Al parecer, la compañía Rappi incumplió derechos de los consumidores en Colombia: realizó cobros no autorizados en Rappi Prime/Pro, utilizó publicidad engañosa con el servicio “Turbo” con promesas falsas de entregas en 10 minutos, y, lo más delicado, mantuvo un deficiente sistema de atención de quejas.
Por eso, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió imponer una multa que supera los $4.000 millones de pesos a la multinacional. Ahora, María Camila Molina Uribe es la abogada contratada por Rappi para lidiar con la situación.
La sanción puede ser impugnada por tratarse de la primera instancia y porque se trata de una importante cifra. El valor exacto de la multa impuesta por la SIC, que tiene en la dirección a Cielo Rusinque, es de $4.003.566.000 por afectaciones graves.
María Camila Molina Uribe es abogada de la Universidad de los Andes. Su cargo actual es Global Legal Director de la compañía, que en español se traduce como Directora Jurídica Global. Dentro de sus funciones está liderar la estrategia legal internacional, gestionar litigios complejos, manejar fusiones y supervisar contratos internacionales.
Molina Uribe ha trabajado en Rappi desde 2020 y antes de eso trabajó en la Universidad de los Andes. Su rol en esa época fue de especialista legal, poco a poco comenzó a ascender y actualmente se desempeña como directora jurídica global. Durante toda su trayectoria ha enfrentado varios retos legales.
Otro incidente que requirió de los servicios de abogados para Rappi ocurrió entre 2023 y 2024, periodo en el que la compañía llegó a acuerdos con la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales (Unidapp). No obstante, ya existían intentos de formar sindicatos para los domiciliarios desde octubre de 2018. En ese periodo se fundó la APP Sindical.
De los primeros acuerdos se lograron algunos convenios. Los colaboradores, en principio, recibieron condiciones mínimas como hidratación, acceso a zonas de hidratación, parqueo, limpieza y unidades sanitarias. Ahora, el reto del equipo jurídico liderado por Molina Uribe es demostrar que las acusaciones de la SIC no tienen suficiente peso y que, en consecuencia, Rappi no deberían pagar la multa.
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