permiten.
¡Cuidémonos, respetémonos, complementémonos! ¡Seamos Nación en las diferencias!
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