Luis Fernando Giraldo es abogado penalista, egresado de la Universidad de Medellín, y construyó su nombre en un terreno específico: la extinción de dominio, esa rama del derecho que no persigue personas sino bienes, casas, carros, fincas que en algún momento cruzaron caminos con plata sucia. Dirige su propia firma, Luis Fernando Giraldo Betancur Abogados, con oficina en Medellín. Y en julio de 2026 se volvió la voz pública de uno de los casos judiciales más comentados del momento: la casa que René Higuita tuvo, hace más de tres décadas, en El Poblado.
La historia de esa propiedad arranca en 1992, año particularmente sangriento en la guerra de Pablo Escobar contra sus propios socios. Los hermanos Luis Fernando y Mario de Jesús Galeano fueron asesinados dentro de la cárcel de La Catedral en julio de ese año, después de que Escobar descubriera que guardaban millones sin repartir. En esa purga cayó también Gustavo Cuartas Rendón, señalado por la Fiscalía como testaferro de los hermanos William y Gerardo "Kiko" Moncada. Días después de su muerte, alguien firmó a su nombre la venta de la casa de El Poblado, con una rúbrica que un estudio grafológico determinaría, años después, que era falsa. La propiedad quedó entonces en manos de María Victoria Montoya Álzate, quien el 18 de julio de 1992 se la vendió a Higuita. Él pagó entregando dos apartamentos, uno en el Velódromo y otro en Cartagena, en un negocio que rondó los 60 millones de pesos de la época.
Ese entramado de tres décadas es el que reconstruyó el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín en la sentencia de primera instancia que le quitó la casa al exportero. El fallo concluyó que el inmueble tuvo origen ilícito, ligado a dinero del Cartel de Medellín, y aunque reconoció a Higuita como tercero de buena fe, determinó que no probó ser un tercero de buena fe exento de culpa, esa categoría más exigente que obliga al comprador a indagar el pasado de cada vendedor. Ahí trabaja Giraldo. No discute de dónde salió el dinero con el que Higuita compró la casa, sino la exigencia de haber investigado a los dueños anteriores. Su argumento de fondo es simple: en 1992 no existían bases de datos ni mecanismos para rastrear ese tipo de antecedentes, y el vínculo entre Cuartas Rendón y los Moncada solo salió a la luz en 1997, cinco años después de la compra.
Giraldo ya radicó la apelación ante la Sala Especializada de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín. A ese argumento suma otros dos: que Higuita nunca negoció con Cuartas Rendón sino con Montoya Álzate, quien figuraba como dueña legítima en los registros públicos, y que ninguno de los vendedores de esa cadena tenía procesos penales abiertos cuando se hizo el negocio. Mientras el tribunal resuelve, la casa sigue siendo, en el papel, de Higuita: el fallo no está en firme, la Sociedad de Activos Especiales solo la administra de forma preventiva, y el predio, que llegó a tener 1.253 metros cuadrados, hoy es un lote de paredes caídas y cables arrancados. Giraldo repite en cada entrevista que su cliente no enfrenta proceso penal alguno, que la extinción de dominio actúa sobre bienes, no sobre personas, y que Higuita terminó siendo otra víctima de una red de testaferros que ya operaba antes de que él comprara, de buena fe, la casa donde vivió con su familia en los años más altos de su carrera.
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